Ordóñez no es el procurador ideal pues muchas de sus actuaciones son cuestionables. Ha ejercido selectivamente su potestad disciplinaria y ha roto la separación entre Iglesia y Estado, lo cual es grave, pues ha llevado la religión a la política. Y como dijo memorablemente Camus, “la política no puede ser religión o entonces se torna inquisición”.

Pero no es esencialmente por eso que la reelección de Ordóñez es perjudicial. La razón es más institucional y general: la reelección de cualquier jefe de un organismo de control, como la Procuraduría, la Defensoría o la Contraloría, es negativa, pues erosiona la propia función de control, por cuanto estos funcionarios son elegidos por otros funcionarios, que los primeros deben controlar. Por ejemplo, el procurador Ordóñez le ha pedido al presidente Santos que lo terne, para que luego lo reelija el Senado. Pero el procurador debe controlar y eventualmente sancionar a los funcionarios del Gobierno y a los congresistas. ¿Cómo no sospechar que, al estar en campaña, el procurador va a ejercer esas funciones de control y sanción en forma selectiva, a fin de obtener los voticos y apoyos que necesita para su reelección?

Algunos podrán objetar que lo mismo podría decirse de la elección inicial del procurador, pues durante su campaña tuvo que buscar apoyos de los congresistas, a quienes debería controlar ulteriormente. Eso es cierto y el propio Ordóñez recomendó que se quitara al procurador la facultad de investigar a los congresistas para evitar esos intercambios de favores. Pero no deberíamos agravar el defecto del actual sistema de nombramiento del procurador instaurando la costumbre de su reelección.

Además, la elección inicial del procurador está fundada en la idea de que éste va a asumir eso que Robert Badinter llamó el “deber de ingratitud” hacia quienes lo nombraron, como atributo de la imparcialidad que debe tener un buen juez constitucional o un jefe honesto de un organismo de control. Es la idea de que, a pesar de su elección política, estos funcionarios, una vez nombrados, son independientes y pueden y deben ser imparciales en la defensa del Estado de derecho, por lo que pueden tomar decisiones contrarias a los intereses de quienes los eligieron, precisamente porque nunca buscarán su reelección. Pero si un procurador pretende su reelección, es obvio que le queda imposible ejercer cualquier deber de ingratitud pues debe congraciarse nuevamente con sus nominadores.

La legitimidad de los organismos de control, como la de los jueces, depende no sólo de que sean imparciales sino también de que aparezcan imparciales. Pero un procurador que pretende ser reelegido y busca los apoyos de aquellos funcionarios que debe controlar pierde, en el mejor de los casos, toda apariencia de imparcialidad. Su reelección compromete su legitimidad, incluso si el funcionario fuera tan probo que realmente siguiera ejerciendo sus labores en forma imparcial, por la sencilla razón de que la búsqueda de la reelección genera ineludibles sospechas sobre las motivaciones reales de sus actuaciones.

Es cierto que la Constitución permite la reelección del procurador pero ésta es inconveniente. Edgardo Maya y Volmar Pérez, al buscar su reelección en la Procuraduría y la Defensoría, respectivamente, sentaron entonces un funesto precedente, que debería ser abandonado. Si realmente tomara en serio su labor como procurador, Alejandro Ordóñez no estaría buscando su reelección. Y si respeta la independencia de los organismos de control, el presidente Santos no debería siquiera pensar en ternarlo.