Este sábado 19 de diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) celebrará la audiencia pública con la que podría modificar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la Policía Nacional y así regresar a las fumigaciones aéreas con glifosato.

Dejusticia, representando a otras dos organizaciones (Elementa, Consultoría en Derechos, y Acción Técnica Social) entregará sus consideraciones para argumentar que la ANLA no debe aprobar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar el PECIG, o Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato.

Nuestra afirmación parte de un estudio jurídico, tanto del procedimiento de la audiencia como del documento, que podrán conocer en detalle durante y después de la audiencia, y que plantea al menos cinco argumentos:

Primero, con la aprobación de esta modificación se vulnera la obligación de implementar el Acuerdo de Paz y las órdenes de la Corte Constitucional de respetar una jerarquía entre métodos de eliminación de cultivos, en la cual la fumigación es el último recurso. Segundo, este Plan no cuenta con información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y caracterizar la aplicación del principio de precaución ambiental. En tercer y cuarto lugar, este procedimiento de aprobación del Plan de Manejo ambiental tiene problemas estructurales en materia de participación ambiental general y de consulta previa. Finalmente, el funcionamiento del Plan de Manejo Ambiental, a través de unos planes generales y específicos, viola el principio de legalidad al no haber fundamento jurídico para esta figura que se está aplicando para una actividad tan controversial en el país.

Para nuestra argumentación también acudimos a una evaluación técnica independiente realizada por la Corporación Geoambiental TERRAE, quienes analizaron en particular las implicaciones para los suelos y las aguas del Plan presentado por la Policía.

Como antesala de la audiencia, que comienza a las 8 am de este sábado y será transmitida desde Florencia, Caquetá, por los canales virtuales de la ANLA y la Policía Nacional, compartimos algunos puntos del informe:

 Omisiones en el Plan de Manejo Ambiental

La Corte condicionó la reanudación del PECIG a que fuera un proceso técnico que caracterice con objetividad e imparcialidad los riesgos de la actividad de aspersión aérea con glifosato. Solo de esta manera se puede tomar una decisión informada sobre la garantía del principio precautorio en este caso y prevenir los riesgos que se documenten sobre esta actividad.

 De igual forma, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las actividades que tengan impacto ambiental y se autoricen, deben garantizar la debida identificación de los riesgos y su adecuada gestión, para garantizar los derechos humanos y fundamentales, así como la conservación del patrimonio natural colombiano.

Con estas claridades, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) está supeditado a los requisitos jurisprudenciales por la Sentencia T-236 de 2017 de que se evalúen los efectos del programa como un todo, y no solo el herbicida utilizado; que exista participación genuina de la comunidad, que las personas afectadas puedan incidir de manera real en las decisiones que se adopten; que las investigaciones en las que se base tengan garantías de rigor, calidad e imparcialidad; y que se base en evidencia objetiva y concluyente, y no en hipótesis, conjeturas, o en una sola investigación que establezca o descarte un peligro de daño. 

Sin embargo, en este caso la ausencia de información completa e imparcial sobre los riesgos identificados y el manejo de ese riesgo es evidente. La ausencia de información es tal que no se puede definir con certeza el nivel de riesgo que representa el PECIG y no se pueden tomar medidas preventivas suficientes.

Para dar soporte a eso, presentamos los principales hallazgos de Terrae:

Una escala insuficiente para el análisis

En los estudios técnicos sobre el territorio es necesario hacer mapas que representen la realidad, pero es necesario también que se eliminen cosas que quedan invisibilizadas, porque de otra manera, no es posible la representación: el mapa quedaría tan lleno de elementos que no sería una herramienta útil.

La escala es una de las variables que definen qué tan grandes son las cosas que podemos representar. En el caso del glifosato, es típico tener que la aspersión se realiza a lo largo de unos 100 metros, por lo cual, si tenemos un pliego, que tiene un lado cercano a 100 centímetros, podemos representar la aspersión de manera que cada centímetro represente un metro.

Sin embargo, en este caso, la información levantada para el Plan de Manejo Ambiental tiene una línea de base de escala 1 a 100.000. Esa escala no permite detallar los cuerpos de agua de pequeña envergadura que abastecen a las zonas rurales, ni los proyectos productivos y cuáles predios y/o comunidades se encuentran dentro o fuera de las categorías de protección ambiental.

Incertidumbre sobre entrada en los suelos

Según el informe de Terrae, cuando el glifosato entra al suelo, puede transformarse y formar un compuesto similar denominado AMPA, más tóxico que el propio glifosato, o seguir siendo glifosato y quedarse dentro del suelo. También puede movilizarse hacia los lados o hacia abajo, hasta llegar a los niveles del agua subterránea. Si el glifosato llega al agua, ya es potencialmente disponible para animales y humanos.  

Los datos de glifosato en suelos provenientes de una entidad oficial como es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en un estudio de 2019, demuestran que luego de 7 años (2008 a 2015), el glifosato continúa en los suelos analizados, lo cual contradice de manera completa lo que se encuentra al respecto en el Plan de Manejo Ambiental de la DIRAN-Policía Nacional. Es importante mencionar que nuevas aspersiones con las altas concentraciones de glifosato previstas pueden tener un efecto acumulativo que lleve a un alto riesgo de contaminación de ecosistemas y para los seres humanos en generaciones presentes y futuras.

Los datos que usa la DIRAN-Policía Nacional para caracterizar los suelos y decir que no hay riesgos de contaminación por persistencia del glifosato corresponden a suelos europeos que poco se parecen a los suelos colombianos, ni en términos de los minerales que los componen ni de características como la predominante acidez de nuestro suelos. El uso de información que no es de suelos colombianos va en contra de las órdenes de la Corte Constitucional, que exigen una evaluación rigurosa, basada en la mejor evidencia disponible.

Los análisis realizados con base en más de 31 estudios (cerca de 200 datos) demuestran que no es posible establecer de manera genérica el comportamiento del glifosato en los suelos, sino que es necesario estudiarlos caso a caso. También demuestran que el estudio de los parámetros fisicoquímicos de los suelos presentados en el PMA del PECIG  es insuficiente, razón por la cual existen una alta incertidumbre respecto al comportamiento que presentará el glifosato en suelos y agua en Colombia

Omisiones sobre impactos en las aguas

El agua es el bien fundamental para la preservación de la vida de los ecosistemas y de los seres humanos que pueblan los territorios. Si bien existen normas que le dan prelación al uso del agua para consumo humano, de acuerdo con el análisis de Terrae, el PMA de la DIRAN-Policía Nacional omite cualquier información respecto a los cuerpos de agua que son usados para consumo humanos, omite poner dentro de los mapas las cuencas abastecedoras de agua como zonas con restricciones para la actividad y omite el hecho de que en parte de los territorios, y ante el olvido del estado de brindar servicios básicos, los pobladores se alimentan con aguas subterráneas.

No hay análisis del riesgo

La manera de abordar los riesgos tiene una normativa vigente que obliga a realizar estudios específicos mínimos y a establecer planes para la gestión del riesgo. Según la investigación que hizo Terrae, estos requerimientos no están presentes en los análisis del PMA.

El análisis de riesgo es completamente precario, tomando metodologías del sector petrolero no ajustadas para los detalles del proyecto de aspersión ni para los territorios que pueden ser afectados. No se evaluó la amenaza tecnológica en que se constituye no solamente la aspersión aérea sino también la acumulación en bases operativas o la falla de aeronaves o de los compartimientos de carga del glifosato.

Tampoco considera que los territorios sobre los cuales volarán las aeronaves, no son desiertos, sino que están poblados por familias, que cerca del 25% de las personas corresponden a menores de 14 años, que existen escuelas, centros de salud y viviendas que pueden ser afectados por  contingencias y accidentes que pueden poner en riesgo tanto la vida como la salud de los pobladores.

De las amenazas naturales como sismicidad, movimientos en masa e inundaciones que pueden llegar a afectar las bases operativas no se incluyeron en el PMA ni información cartográfica ni documental que pueda permitir insertar este proyecto al ordenamiento territorial municipal o que determine que estas amenazas no existen para las áreas de las bases. 

Por todo lo anterior, desde Terrae y Dejusticia creemos que una eventual aprobación de las fumigaciones aéreas con glifosato pone en riesgo el medio ambiente y la salud pública y generará contaminación sobre ecosistemas y sobre fuentes de agua que abastecen poblaciones rurales a los que el mismo estado no ha garantizado su suministro.

Una audiencia y su polémica

La audiencia que tendrá lugar mañana ha estado rodeada de críticas, al celebrarse en medio de la pandemia y con formatos de participación que no se ajustan a las especificidades de la población afectada. 

Desde Dejusticia sostuvimos que se debía mantener la suspensión de la audiencia pública ambiental virtual hasta que se cumplieran las condiciones y garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades que habitan los municipios afectados con la reanudación de la aspersión aérea de glifosato.

Afirmamos que no era pertinente celebrar una audiencia pública en el pico de contagio del COVID-19. No solo porque podía llevar a que la emergencia sanitaria se acentuara en aquellos municipios que no cuentan con infraestructura hospitalaria adecuada, sino porque las zonas que en un inicio estaban convocadas para intervenir están habitadas por poblaciones históricamente marginadas de servicios estatales, como conexión a internet, elemento que obstaculiza la participación en una audiencia virtual.

Si quiere ampliar información sobre cómo se tejió esta trama de suspensiones, incumplimiento de órdenes y luchas desde la sociedad civil y las comunidades afectadas, vaya a este link y síganos en nuestras redes durante la audiencia para recibir más información.