La educación es la herramienta primordial para construir equidad, superar la pobreza y lograr la inclusión social. La llegada de cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano ha presentado el reto de garantizar a los más jóvenes la posibilidad de ingresar y permanecer en el sistema educativo. El acceso a la educación es fundamental para el desarrollo pleno de las niñas,  niños y adolescentes (NNA) independientemente de su nacionalidad. La ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares son algunas de las barreras que han limitado su escolarización.

En el documento “Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano” las investigadoras Lucía Ramírez Bolívar, Silvia Ruiz y Valentina Rozo indagan sobre los avances, los retos y las recomendaciones para el disfrute del derecho a la educación de esta población .

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La Constitución Política de Colombia establece que la población migrante y refugiada tiene los mismos derechos que los nacionales colombianos y, en consecuencia, no podrán recibir un trato discriminatorio debido a su origen nacional. En particular, el Estado debe garantizar los derechos de los NNA por ser sujetos de especial protección, y las medidas que tome deben estar guiadas por el principio del interés superior del niño y la niña. Dado que el derecho a la educación es uno de los más importantes durante la infancia y la adolescencia, se deben tomar medidas para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres y madres.

Los esfuerzos que ha adelantado el Gobierno han permitido que miles de NNA provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo colombiano. Sin embargo, el documento identifica las barreras normativas y de implementación que persisten y limitan  la garantía efectiva de este derecho a quienes no logran acceder al sistema, o a quienes habiéndolo hecho no pueden avanzar y finalizar sus estudios. Estas barreras se deben, por un lado, a las dificultades para certificar y finalizar los estudios, y, por el otro, a factores que impactan la permanencia en el sistema educativo, situaciones que pueden empujar a que NNA abandonen sus estudios.

A partir de estos hallazgos, el documento formula cinco recomendaciones de política pública que le permitirán al Gobierno colombiano avanzar y consolidar los esfuerzos adelantados hasta ahora. Las cinco recomendaciones se centran en:

1. Fortalecer las rutas de acceso y promoción: establecer rutas de regularización migratoria que sean accesibles, permanentes, de largo plazo y que respondan a las realidades de las personas migrantes provenientes de Venezuela.

2. Fortalecer y ampliar los procesos de capacitación con las secretarías de educación y las instituciones educativas: formación sobre las normas relacionadas con el acceso, la permanencia y la promoción de NNA migrantes en el sistema educativo, así como la implementación y el uso de sistemas de información.

3. Fortalecer sistemas de búsqueda de NNA que estén por fuera del sistema educativo: reconocer quiénes son y dónde están, así como las características principales de su relación con el sistema educativo con el fin de ser incorporados.

4. Establecer procesos que faciliten la convalidación de grados: reformar el Decreto 1075 de 2015 para establecer estos lineamientos y estándares. Dar alcance a la Circular 016 de 2018 clarificando y dando a conocer los lineamientos allí establecidos.

5. Recolectar cifras que sirvan para el diseño e implementación de políticas y programas educativos: obtención de cifras y causas de desescolarización de los NNA migrantes, caracterizar los conocimientos e identificar a la población que necesite un enfoque diferencial.

Este informe analiza la información recogida en campo que incluyó la realización de entrevistas semiestructuradas a Secretarías de Educación, padres y madres de familia, personal de instituciones educativas y de organizaciones que trabajan con población migrante, en once entes territoriales que han recibido un número importante de NNA migrantes  (Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Ipiales, Pasto, Puerto Carreño, Arauca, Villa del Rosario, Soledad, Riohacha y Maicao). Los resultados se discutieron con un grupo de expertos del  sector educativo integrado por funcionarios del Gobierno nacional, organizaciones internacionales y académicos.

Aún existen limitaciones que nos impiden ver los frutos de la educación como una herramienta fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades, por eso esperamos que este documento sirva para que los tomadores de decisión puedan generar políticas, planes y programas para garantizar este derecho, con un enfoque diferenciado, libre de discriminación, y con atención especial a las poblaciones vulnerables.