El Estado sigue empeñado en acompañar la estrategia de nuevos cupos carcelarios con proyectos de ley que promueven el aumento de penas y la creación nuevos de delitos, los que en su mayoría no consideran al impacto que puede tener sobre el hacinamiento en las cárceles del país. | Ilustración: Daniela Hernández
Por una política criminal basada en la evidencia
Por: César Augusto Valderrama Gómez | mayo 29, 2019
El actual estado de cosas inconstitucional (ECI) declarado en 2013 por la Corte Constitucional, atendiendo a la grave situación penitenciaciara y carcelaria en Colombia, exige un análisis detallado de todas la decisiones y circunstancias que la rodean. Para enfrentar esta situación, es necesario poner en marcha un plan para superar la masiva violación de derechos humanos de la población privada de la libertad. En otras palabras, se requiere un ejercicio serio de evaluación de la política críminal del Estado que identifique sus aciertos y problemas.
Una política pública no evaluada produce graves efectos en una democracia. Por un lado, impide a la ciudadanía conocer el nivel de desempeño de las soluciones que proponen sus representantes o, dicho de otro modo, no permite valorar objetivamente la capacidad de los políticos para solucionar problemas públicos. Por otra parte, imposibilita al Estado tomar decisiones informadas para orientar de manera eficiente el gasto público o redireccionar sus estrategias para enfrentar los problemas cuando estos no se solucionan a costos razonables.
Aunque el Estado colombiano tiene la obligación constitucional de adoptar decisiones racionales en la elaboración de políticas, donde la evaluación de gestión y resultados juega un papel fundamental, tanto la producción como el uso de la evidencia disponible para la toma de decisiones en política criminal es casi nula. La omisión de esta obligación constitucional puede verse en dos ejemplos:
En primer lugar, los proyectos de ley en materia penal que realizan un análisis empirico de los efectos que podrían generar o empeorar la crisis carcelaria son escasos. Un ejemplo de buena práctica en este sentido puede verse en la exposición de motivos del proyecto de ley jubileo, que expone con claridad los efectos que esta política tendría para ayudar a superar el ECI y reducir el hacinamiento.
La exigencia de un análisis empírico previo de los efectos debe ser un requisito mínimo de toda propuesta de reforma a la política criminal, si es que deseamos seguir siendo un Estado constitucional respetuoso de los derechos humanos.
Otro ejemplo puede verse reflejado en la estrategia del Gobierno para disminuir y evitar el hacinamiento carcelario a través de la construcción de nuevos cupos. Esta propuesta, sin embargo, desconoce que el aumento desmedido y sistemático de las penas, la creación de nuevos delitos y la disminución de la implementación de medidas alternativas al encarcelamiento, entre otros factores, ha generado un aumento de la población carcelaria a tasas que “hacen inocuos todos los esfuerzos de inversión dirigidos a la construcción y adecuación de nuevos centros de reclusión”. Asì, como lo indican las proyecciones, si la tendencia de crecimiento en la población privada de la libertad se mantiene, “a pesar de la creación de nuevos cupos, la tasa de hacinamiento podría pasar de un 52,9% a un 77,25% en 2019”. (CONPES 3828 de 2015. Pp. 15)
Aunque la evidencia está disponible desde el año 2015, el Estado sigue empeñado en acompañar la estrategia de nuevos cupos carcelarios con proyectos de ley que promueven el aumento de penas y la creación nuevos de delitos, los que en su mayoría no consideran al impacto que puede tener sobre el hacinamiento en las cárceles del país. Estos proyectos de ley neutralizan cualquier efecto positivo que pudiese tener la medida de expansión de cupos y en su lugar profundiza el ECI. La situación se agrava si consideramos que este conjunto de políticas no solo no produce efectos positivos, sino que además requiere de un gran esfuerzo, en materia de inversión pública, para la implementación de los nuevos cupos carcelarios.
La racionalización del gasto a partir de la toma de decisiones de política basadas en evidencia es una necesidad imperiosa en una democracia, donde las soluciones a los problemas públicos son financiadas con recursos del erario, y no deben obedecer al capricho de sus gobernantes sino a criterios objetivos sujetos a verificación, evaluación y control ciudadano. Para ayudar a que esto ocurra, es necesaria la participación activa de instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, quien debe evaluar la política criminal y brindar evidencia que los tomadores de decisiones deben usar en la elaboración de las políticas públicas. De esta manera la ciudadanía tendría elementos objetivos para juzgar de manera informada los resultados de las medidas que proponen los gobernantes.
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