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En la tutela no solo le pedimos al juez que le ordene a la ANT constituir las tres ZRC involucradas, sino que también tome las medidas necesarias para garantizar que se implementen sus planes de desarrollo sostenible. | Cortesía Anzorc

Presentamos una tutela para exigir que se garantice el derecho al territorio campesino

Este litigio, que presentamos junto a cuatro organizaciones campesinas y la Procuraduría, busca que la Agencia Nacional de Tierras constituya tres Zonas de Reserva Campesina que permanecen estancadas sin justificación.

Por: Dejusticiadiciembre 22, 2020

El pasado 16 de diciembre presentamos una tutela junto a cuatro organizaciones campesinas* y la Procuraduría General de la Nación para pedirle a un juez de tutela que le ordene a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que constituya tres zonas de reserva campesina (ZRC) que han cumplido con todos los requisitos que exige la ley para existir. Se trata de los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta).

Estas tres comunidades iniciaron su proceso para constituirse como ZRC en 2011 y en los últimos cuatro años no han visto ningún avance de fondo. Desde entonces solo falta un paso: que la ANT lleve las solicitudes a su consejo directivo para ser aprobadas. Por eso, bajo el lema A un paso del territorio campesino, exigimos que se garanticen los derechos de las comunidades a la territorialidad campesina, a la igualdad material y al debido proceso.

El argumento central de este litigio lo explica el investigador de Dejusticia y apoderado de las organizaciones, Rodrigo Uprimny: “El campesinado tiene derecho a una territorialidad y una de sus manifestaciones más importantes son las Zonas de Reserva Campesina, que adquirieron con el Acuerdo de Paz un cierto estatus constitucional. Por eso le corresponde al gobierno y a las autoridades impulsarlas teniendo en cuenta que los campesinos son sujetos de especial protección constitucional. Las dilaciones por parte de la ANT son totalmente injustificadas”.

 

 ¿Por qué impulsar las ZRC?

Las Zonas de Reserva Campesina nacieron con la Ley 160 de 1994 como una posible solución a varios problemas históricos del campo, como el abandono estatal, el acaparamiento de tierras y el conflicto armado. Desde entonces se han constituido siete de ellas y otras 23 han sido solicitadas (incluyendo las tres de esta tutela).

Esta figura no es una forma de propiedad colectiva como un resguardo indígena o un consejo comunitario afro. Sin embargo, es una herramienta que permite planificar el uso del territorio con cuatro grandes objetivos: promover la economía campesina, proteger el ambiente, evitar el acaparamiento de tierras y frenar la expansión de la frontera agrícola.

Lo que ocurre en una Zona de Reserva Campesina es que las comunidades construyen un Plan de Desarrollo Sostenible y se concerta con las autoridades. En este plan se definen las políticas sobre el uso de la tierra, que deberían priorizar los modos de producción campesina por encima de otros menos sostenibles como los monocultivos.

En palabras de Hernando Bejarano, líder de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, “son una alternativa para los campesinos sin tierra y una oportunidad de ampliar sus parcelas para quienes tienen poca. El plan de desarrollo sostenible es una herramienta muy valiosa para que sean las propias comunidades las que definan su destino”.

Las ZRC también benefician al ambiente porque en su Plan de Desarrollo las comunidades impulsan estrategias de conservación y establecen normas para proteger los ecosistemas. Incluso hay una relación directa entre la existencia de una ZRC y la disminución de la deforestación, pues si la producción de alimentos dentro del territorio les alcanza a las comunidades para subsistir, no existe la necesidad de talar más bosque para la ganadería o la coca.

Una muestra de ello es la ZRC del río Cimitarra, donde existe la Línea Amarilla, que consiste en un acuerdo para no talar más allá de una línea de bosque que hace parte de la Serranía de San Lucas. Son cerca de 70.000 hectáreas donde las comunidades esperan se declare un parque nacional u otra figura de protección.

 

10 años de intentos

Para constituir una ZRC la ley exige una serie de requisitos que pasan por la delimitación de la zona, conseguir conceptos de las autoridades locales y ambientales, formular el Plan de Desarrollo Sostenible y hacer una audiencia pública. Todo esto debe estar listo antes del paso final: la aprobación en el Consejo Directivo de la ANT.

Para lograr todo esto, las organizaciones campesinas han gestionado sus procesos en buena medida con esfuerzos y recursos propios. En estas tres zonas, sus líderes y lideresas han trabajado para que las autoridades locales se sumen al proceso y que el Estado tenga mayor presencia en los territorios.

En el caso de Losada Guayabero, por ejemplo, han tenido que financiar con bazares y rifas las encuestas, talleres y cartografías que hicieron sus líderes para formular el Plan de Desarrollo.

Mientras tanto, la respuesta de la ANT ha sido omisiva y dilatoria. Para Arnobis Zapata, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), existe una mezcla de “falta de voluntad política e incumplimiento de la Ley en todo el país. Les han puesto talanqueras a los procesos buscando beneficiar otros intereses económicos en la región”.

Hasta el momento, el único argumento que ha dado la Agencia para explicar su tardanza en el caso de las dos ZRC del Meta es que se encuentran verificando que no haya cultivos ilícitos. Sin embargo, este no debería ser un impedimento para constituir la ZRC pues uno de los objetivos de esta es precisamente apoyar la sustitución de cultivos.

En el caso de Sumapaz, la ANT ha asegurado que debe seguir estudiando la solicitud argumentando posibles choques entre la actividad campesina y la conservación del páramo. Para Hernando Bejarano, líder de la zona, este ha sido “el pretexto que ha usado la institucionalidad para no avanzar. Si el páramo de Sumapaz se ha conservado es precisamente por la presencia de campesinos y campesinas en el territorio”. Así lo reconoció este año el Concejo de Bogotá al entregarle a la organización Sintrapaz la orden de Excelencia Ambiental José Celestino Mutis por su compromiso con el cuidado del páramo.

 

Un precedente 

En la tutela no solo le pedimos al juez que le ordene a la ANT constituir las tres ZRC involucradas, sino que también tome las medidas necesarias para garantizar que se implementen sus planes de desarrollo sostenible. Y finalmente, que exhorte al Gobierno a impulsar y fortalecer las ZRC en cumplimiento del Acuerdo final de Paz.

De esta manera, el litigio busca abrir la puerta para desengavetar el derecho al territorio campesino. Como explica Ana Jimena Bautista, coordinadora de Tierras y Campesinado en Dejusticia, “las Zonas de Reserva Campesina son lugares donde se vuelven posibles los derechos campesinos. Constituirlas es reconocer que el campesinado tiene unas dimensiones que van más allá de la tierra y que pasan por el cuidado de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas que tejen en la cotidianidad”.

 

*Organizaciones que participan en esta tutela:

-Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz)

-Asociación Campesina para la Agricultura Orgánica y el Comercio Justo en la cuenca del río Güéjar (Agrogüejar)

-Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero (Ascal-G)


Para mayor información de prensa, comunicarse con Marcela Madrid al correo [email protected]

 


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