El periodista Juan Pablo Barrientos vuelve a llamar la atención de la Corte Constitucional al reiterar la importancia del derecho de acceso a la información sobre presuntos casos de abuso sexual a menores de edad por parte de la Iglesia Católica. En esta nota retomamos el caso de Barrientos, explicamos por qué su investigación es de interés público y recordamos la importancia social del periodismo como cuarto poder. 

Barrientos ha estudiado a profundidad los posibles casos de  pederastia en la Iglesia Católica. Su investigación ha visto la luz a través de diversos artículos periodísticos y los principales hallazgos han sido publicados en dos libros: Dejad que los niños vengan a mí (2019) y Este es el cordero de Dios (2021). Ambas publicaciones pusieron a Barrientos en el ojo de la opinión pública por el contenido de su investigación periodística, y por la censura de la que fue víctima. 

Las barreras para acceder a la información sobre estas denuncias no son nuevas. En 2019, Barrientos presentó dos acciones de tutela para obtenerla. El caso tuvo que llegar hasta la Corte Constitucional que, en un destacado fallo, amparó su derecho a la información y le ordenó a la Arquidiócesis de Medellín entregarle información relacionada con 43 sacerdotes (Sentencia T-091 de 2020).

En 2021, Barrientos elevó una nueva solicitud a la Arquidiócesis de Medellín para obtener información sobre otros 915 sacerdotes, presuntamente involucrados en actos de abuso sexual contra menores de edad. Sin embargo, la respuesta de la institución fue evasiva y desconoció el precedente del año 2020. Barrientos acudió nuevamente a la acción de tutela, su caso también fue seleccionado y la Corte Constitucional decidió resolverlo, ahora, en Sala Plena. 

Escuche aquí nuestro podcast sobre el caso de Juan Pablo Barrientos: El archivo secreto

En Dejusticia seguimos de cerca estos casos y presentamos intervenciones ante la Corte Constitucional en apoyo del derecho a la información.  Destacamos la importancia social que tiene la Iglesia, su condición de sujeto obligado por el derecho al acceso a la información y el carácter de interés público de toda la información relacionada con eventuales casos de abuso sexual contra niños y niñas. 

Frente a la negativa de la Iglesia, la Corte, en su Sentencia SU-191 de 2022, reiteró que en este tipo de casos el derecho de acceso a la información prevalece sobre los derechos a la intimidad y al buen nombre de los sacerdotes y de la Iglesia. Para la Corte se trata de información de interés público cuya divulgación interesa no sólo a los sacerdotes sino también a Barrientos, y por intermedio suyo, a la sociedad en general, al estar relacionada  con la eventual protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La protección de datos y el derecho de la sociedad a informarse 

La Corte explicó que la Iglesia Católica es una institución con alta incidencia social y que los sacerdotes son personas con “relevancia social y comunitaria”. Lo cual indicaba la existencia de un interés público real, serio y actual en conocerla, especialmente, si la misma guarda relación con posibles conductas de abuso sexual contra  niños y niñas.  

Daniel Ospina Celis, investigador de Dejusticia, considera que, a pesar de algunos procesos globales de secularización, en Colombia, la Iglesia Católica sigue siendo un actor trascendental.

“A nivel político la Iglesia participa constantemente en las discusiones sobre las reformas económicas, las salidas al conflicto armado y la pobreza. A través de sus obispos, incide en la política nacional y a nivel local ejerce un rol de liderazgo a costa del arraigo religioso”. 

Como mencionamos en nuestra intervención, la libertad de prensa permite garantizar la dimensión colectiva de la libertad de expresión, es decir, el derecho que tiene la sociedad a informarse de un tema tan relevante como el de  los abusos sexuales a menores por parte de integrantes de organizaciones religiosas. 

Convencidos de que la transparencia sirve como una herramienta para la garantía de los derechos humanos, Dejusticia decidió respaldar a Barrientos. La buena investigación periodística, soportada en fuentes directas y en la contrastación, permite combatir la corrupción a nivel público y  privado, y contribuye a esclarecer las conductas lesivas de los valores de la comunidad política.

La obligación estatal de proteger el periodismo 

Los periodistas tienen protección reforzada a la hora de solicitar información pues  están llamados a controlar el  poder. Una labor necesaria, pero nada sencilla al momento de acceder a información de interés público. 

Tanto en Colombia, como en otros países donde se ha buscado develar casos de pederastia, la prensa ha sufrido ataques. Según Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, la Iglesia Católica ha empleado diversos medios para impedir que se conozcan documentos sobre estos casos: trabas legales y estigmatización al periodista; y ha defendido la tesis infundada de que la investigación periodística hace parte de una campaña malintencionada contra la Iglesia.

“El ejercicio más difícil está en vencer ese concepto frente a un poder tan relevante como es la Iglesia. (…) El periodista no lleva una cruzada contra la religión, ni contra cierto sector de la Iglesia. Desde la ciudadanía debemos respaldar ese trabajo, no solo por el periodista, sino por el valor que tiene esa información”, afirma Bock.

En esta misma línea, la Corte reconoció que los litigios promovidos por Barrientos, lejos de ser reiterados e irrazonables, hacen parte de una investigación periodística de larga data que ha enfrentado severos obstáculos para acceder a información de interés público y de clara relevancia social. 

Finalmente, la Corte Constitucional reiteró que la calidad de periodista de Barrientos le da una protección constitucional cualificada de acceso y difusión de la información.

En Dejusticia recordamos que la prensa cumple la función de guardiana de lo público y mediante la veeduría ciudadana de los intereses sociales. Por esta razón, el acceso a la información en la investigación periodística es una condición imprescindible para alcanzar un debate público responsable e informado y, en este sentido, para el sostenimiento de las sociedades democráticas. 

Celebramos la sentencia de la Corte, que marca un precedente en la protección del derecho a la información y refuerza la importancia social del periodismo.