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Post-UNGASS: del por qué al cómo cambiar la política de drogas

Colombia insistió en la ONU que la guerra contra las drogas ha fracasado, es hora de implementar políticas más inteligentes en el país.

 

Los países del mundo culminaron ayer en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas. Tras años de negociaciones, queda una declaración política y muchos discursos que reflejan, en mayor o menor medida, una ruptura del consenso internacional frente a la prohibición de sustancias psicoactivas.

La delegación colombiana, siguió la línea estratégica trazada desde la solicitud misma de la UNGASS en 2012, insistiendo que Colombia, más que ningún otro país del mundo, ha pagado sacrificios y costos de la guerra contra las drogas, sin éxitos significativos en sus propios objetivos.

Fueron tres días de pocas sorpresas. Además de las discusiones en plenaria, se desarrollaron cinco mesas temáticas, incluyendo una de nuevos desafíos e incorporación de enfoques diferenciales, lo cual refleja una superación de la dicotomía clásica de la política de reducción de la oferta y la demanda. Tras la aprobación de la Declaración Política en apenas dos minutos en el primer día, los delegados de gobierno prosiguieron a enunciar lo que rescataban del documento como ganancia, mientras se lamentaban por todo lo que quedó faltando. En general hubo dos tendencias en el debate: los promotores de la reforma y los defensores del status quo.

En la primera orilla, Canadá anunció que en 2017 emitirá una nueva legislación sobre cannabis, para regular el mercado de manera tal que esta sustancia esté fuera del alcance de los niños, y sus ganancias, lejos de las manos de los criminales. Por su parte, México anunció que modificará su legislación para permitir el uso de cannabis con fines medicinales y científicos y al día siguiente presentó un proyecto de ley para subir umbrales de posesión entre otras medidas, mientras que Jamaica resaltaba a la Asamblea el absurdo de la inclusión de la marihuana dentro de la lista de más alto control en el régimen de fiscalización internacional de drogas. Evo Morales exhibió en Plenaria hojas de coca, y le dijo a los presentes que esta es una planta de vida, y no de muerte, usada injustamente como pretexto para una estrategia de dominación. Uruguay habló de la distopía que las Naciones Unidas se había propuesto en 1998: “un mundo libre de drogas” y recordó que el fin último de las convenciones es proteger la salud pública.

La mayoría de las declaraciones de ministros y jefes de Estado concluyeron que hay evidencia suficiente de que el enfoque represivo no funciona, y que es necesario experimentar con otro tipo de políticas. Coincidieron en la importancia de poner a las personas, y no a las sustancias, en el centro de las políticas de drogas, de destinar más recursos para el desarrollo económico y social, en vez de la criminalización, como forma de atender a los eslabones más débiles de las cadenas de producción, tráfico y consumo de estupefacientes.

De la otra orilla, se consolidó un grupo de países, más pequeño pero igualmente ruidoso. Liderados por las delegaciones rusa y china, defendieron el status quo de tolerancia cero con las drogas y cerraron las posibilidades políticas para que el documento final incluyera referencias más explícitas a los costos de la prohibición y las alternativas reales de reforma. Son países que defienden la aplicación de penas severas, incluida la pena de muerte para delitos de drogas, prohíben la implementación de medidas de reducción de daños, y están en contra de cualquier mecanismo de regulación de sustancias. Insistieron que “un mundo libre de drogas” es posible, pero viendo que ya muchos países no los acompañaban, declararon entonces una ASEAN (bloque de países del sudeste asiático) libre de drogas como su meta. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Brunei-Darussalam justificaron la aplicación de la pena de muerte en el principio de soberanía de los Estados.

No obstante, reflejando las tensiones existentes y la posición de los países que llamaban por el respeto a unos estándares mínimos, la Declaración incorporó un llamado a la proporcionalidad de las penas y el respeto a los derechos humanos. Algunos de estos países, aunque tímidamente, fueron más allá y solicitaron que se cree un grupo de expertos para evaluar las bases de las políticas actuales y proponer las reformas necesarias hacia 2019. Pese a que se escucharon muchas voces contrarias al uso de la pena de muerte, uno de los grandes fracasos es el hecho de que no se haya llamado siquiera a una moratoria en su aplicación, como lo solicitó Colombia.

Bajo el argumento que el problema de las drogas es trasnacional y que se requiere un consenso internacional para construir una nueva política de drogas, el Gobierno colombiano trabaja duro en los escenarios multilaterales, pero en los asuntos internos se miden fuerzas entre los Ministerios de Defensa y Justicia acerca de las estrategias que el país debería impulsar para hacer frente a la economía ilegal derivada del cultivo de hoja de coca. Sin embargo, muchas reformas importantes que podrían implementarse son compatibles con las convenciones, por lo cual no hay excusas para no avanzar en ellas.

La UNGASS 2016 deja un balance agridulce para distintos sectores. Para quienes esperaban la inclusión de reformas más profundas, el documento tiene más silencios que avances. Para los defensores de la prohibición, se abrieron puertas peligrosas para la implementación de alternativas. Con la pérdida de legitimidad política en torno al consenso de la prohibición, gobiernos alrededor del mundo tienen mayor margen de acción para experimentar con nuevas respuestas estatales a los problemas de drogas.

En el 2019 estos mismos países se volverán a reunir para revisar el Plan de Acción Global. El panorama será diferente, algunos de ellos llevarán años de implementación de mercados regulados de cannabis, y quizás los países andinos hayan tomado la valiente decisión de abrir el debate sobre regulación de la cocaína. Ha quedado claro que la prohibición no solo es una estrategia equivocada, sino que genera injusticias intolerables que es posible enmendar. De aquí al 2019 Colombia deberá avanzar en una reforma interna a su política anticuada de drogas.

UNGASS culmina con un importante legado: un movimiento internacional de la sociedad civil, fortalecido por los aprendizajes, que seguirá siendo la piedra en el zapato para la continuidad de una estrategia tan injusta como lo ha sido la prohibición. En Colombia, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ya se pronunció, haciendo un llamado al gobierno nacional a profundizar las reformas necesarias, priorizando las obligaciones de derechos humanos, el desarrollo integral de los territorios, y la construcción de paz. El gobierno a su vez, lanzó los cuatro principios de la lucha global contra las drogas, que incluyen la prevalencia de los derechos humanos, la flexibilidad de las convenciones, el reconocimiento del problema de las drogas como un problema de salud pública, y el compromiso de lucha contra el crimen organizado. Llegó la hora de trabajar conjuntamente para hacer realidad estas intenciones.

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