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La demanda, presentada por organizaciones de víctimas y apoyada por Dejusticia y Paiis, ya fue admitida por la Corte Constitucional. |

Presentamos una demanda para ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad

Argumentamos ante la Corte Constitucional que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos de las víctimas y se estaría incumpliendo el Acuerdo de paz.

Por: DejusticiaJuly 21, 2021

Desde que Colombia entró en emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia, el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) se ha visto profundamente afectado. La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. 

Por eso, las organizaciones de víctimas Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la CEV. 

En la demanda, que fue admitida el pasado 14 de julio, argumentamos que estos tres años de trabajo deben ser efectivos para lograr cumplir con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, algo que la pandemia ha impedido. Explicamos que la CEV solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40% de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades.

Y lo que es más grave, si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto y termina en noviembre de 2021, se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. La razón es que la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la CEV para elaborar el informe final y así brindar el máximo nivel de verdad posible a las víctimas. 

Por un lado, en muchas zonas rurales donde ocurrieron hechos graves del conflicto no hay conectividad o la señal es de mala calidad; en otros lugares como las cárceles ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia. 

Además, las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza que necesitan para dar su testimonio de manera confidencial. Así lo explica Gloria Elcy Ramírez, una de las demandantes y representante de Asovida: “A algunas personas del municipio (Granada, Antioquia) se les propuso dar un testimonio de manera virtual y no lo quisieron hacer porque no sienten confianza. Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”. 

Por estas razones creemos que es necesario que la Corte Constitucional estudie los artículos demandados para concluir que el periodo de tres años debe ser efectivo y encontrar una fórmula que permita compensar el tiempo perdido por la pandemia. Una posibilidad para calcular ese tiempo adicional es tener en cuenta el periodo de un año y dos meses comprendido desde el 12 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, y el 31 de mayo de 2021, cuando entró en vigencia la reactivación económica. 

“Si queremos cumplir el mandato de que las víctimas somos el centro, como se dijo en los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional debería contemplar esta demanda para que la Comisión pueda hacer un informe contundente, enriquecido por todas las víctimas del conflicto”, explica Edgar Bermúdez, representante de Percadi y uno de los demandantes.

Por su parte, el Consejo de Estado coincide en la necesidad de ampliar el periodo de la Comisión. Así lo manifestó en un concepto publicado el 7 de julio, bajo el argumento de que el periodo de tres años contemplado por el Decreto 588 no tuvo en cuenta el tiempo que necesita la CEV para socializar el informe final con la ciudadanía ni el tiempo necesario para liquidar correctamente la institución.

Teniendo en cuenta que el periodo actual de la CEV terminaría en noviembre de este año, las organizaciones demandantes le enviamos un memorial a la Corte Constitucional solicitando que le dé a este proceso un trámite extraordinario bajo la figura de “urgencia nacional”. Esto permitiría acortar los tiempos para emitir la sentencia y que esta llegue en un momento oportuno.

 

Contacto de prensa:

Marcela Madrid Vergara

[email protected]

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