EL ESCÁNDALO POR LOS ABUSOS CON los subsidios de “Agro Ingreso Seguro” está plenamente justificado, pero ese hecho no debería hacernos olvidar otro fenómeno semejante e igualmente escandaloso: los beneficios tributarios otorgados por este gobierno.

El vínculo es obvio: si en los subsidios el Estado le entrega plata a una persona, en los beneficios tributarios lo que hace es dejar de cobrarle un impuesto (exención) o cobrarle menos de lo que debería pagar (deducción). El resultado es análogo a los subsidios: el Estado queda con menores recursos para cumplir sus funciones.

Hoy los beneficios tributarios son enormes. En 2007, según cálculos de Juan Camilo Restrepo, con base en datos oficiales, esos privilegios costaron 5,7 billones de pesos, que equivalen a aproximadamente una cuarta parte del IVA de ese año.

En ocasiones, por razones sociales o económicas, ciertos estímulos tributarios están justificados. Y no hay duda de que el presidente Uribe no se inventó las exenciones y deducciones, que ya existían, pero se han desbordado durante sus mandatos.

El gobierno sostiene que esos beneficios son buenos pues fomentan la inversión; pero no ha ofrecido evidencia real de que esos costosos apoyos tengan ese impacto positivo. Es más, algunos de esos privilegios han afectado negativamente el empleo, como la deducción del 40% para quienes adquieran activos fijos, que ha llevado a que muchos empresarios prefieran comprar equipos en vez de emplear gente.

No hay pues razones económicas o técnicas claras que justifiquen esos privilegios; además, sus beneficiarios han sido prácticamente escogidos a dedo. Todo esto tiene efectos graves.

La situación fiscal se deteriora pues se reducen significativamente los ingresos públicos. Esos beneficios introducen también una gran inequidad, ya que reducen los aportes efectivos de las empresas. Los ingresos del Estado dependen cada vez más de la tributación de los trabajadores y de impuestos indirectos como el IVA, lo cual genera una estructura tributaria regresiva, esto es, en donde los pobres terminan proporcionalmente pagando más que los ricos.

Además, estos beneficios han favorecido a los sectores económicos poderosos: como quien dice, se han dado privilegios para los privilegiados, lo cual erosiona cualquier cultura tributaria pues, por más publicidad que haga la DIAN, ¿cuál ciudadano va querer pagar sus impuestos si sabe que la ley tributaria es sólo para los de ruana?

Finalmente, los criterios de otorgamiento de las exenciones no son transparentes: existe entonces un alto riesgo de que esos beneficios tributarios se conviertan en un opaco intercambio de favores entre el Gobierno, el Congreso y ciertos empresarios. Esto es alarmante para la democracia, pues la relación entre el Estado y sus ciudadanos debe estar fundada en la garantía de derechos iguales para todos y no en la concesión de favores a algunos. Y es negativo para la dinámica económica, pues el éxito de una empresa no dependerá tanto de su eficiencia productiva sino de su cabildeo para obtener beneficios.

Muchos colombianos piensan que los asuntos fiscales son asuntos aburridos y técnicos que no les conciernen. Y es cierto que son temas técnicos y que pueden llegar a ser aburridos. Pero el escándalo de los subsidios y el debate sobre los beneficios tributarios muestran que cosas muy importantes para la democracia se juegan en esas discusiones. A ellas habría que agregar el análisis de otros ingeniosos inventos tributarios de este gobierno, como las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica, reservados a algunos afortunados y que nos han costado también billones de pesos. Pero eso amerita otro relato.