Los próximos 2 y 3 de mayo se realizará el encuentro “Repensando la tributación global: hacia un sistema, incluyente, sostenible y equitativo”. Este evento, que se realizará en Bogotá, ha recogido propuestas, comentarios y preguntas de distintos grupos interesados en la transformación de una política fiscal global capaz de responder a las obligaciones de derechos humanos que tienen los países.

Representantes de la sociedad civil, la academia y el empresariado entregaron propuestas que, en este momento, son organizadas por el Ministerio de Hacienda de Colombia para este encuentro preliminar. Los textos servirán como insumo esencial de un Policy Brief que entregarán a los representantes de los gobiernos que asistan a la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se realizará el 27 y 28 de junio en Cartagena. 

Dejusticia se sumó a este debate y presentó dos propuestas: una por parte del profesor Rodrigo Uprimny y, otra, por parte de Vivian Newman, ex directora de nuestra organización —respectivamente, cada propuesta contó con el apoyo de Mariana Matamoros y Daniel Ospina Celis, investigadores de Dejusticia—. Esperamos que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta nuestras contribuciones para participar activamente en el  foro técnico de discusión sobre un sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo.

Fundamentación de los DD.HH. para lograr una mejor tributación global

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La intervención de Rodrigo Uprimny consistió en defender los principios jurídicos sobre los que se soporta la transformación del sistema tributario en todo el mundo. En su intervención, recordó que hace décadas la mayoría de países firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas incluidas en los principales tratados internacionales y regionales al respecto, y relató que muchos de estos compromisos también han sido asumidos por las constituciones de esos países.

En ese sentido, Uprimny recordó que es deber de los Estados cooperar entre ellos para hacer respetar los derechos humanos en todo el mundo, no solo limitados a sus propias fronteras. En ese sentido, explicó que la política fiscal debe ceñirse a los principios generales del derecho internacional y los estándares de política pública de organismos internacionales.

Uprimny, además, expuso que los Estados han implementado medidas regresivas y contrarias a estos principios. Recordó que se han implementado políticas que han reducido su capacidad para recaudar suficientes recursos para desarrollar programas sociales y redistribuir la riqueza para evitar “desigualdades corrosivas”.

Sin embargo, en la práctica, la política fiscal no es elaborada de acuerdo con las obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos. Los Estados han implementado políticas que erosionan su capacidad para cumplir sus funciones.

Por ello, recomendó utilizar como marco normativo los 15 Principios de Derechos Humanos y Política Fiscal, redactados en 2021, para avanzar en una agenda que permita a los países asumir esas obligaciones. Uprimny recordó que direccionar la política fiscal hacia un fortalecimiento del sistema tributario para cumplir con estos objetivos, aclararán la ruta que los países seguirán en este nuevo camino.

Acceder a la información tributaria es un derecho humano

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Vivian expuso uno de los temas más importantes a la hora de tomar mejores decisiones fiscales en la región: la transparencia. El texto indicó que, a pesar de la importancia de contar con información pública de calidad, oportuna y comprensible para tomar decisiones más informadas, “las políticas tributarias en América Latina y Colombia tienden a preferir el secreto y la reserva”.

El texto, presentó así, la grave consecuencia de este problema: sin que el público pueda acceder a esta información se dificulta el recaudo de recursos, lo que se traduce en menos financiación para los programas sociales al momento de disminuir las brechas de desigualdad.

El texto concluyó que contar con datos tributarios accesibles y actualizados permitirá una mayor y mejor participación y colaboración ciudadana, más confianza en las instituciones y mejor cultura tributaria; además de reducir las posibilidades de corrupción. Todo esto, finalmente, permitirá el fin último de la tributación: materializar la equidad.