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| Diseño: Daniela Hernández

Principios de derechos humanos para guiar el Plan Nacional de Desarrollo

Es necesario que el PND cuente con unos principios básicos que permitan disminuir las brechas de desigualdad, eliminar las discriminaciones estructurales y ser ambientalmente sostenible.

Por: DejusticiaMarzo 15, 2023

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el principal instrumento de planeación de políticas públicas del país. Las bases, el articulado y el plan plurianual de inversiones enmarcan la hoja de ruta del Gobierno durante los próximos cuatro años.

Por eso desde la sociedad civil nuestro llamado consiste en que el PND cuente con unos principios básicos que permitan disminuir las brechas de desigualdad, eliminar las discriminaciones estructurales y ser ambientalmente sostenible.

Los 15 principios de derechos humanos en política fiscal forman parte de una iniciativa colaborativa de académicos y sociedad civil para brindar herramientas de control y monitoreo ciudadano para demandar mejores políticas.

 

Principio #1: La realización de los derechos humanos debe ser una finalidad fundamental de la política fiscal

El Plan Nacional de Desarrollo debe buscar que las propuestas de políticas económicas cuenten con la garantía de los derechos humanos, en un marco de sostenibilidad fiscal.

El PND contiene un plan plurianual de inversiones que señala los recursos necesarios para llevar a cabo los planes de política pública planteados. Si bien hacen parte de una proyección, deben ser coherentes con metas fiscales y fuentes de financiamiento disponibles.

 

Principio #3: Los Estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa

El PND indica los programas sociales sobre los cuales el Gobierno será enfático. Esto permite una mejor orientación de los recursos disponibles, pues se crean programas de focalización sensibles a las diferencias, orientados a disminuir las brechas de desigualdad.

 

Principio #4: Los Estados deben asegurar que su política fiscal sea ambientalmente sostenible

Los Estados están en la obligación de tomar en cuenta los impactos ambientales de sus políticas, por lo que sus planes de desarrollo deben guardar coherencia y conformidad con la política ambiental a nivel subnacional, nacional e internacional. 

 

Principio #5: Los Estados deben eliminar las discriminaciones estructurales y promover la igualdad sustantiva, incorporando de forma transversal las perspectivas de las poblaciones discriminadas, adoptando acciones afirmativas cuando sea necesario

La hoja de ruta de los gobiernos debe crear estrategias que contribuyan a eliminar las desigualdades y la discriminación, en especial, a las que se enfrentan las personas con discapacidad, las personas de diversas identidades de género, las personas migrantes, los adultos mayores, las personas en situación de vulnerabilidad social, las pertenecientes a grupos poblacionales, las mujeres, entre otras.

Acciones afirmativas: medidas orientadas a favorecer a determinadas personas o grupos con el fin de eliminar o reducir las desigualdades. También son un conjunto de acciones legislativas y administrativas de carácter temporal, coherentes con el propósito de remediar situaciones de desventaja, exclusión o discriminación.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

 

Principio #6: Los Estados deben promover la igualdad sustantiva de género mediante su política fiscal con una perspectiva de interseccionalidad

Las estrategias enmarcadas en el PND deben utilizar políticas que promuevan la igualdad de género y una distribución más justa del poder económico, incluso con medidas afirmativas en favor de las mujeres.

 

Principio #9: Los Estados deben garantizar de manera prioritaria los niveles esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en su política fiscal

El PND no debe desmejorar la situación ni menoscabar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja mediante las estrategias de política fiscal, bien sea de forma directa al reducir su ingreso disponible, o indirecta al financiar medidas que puedan vulnerar o poner en riesgo sus derechos.

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