El 10 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió uno de sus casos para priorizar la investigación de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que afectaron sobre todo a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

En el estudio de estos crímenes ocurridos entre 1990 y 2016 y que fueron presuntamente cometidos por las Farc- EP, miembros de la fuerza pública y terceros, la JEP acreditó como víctima al Katsa Su, o Gran Territorio del pueblo Awá, representado por 32 resguardos de Unipa (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y 11 más del Camawari (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte). En ese sentido, junto a estas dos organizaciones y a la Corporación Chacana, realizamos un esfuerzo colectivo para producir un informe (vea en este link el resumen) que le ayude a la JEP a ampliar el análisis cultural y simbólico de sus investigaciones para el Caso 02 y le aporte herramientas metodológicas para ese propósito.

El informe, que nombramos ‘Katsa Su. Ecologías de la guerra en la pervivencia del Gran Territorio Awá: derecho propio, coordinación interjurisdiccional y violencia estructural’, se toma en serio el derecho propio del pueblo Awá. De hecho, le planteamos a la JEP que las fuentes del derecho propio son capaces de dialogar horizontalmente con las fuentes del derecho internacional y el derecho de los derechos humanos. En este escenario, las fuentes del derecho indígena enriquecen a las fuentes del derecho no-indígena al plantear lecturas capaces de criticar y reconstruir sus legados coloniales y sus postulados antropocéntricos.

En este sentido, el pasado 25 de marzo, las cuatro organizaciones  hicimos una entrega simbólica de informe a la magistrada Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien se refirió al mismo como  “un paso fundamental” para visibilizar todos los crímenes que se han cometido contra el territorio como un ser vivo, “teniendo en cuenta que Katsa Su es la vida del pueblo Awá, es la identidad”. Por ello, agregó Izquierdo, la justicia transicional no puede quedarse solo investigando crímenes contra el pueblo Awá, sino también aquellos que se han perpetrado contra Katsa Su, lo que pone en el centro lo contemplado en la Constitución Política: “el reconocimiento de la diversidad étnica y racial, del pluralismo jurídico y de la existencia de diversos sistemas de justicia que se fundamentan desde distintas cosmovisiones”.

¿Qué está en el fondo del informe?

En este proceso, las organizaciones encontramos la necesidad de que la JEP investigue los móviles económicos y militares que provocaron delitos contra la naturaleza en el Katsa Su y que avance en la determinación de la forma en que los actores armados entendían la relación entre los pueblos indígenas y su territorio. Para el caso del pueblo Awá, vemos que una justicia transicional consciente de la relación entre territorio y conflicto armado, tendría que analizar si los delitos contra la naturaleza tuvieron el propósito de romper los lazos entre las comunidades y el Katsa Su.

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Para esto, la justicia transicional debe entender que el Katsa Su, más allá del espacio físico, está integrado por figuras no-humanas, humanas y espirituales, y por leyes que rigen sus cuatro mundos cosmogónicos: el mundo de abajo o de la gente que come humo, el mundo donde viven los Awá, el mundo de los muertos y el mundo de los dioses.

Estos cuatro mundos dan lugar a la concepción del territorio como un todo, integrado por el cosmos (el sol, la luna, las estrellas, el trueno), los animales, el agua (en forma de lluvia, río, quebrada), los árboles, los alimentos, los espíritus guardianes de la montaña y los indígenas Awá, quienes reconocen en la selva la raíz de su existencia y el punto de confluencia de distintas presencias con las cuales sus ancestros fijaron normas de comportamiento y convivencia para mantener el equilibrio y el respeto por los ritmos, espacios y usos de la tierra, el agua y los alimentos. Se trata de acuerdos trasmitidos de generación en generación gracias a la tradición oral, los cuales se convirtieron en la Ley de Origen, la principal fuente del saber y la base espiritual del derecho propio.

Desafortunadamente, lo anterior queda en vilo con el asedio de grupos armados, en un contexto de disputas territoriales por narcotráfico, minería y penetración de economías extractivistas. En los últimos 30 años, el Gran Territorio ha padecido violaciones al derecho internacional humanitario, victimización de la naturaleza, asesinatos selectivos, desplazamientos y amenazas. Las comunidades del pueblo Awá han sido vulneradas sistemáticamente en sus derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad física y cultural, y se han producido rupturas entre la naturaleza y la cultura que incrementan el riesgo de exterminio físico y cultural.

De hecho, el pueblo Awá se encuentra, junto a otros 36 pueblos indígenas del país, en amenaza de desaparición física y cultural, mientras en 2011 el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas emitió un informe en el que determinó, de manera contundente, que en el departamento de Nariño había indicios de un genocidio en curso al pueblo Awá.

Lo que recomendamos

Para que se fortalezca la interlocución entre la Justicia Especial Indígena y la JEP y para mejorar los niveles de confianza entre instituciones indígenas y no indígenas,  en el informe mencionamos una serie de recomendaciones , como que las instituciones estatales fortalezcan la aplicación de enfoques interculturales, tomándose en serio los principios legales y los valores ontológicos derivados de la cosmología Awá; que se valoren de forma diferencial los impactos de la violencia en el territorio Awá, reconociendo el papel de la mujer indígena;  que para los escenarios de interlocución con la JEP, se apliquen metodologías que tengan en cuenta los elementos que conforman la cultura awá, y que se continúe trabajando en mejorar las condiciones logísticas y de seguridad para la plena participación de las víctimas, líderes y lideresas en las diligencias con comparecientes.

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Entre las recomendaciones, las organizaciones del pueblo Awá también expresaron que para ellos es “apremiante” que la JEP exija de manera enérgica a los comparecientes el esclarecimiento de los hechos cometidos contra su gente y su Gran Territorio, “asunto que no debe limitarse a responder qué pasó, sino a conocer por qué lo hicieron, dónde están los(as) compañeros(as) que desaparecieron, qué ocurrió con los niños y jóvenes reclutados, entre otras preguntas que requieren respuestas claras, concretas y honestas”. También manifestaron que depositan su confianza en este proceso con la JEP y, “a pesar de todos los dolores e incertidumbres que nos atraviesan, decidimos dar un paso adelante, así que esperamos del otro lado, toda la voluntad y franqueza para avanzar y aportar a la armonización de nuestras familias y del territorio. Sin verdad no hay camino posible”.

En la misma línea, durante la entrega del informe, Floriberto Floriberto Canticus, consejero secretario general de la Unipa, expresó que lo contenido en el informe son palabras transmitidas por las autoridades awá, las bases de las comunidades, mayores, mayoras, sabias y sabios, y está plasmado desde la cosmogonía ancestral que día a día se dinamiza en los territorios, en buena parte por lo que ocurre con el conflicto armado. “Este es un aporte hacia la construcción de paz, porque para nosotros la paz es la palabra, la oralidad. No ha sido fácil aportar por todas las amenazas que se viven en el territorio, pero continuamos resistiendo y tejiendo con nuestros procesos de vida”, concluyó.

*Este informe fue esfuerzo colectivo entre cuatro organizaciones que contamos con el apoyo del Fondo Multidonante de la ONU para el Sostenimiento de la Paz (MPTF), por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y se inscribió en el marco de un ejercicio pedagógico que incluyó talleres focales y la utilización de metodologías de acción-participación que permitieran fortalecer los derechos de las víctimas del pueblo Awá, su proceso de reparación colectiva y su participación activa en el Sistema Integral para la Paz (SIPP).