La Guajira es uno de los departamentos más pobres de Colombia y en el que más mueren niños y niñas por desnutrición. En 2021 las muertes asociadas a esta causa fueron el 35% del total nacional, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS).

A pesar de que existen órdenes concretas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional hacia el Estado colombiano, hasta ahora las medidas se han implementado de manera desarticulada y desconociendo los elementos culturales de las comunidades. 

Por eso enviamos un informe al Relator Especial de Derecho a Alimentación Adecuadas en el que argumentamos por qué este es un caso de violencia alimentaria.

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1. El limitado alcance de los programas de alimentación

El programa de atención alimentaria para niños y niñas menores de cinco años -cuya unidad de funcionamiento son las Unidades Comunitarias de Atención (UCA)-, cubren solo el 33,7% de la población de menores de 5 años en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Así  lo reveló un informe de la Veeduría ciudadana de la sentencia en 2021.

2. La entrega de ultraprocesados

La violencia alimentaria también se expresa por la presencia de productos ultraprocesados en las minutas alimentarias entregadas en los programas educativos del gobierno nacional. Estos productos no proveen los nutrientes suficientes ni adecuados para el desarrollo físico y cognitivo de la población infantil y su consumo frecuente en niños y niñas está asociado a la aparición temprana de enfermedades crónicas no transmisibles. Además, erosiona los usos y costumbres asociados a la alimentación de esta población indígena.

3. No hay garantía del derecho al agua

Solo un 20% de las personas que hacen vida en la ruralidad dispersa de La Guajira tiene acceso a agua potable, según cifras del Ministerio de Vivienda en 2021. La mayoría de la población se abastece a través de fuentes poco saludables como los jagüeyes o los pozos artesanales. A pesar de esto, las acciones desplegadas por el Estado son desarticuladas y carecen de sostenibilidad financiera.

4. No existe un diálogo genuino

El Estado ha mostrado poco interés en consultar con la comunidad las pocas políticas y medidas adoptadas para resolver la situación. Esto refleja que existen dinámicas culturales basadas en la ausencia de respeto y valoración de estas comunidades. La Procuraduría General de la Nación reportó que el 57% de las acciones ejecutadas en el departamento de La Guajira no habían sido consultadas con las comunidades.

5. Se perpetúan estereotipos

La perpetuación de imaginarios colectivos y uso de estereotipos negativos sobre la población Wayúu dificulta la toma de decisiones orientadas a solucionar la situación de hambre. Por ejemplo, en 2015, se afirmó que las razones por las cuales los niños y niñas se encontraban en situación de desnutrición era responsabilidad directa de los padres, madres o cuidadores, pues en la “cultura Wayuu” existe la costumbre de alimentar a los niños luego de que los adultos hayan comido, por lo que la falta de alimentación era una decisión deliberada

El informe de la relatora DESC

Entre el 1 y el 3 de octubre, la Relatora para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó La Guajira para conocer la vulneración de derechos de la población Wayúu.  Soledad García Muñoz recorrió junto a su equipo varias comunidades rurales de Albania, Manaure y Uribia, donde escuchó a diferentes actores de la sociedad civil, comunidades indígenas y representantes de los gobiernos.

Como resultado, el pasado 30 de noviembre publicó un informe en el que alerta sobre los retos para garantizar estos derechos en el departamento. La Relatora encontró una situación generalizada de falta de acceso a derechos humanos básicos producto de la pobreza, la desigualdad y la discriminación estructural, la cual se ve agravada por hechos de corrupción y falta de articulación institucional. 

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Recomendaciones al Estado

• Adoptar medidas prioritarias, urgentes y debidamente financiadas para garantizar los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, a la educación, a los derechos culturales, a la propiedad colectiva, a la consulta previa y libre determinación, al desarrollo y al derecho al cuidado a la población de La Guajira. 
• Elaborar e implementar un plan integral, consensuado y articulado, que permita avanzar en la garantía de tales derechos, priorizando el cumplimiento de las Medidas Cautelares vigentes de la CIDH y de las sentencias relacionadas de la Corte Constitucional.
• Tomar medidas a través de un diálogo genuino y participativo con las autoridades legítimas y tradicionales del Pueblo Wayuu.
• Garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y adoptar medidas orientadas a combatir discursos estigmatizantes en su contra.
• En el marco de las actividades empresariales, garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, en cumplimiento con los estándares interamericanos.
• Establecer un mecanismo para evaluar la necesidad de una modificación a los términos de las concesiones otorgadas y/o proyectos en implementación, para preservar la supervivencia física y cultural de comunidades y pueblos indígenas.
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Recomendaciones a las empresas

• Implementar los estándares y recomendaciones dirigidas a las empresas e instituciones financieras internacionales contenidas en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos.
• Cooperar con el Estado para eliminar la pobreza en La Guajira, contribuyendo con sus operaciones y programas al desarrollo sostenible del Departamento, a partir de modelos de negocio que pongan en el centro el bienestar y derechos de las personas que lo habitan.