Parte de la carne de res que se vende en las ciudades colombianas es producto de la deforestación de la selva amazónica. Y aunque el Estado colombiano tiene varias herramientas para controlar este problema, existen serios obstáculos que les han impedido lograr su objetivo. Este es el tema del nuevo documento de Dejusticia ¿Carne deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en Colombia.

En este documento de análisis de política pública estudiamos los principales instrumentos que existen en Colombia para hacerle seguimiento al origen de la carne (la trazabilidad, el control y la autorregulación) y los cuellos de botella que presenta cada uno. También hacemos una serie de recomendaciones para superarlos. 

Entre 2015 y 2020, la deforestación en la Amazonía pasó de 57.000 a 109.000 hectáreas según el Ideam. Y aunque la ganadería extensiva no es la única causa, sí ha ocasionado el 51% de la tala del bosque. Esto indica que los esfuerzos estatales y privados para disminuir los riesgos de deforestación asociados al suministro de carne no son suficientes. Estas son algunas de las causas que encontramos en nuestra investigación:

Descarga el documento ¿Carne Deforestadora? aquí

Trazabilidad incompleta

Las autoridades agropecuarias tienen un sistema para hacerle seguimiento al ganado en toda la cadena de suministro: la finca donde nace, aquellas donde crece, los mataderos y centros de acopio, hasta llegar al punto de venta. Por su parte, las autoridades ambientales registran y reportan periódicamente los cambios en la deforestación de los bosques. Sin embargo, los datos que arrojan esos dos sistemas no se cruzan, lo que impide hacer un seguimiento estricto de la deforestación asociada a la ganadería. 

A esto se suma que aún no existen mecanismos para registrar cada vaca de forma individual, lo que facilita una práctica conocida como lavado de ganado. Se trata de una estrategia con la cual algunos ganaderos mezclan las vacas criadas en zonas prohibidas (como Parques Nacionales o Zonas de Reserva Forestal) con las que crecen en zonas permitidas. Para hacerle frente a esto, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha adelantado un programa que busca individualizar cada vaca mediante un chip. Sin embargo, hay muy pocos avances en las zonas con mayor deforestación y es demasiado costoso de implementar a nivel nacional.

Desgobierno en la producción

La presencia del Estado ha sido históricamente débil en las zonas de la Amazonía donde se concentra la deforestación asociada a la ganadería, como el sur del Meta, Guaviare y Caquetá. A esto se suma el dominio de los actores armados ilegales (como las disidencias de las Farc) que bloquean la acción de las instituciones con amenazas, destrucción de infraestructura y el asesinato de funcionarios y líderes sociales. Esto dificulta que las autoridades puedan cumplir las normas que buscan hacerle seguimiento al origen del ganado.

La acción estatal también se ve debilitada por la poca legitimidad que tienen las comunidades hacia las instituciones. Esto se debe al historial de promesas incumplidas y también a las acciones estatales que han perseguido a campesinos vulnerables en nombre de la lucha contra la deforestación. Un ejemplo de ello es la campaña Artemisa, que ha resultado en la quema de viviendas de familias campesinas e indígenas, desplazamientos y capturas arbitrarias; todo esto mientras los grandes ganaderos no son castigados.

Incentivos empresariales difusos

Desde hace años, el gobierno y algunas empresas relacionadas con el negocio de la carne han firmado Acuerdos Cero Deforestación. Ahí han participado Fedegan (el gremio ganadero), varios supermercados y algunas ONG de ganadería sostenible. Sin embargo, son pocas las empresas que han suscrito estos acuerdos voluntarios: el 15% del mercado de carnes, según datos del Ministerio de Ambiente para 2021. Esto se debe, en parte, a que no ven el incentivo financiero de vincularse, pues no es claro si los consumidores prefieren comprar carne “libre de deforestación”.

Buena parte de las empresas podría preferir no firmar estos acuerdos para evitar ser observadas por la opinión pública. Además, hay mucha incertidumbre sobre si la autorregulación aumentaría los precios de los productos cero deforestación. Esto les daría una una desventaja frente a la carne que no está cubierta por los Acuerdos.

Recomendaciones

Resolver los cuellos de botella en el suministro de carnes es un desafío titánico que pasa por estrategias estructurales. Sin embargo, mencionamos algunas acciones puntuales que proponemos en nuestro documento para ayudar a resolver el problema: 

• Modificar el Estatuto del Consumidor para incluir el derecho a conocer los detalles del origen de las mercancías. Esto les permitiría a los consumidores tener una herramienta sólida para exigirles a las empresas información sobre el origen de su carne. Esa presión ciudadana también ayudaría a acelerar las medidas que ya se están aplicando para completar la trazabilidad ganadera.

• Debe haber procedimientos para evitar que la construcción de Estado en las fronteras agropecuarias afecte los derechos campesinos. Algunos instrumentos ya existentes pueden ser útiles, como los Acuerdos de Conservación con campesinos, que han sido implementados por Parques Nacionales Naturales.

• Los compromisos voluntarios para regular a las empresas no son suficientes. Se necesitan normas obligatorias relacionadas con la debida diligencia. Este es un deber que exige a las empresas identificar los posibles impactos de sus actividades en los derechos humanos, adoptar medidas de prevención y mitigación, así como reportar los resultados de estas acciones.