Identificamos graves problemáticas dentro del ECI, incluyendo el desgobierno en centros de reclusión, la tortura y tratos crueles y el impacto del encarcelamiento en los derechos de los familiares. |
Presentamos al Ministerio de Justicia nuestro informe sobre el Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia (ECI)
Por: Dejusticia | marzo 15, 2024
Presentamos y socializamos con el Ministerio de Justicia, como Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, nuestro décimo primer informe de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia (ECI).
Este espacio nos permitió compartir perspectivas para abordar las problemáticas identificadas como:
- La poca eficacia del actual modelo de seguimiento del ECI.
- Los obstáculos en el acceso a establecimientos y la información necesaria para un seguimiento efectivo por parte de la Sociedad Civil.
- La ausencia dentro de la estrategia de superación del ECI de situaciones graves como el desgobierno de los centros de reclusión, la tortura y los tratos crueles, el impacto del encarcelamiento sobre los derechos de los familiares y la ausencia u obstáculos para superar el ECI en la agenda legislativa.
Al final de la reunión expresamos nuestras preocupaciones ante la reciente declaración de emergencia carcelaria y penitenciaria por parte de la Dirección del INPEC. Algunas de ellas son:
- La posibilidad de que las medidas adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia impongan restricciones graves a los derechos de las personas privadas de la libertad o conduzcan a prácticas de tortura o tratos crueles como represalia por parte del personal del INPEC.
- La solicitud de apoyo militar y policial, sin que conste en el algún documento formal cuál será su papel, por cuanto tiempo y en qué niveles dentro de la gestión penitenciaria.
- Que se repitan los excesos y las medidas desproporcionadas que se dieron en la última declaratoria de emergencia tal como las limitaciones arbitrarias y la negativa de ingreso de entes de control y la sociedad civil a los establecimientos de reclusión. Además, advertimos sobre el riesgo de que represalias excesivas puedan generar una escalada de violencia en el sistema penitenciario y carcelario.
Con todo, valoramos estos ejercicios de diálogo entre la institucionalidad y la sociedad civil y reiteramos nuestro interés para trabajar de forma articulada con el Ministerio de Justicia por la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, conservando la independencia y la voz crítica que caracteriza a la Comisión de seguimiento.