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Providencia

Tras el paso del huracán Iota por el archipiélago, los líderes y lideresas que por años han defendido la autonomía de los raizales, la protección de ecosistemas estratégicos y la descolonización de las islas, tomaron la vocería sobre los problemas que desencadenó el desastre. | Dejusticia

Providencia: un paraíso en ruinas e inseguro para sus líderes

Visitamos la isla a un año del paso del huracán Iota, y encontramos un escenario de alta militarización, difícil solución a necesidades básicas y vulneración de los derechos fundamentales de los raizales y demás pobladores.

Por: DejusticiaNovember 26, 2021

Durante la noche del 15 de noviembre de 2020 y la madrugada del 16, cuando el huracán Iota, de categoría cinco, impactó al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la primera y gran preocupación eran las vidas de sus habitantes. Las comunicaciones con los pobladores eran limitadas y los primeros reportes de medios vaticinaban un escenario difícil. Luego, tras algunas horas de silencio y espera, se hizo público que el ojo de Iota había atravesado a la paradisiaca Providencia, dos personas fallecieron y las demás pudieron encontrar refugio o esconderse en las cisternas donde recolectaban agua lluvia. ¡Un milagro!, decían los titulares.  Sin embargo, las pérdidas en infraestructura fueron descomunales. El 98 % de la isla se vino abajo: viviendas, hoteles, comercios, escuelas, el hospital, el aeropuerto y los cultivos desaparecieron tras el paso del fenómeno. Entretanto, los desplazamientos ponían en vilo el tejido social y cultural de una isla que por años había resistido a la amenaza del turismo avasallador.

Para atender la situación, el Gobierno declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta, y le encargó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la creación de un plan de contingencia para la reconstrucción de la isla. El proyecto fue publicitado por el presidente de la República, Iván Duque, como una estrategia que tomaría 100 días, y según los reportes de medios, involucraba reparar 877 casas y construir otras 1.134. Sin embargo, a un año del paso del huracán, la ciudadanía sigue sin contar con información completa de qué se va a reconstruir, cómo se va a reconstruir y qué pasos tomaría esa reconstrucción.

Aunque para la conmemoración del primer año de esta tragedia la UNGRD le dijo a El Espectador que el avance de la reconstrucción de viviendas en Providencia era del 54 %, que las obras para levantar de nuevo el hospital comenzarán en marzo de 2022 y que las de tres instituciones educativas culminarían entre marzo y junio del próximo año, lo que en realidad hay público en la página de esta institución es un resumen del Plan de reconstrucción que no cuenta con la información completa, ni está en lenguaje accesible: el resumen del plan está publicado en español, con lo que las personas más interesadas —los raizales de las islas—, encuentran barreras para entenderlo, no solo por el lenguaje técnico que usa ese resumen, sino porque no está publicado en inglés, un idioma más cercano al creole que se habla en la isla.

Entretanto, el Gobierno Nacional decretó la prórroga por un año más de la Situación de Desastre en San Andrés, lo que significa que la presencia de funcionarios y fuerza pública en las islas seguirá al menos hasta finales de 2022, y que las promesas de Iván Duque de “recuperar” a Providencia en 100 y en 365 días fueron una burla para los isleños. De hecho, para la población, no es posible que a más de un año del paso de Iota y frente al riesgo de que ocurran nuevos fenómenos naturales de esa dimensión, todavía el Gobierno esté en la tónica de “desastre” y “recuperación”.

Es por ello que, en medio de un proceso de tutela apoyado por más de 90 familias del pueblo raizal que le reclaman al Gobierno por las dilaciones en la atención del desastre, y le piden amparar sus derechos fundamentales vulnerados, realizamos una visita a las islas de Providencia y Santa Catalina, y poder ampliar la información que tiene la Corte Constitucional. En la visita encontramos un escenario en el que las formas de pensar la rehabilitación son incompatibles con las necesidades y la cultura del pueblo raizal, al punto en que manifiestan que preferirían ser ellos mismos los que levanten las islas. Estos fueron nuestros hallazgos:

 

Riesgo para líderes y lideresas sociales

Tras el paso del huracán Iota por el archipiélago, los líderes y lideresas que por años han defendido la autonomía de los raizales, la protección de ecosistemas estratégicos y la descolonización de las islas, tomaron la vocería sobre los problemas que desencadenó el desastre.

Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia, y Miguel Ángel Castell, abogado y defensor de derechos humanos de la isla, han hecho reparos a la intervención del Gobierno Nacional, a la decisión de prorrogar por un año más su intervención, así como a la construcción de una base de guardacostas que fue negada por la comunidad mediante consulta previa en 2015, pero que la Armada Nacional pretende retomar como parte de la reconstrucción de Providencia.

Las críticas a las acciones del Gobierno y las demandas para la población del Archipiélago también han sido expresadas por otros actores, como la Autoridad Raizal, la Diáspora Raizal, grupos de veeduría ciudadana y la comunidad en general. Sin embargo, días antes del aniversario del primer año de Iota, Castell fue interceptado por dos hombres que le advirtieron que lo iban a matar a él y a Jay Stephens. En la semana de la conmemoración, el 17 de noviembre, el abogado recibió una llamada en la que le reiteraban las amenazas.


Lea el comunicado en el que rechazamos estas amenazas

De acuerdo con Castell, otros líderes y lideresas de las islas que prefieren no revelar su identidad han recibido intimidaciones similares: “Señor, señora, no siga hablando mucho para que pueda vivir unos añitos más. Cuidado se queda sin casa y sin vida también”, cuenta el abogado que le han dicho. Entretanto, él y Jay Stephens interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, buscan hacer eco de estos hechos ante organismos internacionales y están tramitando una solicitud de esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección.

 

Sobrepoblación de agentes estatales armados y no armados

Al aterrizar en Providencia, se intuye que el desastre provocado por Iota aumentó el número de miembros de la Fuerza Pública: en el aeropuerto se ven hileras de militares y camiones de la Armada Nacional, y por los caminos y en las playas hay más. Los habitantes hablan de que, antes del huracán, era posible contar a los uniformados con los dedos de las manos, y ahora ni siquiera saben cuántos hay.

Esta presencia es una parte de la sobrepoblación, alimentada también por el asentamiento de funcionarios, obreros y contratistas: encontrar vehículos para transportarse se volvió muy difícil para los isleños, que de por sí no cuentan con un servicio público eficiente; los tres supermercados de Providencia no alcanzan a abastecer a la población, mientras los precios de los bienes y servicios van en alza y se vuelven imposibles para los locales, y la cultura de tranquilidad y cordialidad entre los providencianos se va perdiendo debido a la presencia de extraños, muchos de ellos con armas, que les generan temor y desconfianza.

La sobrepoblación se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que las autoridades de las islas le han pedido al Gobierno limitar sus visitas a Providencia por el aumento de casos de Covid-19. El 21 de noviembre había 44 casos activos, una cifra gravísima, teniendo en cuenta que el hospital todavía está en ruinas y que, hasta hace un par de semanas, las camas UCI de San Andrés habían llegado al 100 % de ocupación.

 

¿Base de guardacostas a toda costa?

La presencia del Gobierno por un año más genera otro tipo de preocupaciones en la población. La construcción de la base de guardacostas a la que Jay Stephens, Castell y una gran parte de la población se han opuesto pretende llevarse a cabo, pese a que la comunidad dijo “no” por medio de una consulta previa hace seis años, y pese a que la obra tendría lugar en un predio de conservación donde desemboca el arroyo más importante de Providencia (el Bowden) y sobre el punto en el que la Cooperativa de Pescadores de Providencia tenía un muelle donde anclaba sus embarcaciones.

Los pescadores artesanales no han podido retomar sus actividades desde allí, en parte porque su muelle fue arrasado por Iota, pero también porque la Armada Nacional, aprovechando la permisividad de la declaratoria de desastre en las islas, levantó su propio muelle y limitó el paso de los miembros de la Cooperativa. La intención de la Armada es la construcción de una nueva base de guardacostas, a pesar de que la Corporación para el Desarrollo Sostenible (CORALINA) le ordenó cancelar el proyecto dada la afectación que genera en el ecosistema, y la Secretaría de Planeación del Municipio ha enviado oficios aduciendo lo mismo y pidiendo que se respete el derecho a la consulta previa de los raizales.

Los pescadores, en cabeza de Jay Stephens, han hecho resistencia. Día y noche prestan guardia desde unas carpas a las que llamaron Campamento de La Dignidad. Desde allí vigilan que el espacio de la Cooperativa no termine de perderse por la ocupación de la Armada y que las obras (que hasta ahora son un muelle) no continúen ni se amplíen.

 

Sin condiciones de habitabilidad

Providencia

Zona de obra del nuevo Puente de los Enamorados, que conectará a Providencia con Santa Catalina. Esta obra fue contratada en 2019, mucho antes del paso del huracán Iota por las islas.

Hoy, Providencia también es una isla devastada. El huracán Iota arrasó con las viviendas. Muchas de las que lograron conservar columnas y elementos de estructura ya fueron levantadas por el Gobierno o por sus propietarios, pero las demás siguen en ruinas o todavía no son habitables. Es por ello que, tras un año del desastre, muchas familias todavía viven en carpas. En el interior de estas casas improvisadas apenas cabe una cama, una especie de cocina y un espacio para baño.

Las casas que ya están en pie han sido construidas sin tener en cuenta la perspectiva de los pobladores ni sus formas tradicionales de hacer de sus viviendas escudos contra tormentas y huracanes. Con Iota, muchas familias lograron sobrevivir porque se ocultaron en las cisternas dentro de las que ancestralmente recogían agua de lluvia. Sin embargo, el Gobierno decidió taparlas con la promesa de que, tras años de incumplimientos y olvido, en Providencia habrá acueducto. La gente poco confía en que esto se lleve a cabo, y en cambio recuerdan cuando en 2005 llegó un barco con materiales para llevar agua potable a la isla, pero nada se concretó. Hoy la gente solo tiene la opción de comprar botellas de plástico con agua para hidratarse y alimentarse, botellas que al final se vuelven basura imposible de procesar para una isla pequeña.

En ese sentido, también es común encontrar desperdicios, tejas rotas y ladrillos cerrados por medio de barreras de teja metálica. Son tantos y nada ocurre con ellos, que en Providencia hay proliferación de ratas.

La seguridad alimentaria tampoco está garantizada. Los pocos supermercados que hay no logran abastecer a los locales y a los foráneos, hay escasez de las frutas y verduras que llegan desde el interior de Colombia y los pescadores perdieron sus lanchas o aún no consiguen los sofisticados sistemas de refrigeración que necesitan para poder proveer de pescado a tanta gente.

Lejos de satisfacer las necesidades de vivienda, los providencianos sienten que la presencia de funcionarios, obreros y fuerza pública es más bien una invasión.

 

Destrucción de los ecosistemas

Providencia

Después del huracán Iota, los manglares de Providencia y Santa Catalina murieron. Ahora, la población local, busca recuperarlos a través de programas de siembra.

Antes del paso de Iota, el aterrizaje a la isla de Providencia era un espectáculo: desde el avión se veía el bellísimo contraste entre el mar y el verde profundo del manglar y el bosque seco tropical. Ahora, aunque la isla reverdece poco a poco, importantes ecosistemas, como los manglares y arrecifes de coral, siguen destruidos y debilitados.

Más allá del tema paisajístico, la pérdida de esta riqueza natural es un asunto determinante para la prevención de futuros desastres y para la supervivencia de los pobladores de las islas. Los manglares no solo protegen de las mareas y huracanes, sino que sirven de jardín para especies marinas cuando están en sus primeras etapas de vida. Sin los manglares, no solo habrá más desastres, sino que habrá menos pesca y menos disponibilidad de alimento para la gente.

Aunque la recuperación de manglares va en marcha, los habitantes de Providencia y Santa Catalina necesitan más recursos y asistencia para sembrar, ellos mismos, las semillas y plántulas, pues se evidencia que, para el Gobierno, este no es un asunto central . Priman el cemento, las obras sin proyección en el largo plazo y la militarización. Por eso, la conclusión de las personas que entrevistamos para el documental ‘Providencia: la tormenta después del huracán’, es que la visión propia, ancestral, de pensar la recuperación de las islas debería estar en el corazón de la estrategia del Gobierno, y al no estar, la autonomía y el futuro de los providencianos está en vilo.

 


Mira el documental Providencia: la tormenta después del huracán:

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