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evitar la corrupción

Algunas de las recomendaciones buscan más independencia en la elección del las cabezas de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. |

Presentamos recomendaciones para evitar la corrupción en la rama judicial y los órganos de control

Vivian Newman, directora de Dejusticia, hace parte de la Comisión de Expertos Anticorrupción liderada por Fedesarrollo.

Por: DejusticiaOctober 28, 2021

La Comisión de Expertos Anticorrupción, liderada por Fedesarrollo con el apoyo de Dejusticia, Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral (MOE), presentó 37 recomendaciones para combatir este fenómeno desde el sistema electoral, el sistema de justicia, los organismos de control y la contratación pública.

La directora de Dejusticia, Vivian Newman, participó como una de las expertas de esta Comisión con aportes para prevenir la corrupción en los órganos de control y la rama judicial. Para Newman, estos dos sectores son “el sostén que le da firmeza y posibilidad de repetición a la corrupción, gracias a la impunidad que se está garantizando”.

Estas son algunas de las recomendaciones:

 

Órganos de control y Fiscalía

Mayor autonomía e independencia en la elección del Fiscal, el Procurador y el Contralor

• Elección: Elegir a las cabezas de estos organismos mediante una convocatoria pública en un proceso liderado por las mejores universidades del país. Exigir que los candidatos a estos cargos presenten una declaración de bienes, patrimonio y conflictos de interés.

• Inhabilidades: Inhabilidad previa a la elección: que en los tres años anteriores a la elección no hayan ocupado cargos directivos en el Ejecutivo. Inhabilidad posterior: 10 años sin ocupar cargos de elección popular o cargos directivos en la rama ejecutiva y órganos de control después de haber sido fiscal, procurador o contralor.

• Periodos: Que no coincidan con los periodos de Presidencia y Congreso. De esta manera se evita que los funcionarios terminen eligiendo a las personas que van a ejercer su propio control. 

• Conflictos de interés: Tramitarlos a través de una autoridad independiente y no del vicefiscal o viceprocurador.

Mejorar las técnicas de investigación contra la corrupción 

• Utilizar la ciencia y análisis de datos y establecer vínculos permanentes con expertos académicos en estos métodos.

• Eliminar la provisionalidad en la Fiscalía para fortalecer el talento humano en la entidad y la independencia de los fiscales frente a cargos de superior jerarquía.

• Más auxiliares de justicia y unidades especializadas y que compartan material probatorio. 

• Crear un archivo único para las investigaciones que haga parte del proceso de digitalización de la Rama y que permita el intercambio de material probatorio.

Concentrar las funciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción

• Suprimir varias funciones de este órgano para que se concentre en su función de luchar contra la corrupción y garantizar que se cumpla la Ley de Transparencia. Por ejemplo, que las funciones preventivas se cumplan desde la Defensoría; que se supriman las funciones de acompañamiento judicial y que se deroguen las facultades de juez aprobadas en 2021.

Concentrar las funciones de la Contraloría en la auditoría en casos de responsabilidad fiscal

• Transferir las funciones sancionatorias que ejerce la Contraloría a un nuevo órgano independiente de naturaleza estrictamente judicial. 

• Eliminar las contralorías territoriales que han sido focos de corrupción. 

Garantizar la protección de derechos de los funcionarios públicos sujetos a investigaciones

• Definir una política responsable sobre las comunicaciones y filtraciones de los procesos de apertura de indagación preliminar para cumplir con la presunción de inocencia. 

• Mejorar los perfiles de los funcionarios de los organismos de control para lograr una mejor comprensión, análisis y evaluación del riesgo en la toma de decisiones económicas de los funcionarios.

Rama judicial

Fortalecer la independencia, transparencia y mecanismos de sanción de los magistrados de las altas cortes 

• Elección: Elegir a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura mediante una convocatoria pública en un proceso liderado por las mejores universidades del país. Exigir que los candidatos presenten una declaración de bienes, patrimonios y conflictos de interés.

• Inhabilidades: Inhabilidad de dos años previos y 10 años posteriores para cargos de elección popular. Incluir la inhabilidad de ser contratado por el gobierno a los magistrados auxiliares un año después de abandonar el cargo.

Evitar la captura judicial

• Establecer esquemas de rotación regional de jueces y magistrados que eviten la conformación de redes de corrupción y tengan criterios objetivos que eviten sanciones encubiertas. 

• Suprimir al máximo la provisionalidad judicial al realizar concursos periódicos.

• Fortalecer la cultura de la denuncia y la protección a denunciantes de corrupción dentro de la Rama Judicial.

Profundizar la transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión de la Rama Judicial 

• Transferir al DANE la administración de las estadísticas sobre la gestión de la Rama judicial.

• Adoptar una política pública encaminada a que las instituciones judiciales rindan cuentas sobre los procesos de corrupción judicial.

• Publicar periódicamente información relacionada con la corrupción judicial, en especial, las sanciones asociadas a actos de corrupción en la justicia.

Mejorar los estándares de calidad de la educación jurídica y crear códigos de ética en el derecho

• Implementar el examen de Estado para ejercer como abogado. 

• Crear mecanismos efectivos de regulación y control ético y legal del ejercicio profesional, incluido un código de ética. 

Sobre la Comisión de Expertos Anticorrupción

Desde enero de 2021, Fedesarrollo lideró una Comisión de expertos anticorrupción. La Comisión es conformada por Alejandra Barrios, Catalina Botero, Andrés Hernández, Luis Fernando Mejía, Vivian Newman, Mónica Pachón, Pablo Querubín y Elisabeth Ungar, representantes de la sociedad civil, la academia y exfuncionarios públicos. Su labor consistió en debatir los problemas asociados a la corrupción en tres áreas principales—la política electoral, la justicia y organismos de control, y la operación del Estado—y proponer recomendaciones para resolverlos. 


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