A comienzos del 2018, en vísperas de las elecciones a Cámara y Senado del  11 de marzo, el medio de comunicación Cuestión Pública lanzó una campaña anti-corrupción de ‘crowdfunding’ que invitaba a todos los ciudadanos interesados a apoyar la realización de una investigación periodística para transparentar el patrimonio y la actividad económica privada de los congresistas de la República. Los veinte congresistas a investigar serían elegidos por los donantes del ‘crowdfunding’. Posteriormente, Cuestión Pública invitó a Dejusticia a sumarse al proyecto como asesor jurídico, propuesta que aceptamos pues consideramos que la iniciativa se alinea con nuestra lucha por la transparencia y el acceso a la información pública.

Para avanzar en el caso, el 31 de enero pasado presentamos una solicitud a la Secretaría General del Senado (quien la remitió a la Secretaría General de la Cámara para que respondiera por la información de los representantes) y a los veinte congresistas seleccionados, para obtener copia de sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los años durante los cuales ocuparon su cargo. Las declaraciones juramentadas de bienes y rentas son documentos que todo funcionario público debe presentar antes de tomar posesión de su cargo, y que debe actualizar cada año hasta retirarse. En ese documento deben estar reportados sus bienes, su patrimonio, y las actividades externas que le generen ingresos extra o que puedan representar conflictos de interés. De esta manera es posible saber, por ejemplo, cómo aumentó el patrimonio de un funcionario mientras desempeñó su cargo y si tiene intereses privados que pueden afectar el ejercicio de su función pública.

Luego de realizar la petición sólo cinco congresistas[1] nos enviaron copia de la totalidad de sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas. Por su parte, tres congresistas[2] remitieron la solicitud a las Secretarías del Senado y de la Cámara, por considerarlas las dependencias competentes para entregar esta información.

Sobre los doce congresistas restantes, estos fueron sus comportamientos: cinco[3] nos negaron el acceso o la divulgación de sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas, argumentando la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data o a la seguridad personal. Uno de ellos, y otra congresista[4], nos entregaron la información pero incompleta. Por otro lado, un congresista[5] y la Secretaría General del Senado accedieron a entregarnos la información, pero en la práctica impidieron el acceso. Y, finalmente, después de cuatro meses de espera, tanto la Secretaría General de la Cámara como otros cinco congresistas[6] han hecho caso omiso a nuestra solicitud.

Desde Dejusticia consideramos que el silencio, la negativa o la respuesta deficiente de estos representantes políticos y de las dos Secretarías del Congreso ante nuestra solicitud son preocupantes, pues el acceso a esta información es crucial para ejercer el derecho a la participación ciudadana y a hacer control social de los representantes elegidos popularmente. Al respecto, cabe destacar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), de la que Colombia es miembro recientemente, ha asegurado que las declaraciones juramentadas de bienes y rentas pueden ayudar a detectar posibles enriquecimientos ilícitos o eventuales conflictos de interés.

Así que en respuesta, el pasado viernes 13 de julio presentamos una acción de tutela contra las secretarías generales del Congreso, y contra los once congresistas[7] que no respondieron, negaron la información o su divulgación, hicieron una entrega incompleta o que en la práctica impidieron el acceso. En la tutela argumentamos que estos comportamientos violan nuestros derechos fundamentales de petición, libertad de información y acceso a información pública. En particular, el derecho fundamental de petición se ve vulnerado por quienes incumplieron con sus obligaciones de dar respuesta oportuna.

Además, en la tutela sostenemos que los congresistas no pueden negar la información solicitada ni su divulgación basándose en sus derechos a la intimidad, al habeas data y a la seguridad personal, pues consideramos que el derecho a la intimidad no aplica de la misma manera para los servidores públicos que para el resto de ciudadanos, cuando se trata de asuntos de interés o de relevancia pública. También, planteamos que los datos incluidos en las declaraciones juramentadas de bienes y rentas son datos personales públicos que no están cubiertos por la reserva legal que protege a los datos personales.

Sobre los riesgos a la seguridad personal que los congresistas alegan, sostenemos que para este caso no se ha probado una amenaza real y concreta a su seguridad, y que existen medios alternativos de protección de los congresistas que afectan en menor medida nuestro derecho a la libertad de información y de acceso a la información pública.

Consideramos que además, la vulneración de estos derechos fundamentales conlleva también la violación de nuestro derecho fundamental a la participación ciudadana en la conformación y en el control del poder político. La falta de acceso a la información solicitada nos impide ejercer de manera informada los diferentes mecanismos de la democracia participativa: el control social, la exigencia de rendición de cuentas y el derecho al voto.