Esta semana la Procuraduría sorprendió con un anuncio. A propósito de una decisión reciente de la Corte Constitucional, en la que niega la solicitud de nulidad presentada por la Procuraduría en contra de una sentencia de 2010 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Procurador manifiesta acatar la decisión, pero al tiempo parece anunciar que no tomará las medidas para hacerla cumplir. De hecho, sugiere que hará lo posible por evitar que se cumplan algunos de sus elementos.

Lo preocupante del anuncio es que una de las funciones fundamentales de la Procuraduría General de la Nación es vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales. En consecuencia, debe promover la implementación de las sentencias y las órdenes contenidas en ellas. Sin embargo, si alguien se ha empeñado en que las decisiones de la Corte Constitucional sobre interrupción voluntaria del embarazo –IVE- no sean cumplidas, es la propia Procuraduría, durante la administración de Ordoñez.

El desacuerdo, que surge frente a todas las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en el tema desde el año 2006, cuando se despenalizó el aborto en tres casos, es de fondo y parece insalvable. Para el Procurador, la jurisprudencia de la Corte en relación con la IVE constituye una vulneración al derecho a la vida y afecta otros derechos, como la objeción de conciencia. Lo que está detrás de su postura es una concepción religiosa de la vida y su alcance.

Para la Corte, en contraste, en una sociedad diversa y en un Estado democrático, la mejor vía para interpretar el alcance del derecho a la vida es construir una dogmática que permita una protección adecuada del mismo. Aunque su propósito es garantizar el derecho a todos y todas, reconoce que una protección absoluta de la vida tiene efectos negativos y puede llevar a la vulneración de otros derechos.

Por supuesto, el Dr. Ordoñez puede tener sus creencias y defenderlas. Pero lo que no puede, como Procurador, es sobreponer sus creencias religiosas al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. De hecho, cada vez que obstaculiza el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional erosiona la institucionalidad y la democracia.

Nadie niega que las decisiones judiciales pueden ser criticadas, pues incluso hay vías institucionales para debatirlas. Pero eso no significa que no deban cumplirse, incluso cuando uno no las comparte de fondo. Todos debemos cumplir la ley, así no nos guste, porque ese es un elemento básico para la democracia y el orden social. De hecho, dos aspectos básicos de la ciudadanía son cumplir la ley, pero también tener la posibilidad de criticarla. El problema es no cumplir las decisiones judiciales porque no se comparten, en especial cuando quien lo hace es quien debería hacerlas cumplir.

¿Hasta dónde la cruzada iniciada por la Procuraduría en contra de la IVE seguirá siendo usada para justificar el incumplimiento de sus obligaciones? ¿Debería nuestra democracia seguir permitiéndolo?