En público, ha prometido oponerse a los cambios que la debiliten, como lo hizo recientemente el defensor del Estado, Fernando Carrillo. Pero en privado su conducta ha sido otra. Desde el año pasado viene apoyando las propuestas de Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Brasil para quitarle poderes esenciales a la Comisión. Así lo hizo en la reunión de cancilleres en la Asamblea de la OEA, en Cochabamba, en junio, donde respaldó la propuesta que Rafael Correa fue a hacer en persona para “poner en su sitio” a la “burocracia internacional”.
Llegó la hora de que el Gobierno le cuente al país cuál es su verdadera posición. Aunque la reforma tiene asuntos técnicos, pueden ser reducidos a preguntas sencillas que el defensor Carrillo, la canciller Holguín y el mismo presidente Santos deben responder con claridad, de cara a la ciudadanía y a las víctimas que tienen en la CIDH su último recurso.
Primero: ¿apoya el Gobierno la propuesta de convertir a la CIDH en un organismo decorativo de “promoción” de los derechos humanos? ¿Está de acuerdo con recortarle las facultades de recibir casos y monitorear la conducta de los Estados?
Segundo: ¿está a favor de la idea de debilitar la Relatoría para la Libertad de Expresión, que les resulta incómoda a Ecuador, Venezuela y otros países? ¿Qué opina del propósito de impedirle a la relatoría publicar informes y buscar fondos propios?
Tercero: ¿insiste el Gobierno en eliminar el informe detallado de la CIDH sobre los países con situaciones delicadas de derechos humanos, como Colombia? Si defiende la necesidad de concentrarse en los casos más graves a nivel nacional (como lo hizo en el Marco Jurídico para la Paz), ¿por qué se opone a que lo haga la CIDH?
Cuarto: ¿cuál es su posición sobre las medidas urgentes que toma la CIDH para proteger la vida de víctimas y comunidades? ¿Está de acuerdo con limitar estas medidas cautelares hasta hacerlas inútiles, como lo buscan algunos países?
Quinto: ¿apoya a la CIDH en el proceso razonable y oportuno que adelanta para mejorar su reglamento y responder a los Estados? ¿O está con los países de la Alba y otros que quieren imponer una reforma del estatuto de la CIDH a su medida, que tiene consecuencias impredecibles y puede acabar con el sistema interamericano?
El evento que organiza hoy en Bogotá, con presencia del presidente de la CIDH, le da al Gobierno una ocasión ideal para responder estas preguntas. El asunto es urgente, porque la suerte de la CIDH será decidida en escasos cuatro meses, en una asamblea extraordinaria de la OEA. El liderazgo internacional y la bienvenida distensión de las relaciones con los países vecinos no tienen por qué sacrificar la protección de los derechos humanos, como parece pensar el Gobierno. El tiempo se agota para dejar la ambivalencia y corregir el curso.