Este 24 de noviembre se cumplen cinco años desde que la imagen de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño dándose la mano en el Teatro Colón llenó las portadas de medios nacionales e internacionales. Ese gesto simbolizaba, por fin, la firma del Acuerdo final de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla más antigua del continente, al tiempo que marcaba el inicio de una implementación llena de retos. 

En este aniversario, más que hacer balances y hablar de los pendientes, en Dejusticia queremos insistir en la importancia de cumplir con los compromisos pactados. Lo hacemos a través de los testimonios de siete líderes y lideresas sociales que trabajan para consolidar la paz en sus regiones. También recomendamos algunas lecturas clave que incluyen propuestas para la implementación y que son resultado de nuestro trabajo de litigio, investigación e incidencia. 

Punto 1: Reforma Rural Integral

Carmenza Gómez es lideresa agraria del suroccidente colombiano. Hace 35 años contribuyó en la creación de una organización campesina en el municipio de Leiva, Nariño, que logró la adjudicación de tres fincas por parte del Incora. Carmenza participó activamente en el Paro campesino de 2013 y fue presidenta de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Actualmente dirige la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca y trabaja por la consolidación de la zona de reserva campesina de Pradera.

¿Por qué es urgente para ella implementar el punto 1 sobre Reforma Rural Integral?: “La reforma rural integral ha sido una lucha del campesinado desde hace muchos años. Hay un descontento en las organizaciones campesinas porque el avance de este punto ha sido mínimo. Si tuviéramos tierras y vías terciarias podríamos gestionar créditos, centros de acopio y vender lo que producimos sin depender tanto de los intermediarios. En cambio, la guerra sigue presente en los territorios campesinos, la gente se sigue desplazando y a los niños los siguen reclutando”. 

Lecturas recomendadas:

• Catastro para la paz. Tensiones, problemas, posibilidades
• Estrategias para una reforma rural transicional

Punto 2: Participación política

Hace cinco años, cuando el Acuerdo de Paz estaba por votarse en las urnas, Arnobis Zapata recorrió las veredas del sur de Córdoba para enseñarle su contenido a los campesinos y campesinas. En ese entonces su nombre apareció en un panfleto amenazante y, años después, trabajando por la implementación del Acuerdo, ha seguido recibiendo amenazas y atentados. Hoy es coordinador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y presidente de Anzorc. 

Le preguntamos sobre el punto 2 del Acuerdo, que incluye medidas específicas para proteger a los líderes sociales. Esto nos dijo: “El Acuerdo de Paz plantea planes de protección para los líderes y las organizaciones sociales que buscan disminuir la conflictividad en los territorios. Así, los líderes estaríamos protegidos y no tendríamos que andar con un esquema de seguridad. No son medidas que tienen que ver con militarizar sino con la posibilidad de que las personas se muevan en los territorios: hacer vías, antenas de comunicación, formalizar las tierras”.

Lecturas recomendadas:

• Le dijimos a la Corte que el Acuerdo de Paz aún es la mejor salida para proteger a los líderes
• Elogio a la bulla: protesta y democracia en Colombia

Punto 3: Fin del conflicto y dejación de armas

Federico Montes fue parte de las Farc y hoy es uno de los líderes de la reincorporación desde el Espacio Territorial Agua Bonita, en Caquetá. Ahí ha hecho parte del comité empresarial y de la cooperativa que ayuda a solucionar asuntos de vivienda y empleo para los excombatientes que viven ahí. Gracias a estas iniciativas hoy tienen una zapatería, una panadería, un restaurante, una biblioteca y cultivos de piña y sacha inchi.

Para Federico, “la reincorporación no es un deber únicamente de quienes estuvimos en armas. Todos debemos incorporarnos a la nueva dinámica de construir paz: la sociedad que estigmatiza debe aprender a no estigmatizar, los sectores que rechazan tienen que aprender a no rechazar, las gentes que estimulan el discurso del odio tienen que aprender a no utilizar ese recurso. Si ese paso no se da, va a ser muy difícil avanzar en la solución de los otros puntos del Acuerdo. Si la reincorporación es exitosa, será un referente que motive a otras fuerzas insurgentes para empezar a recorrer este camino”. 

Lecturas recomendadas:

• La incertidumbre de la tierra para la reincorporación
• Le pedimos a la Corte Constitucional que proteja los derechos de los y las excombatientes 

Punto 4: Drogas

Nidia Quintero es una mujer tolimense de origen campesino. Desde 1985 se hizo lideresa comunal en Putumayo, donde participó activamente de las marchas cocaleras de 1996 en las que más de 200 mil cultivadores de coca reclamaron suspender las fumigaciones con glifosato a cambio de la sustitución voluntaria de cultivos. Nidia hizo parte del sindicato campesino del Putumayo, del comité directivo de Fensuagro y hoy es vocera nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). 

Desde ahí le sigue apostando a la sustitución de cultivos de uso ilícito, como lo contempla el punto 4 del Acuerdo de paz: “Con la sustitución voluntaria se evitaría la violencia, se reconocería una problemática económica y social y se generarían unas condiciones económicas que ayuden a superar la pobreza que viven las familias cultivadoras pasando a una economía lícita y sostenible. Por eso necesitamos que se implemente el punto 4 y hemos generado las condiciones para que esto ocurra. La respuesta ha sido el compromiso de casi 100 mil familias que se acogieron al acuerdo”.

Lecturas recomendadas:

• El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá
• Voces desde el cocal 

Punto 5: Derechos de las víctimas

Gloria Elsy Ramírez es una de las creadoras del Salón del Nunca Más de Granada, Antioquia. Este espacio guarda desde 2009 la memoria del conflicto a través de fotos de las víctimas, bitácoras de sus familiares, una línea del tiempo y actividades para niños. Gloria, como representante de la organización de víctimas Asovida, también fue una de las impulsoras de la demanda que logró ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad. 

¿Por qué es urgente para ella avanzar en los compromisos con las víctimas?: “Las víctimas llevamos más de 50 años de guerra, ¿no les parece que es justo que ya pare tanto daño a la comunidad, al territorio, a la tierra? Nuestras víctimas merecen una reparación digna, un territorio en el que puedan habitar y trabajar en paz. Nadie se está esforzando en trabajar el campo porque sienten que es un riesgo. Las víctimas creemos en el trabajo de la JEP, la CEV, la búsqueda de desaparecidos y vamos a seguir luchando para recordarle al Gobierno que este es un mandato de la comunidad”.

Lecturas recomendadas:

• Participación en las medidas de justicia transicional. Un estudio comparado
• Que nos llamen inocentes. Testimonios de detenciones arbitrarias desde el Carmen de Bolívar
• La guerra en movimiento: Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del plan estratégico de las FARC-EP en el Tolima

Enfoque de género

Matilde Mora es lideresa del Sumapaz y hace parte de la plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas. Desde allí impulsó el Acuerdo de paz y ahora le hace seguimiento a la implementación del enfoque de género.

“A las mujeres nos ha tocado vivir el conflicto y ahora nos toca construir paz. A cinco años del Acuerdo, las mujeres que le apostaron a la paz han tenido que volver a la cocina: están más pobres, más vulneradas y más violentadas. Necesitamos acceso a tierras y seguridad para las excombatientes si queremos hablar de empoderamiento”. 

Lecturas recomendadas:

• Negociando desde los márgenes: La participación política de las mujeres en los procesos de paz de Colombia
• Informe GPaz 2021 sobre la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz

Enfoque étnico

Armando Wouriyu Valbuena, indígena wayúu de la Alta Guajira, fue presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Maestro de Sabiduría de la Unesco. Hoy le hace seguimiento al enfoque étnico del Acuerdo de paz con las Farc a través de la  Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos.

Para él, el cumplimiento del Acuerdo permitiría “vivir bajo la armonía y el equilibrio entre las personas y el ecosistema. El incumplimiento de las políticas públicas de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, nos afecta profundamente, ya que no se han entregado las tierras del Fondo de Tierras a sus legítimos dueños: los pueblos étnicos y campesinos”.

Lecturas recomendadas:

• Los pueblos étnicos de Colombia. Derechos territoriales y reparaciones
• Intervención Audiencia pública sobre el plan de manejo ambiental – PECIG