Las dificultades para acceder a un estatus migratorio regular, bajos salarios, discriminación y extensas jornadas de trabajo son algunas de las barreras que enfrentan las personas migrantes y refugiadas venezolanas para la garantía de su derecho al trabajo. Si bien el Estado colombiano ha desarrollado programas y políticas para promover la integración socioeconómica de esta población, aún persisten retos legales, sociales y culturales que no sólo limitan su acceso a un trabajo decente, sino su permanencia en él.

Colombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), cerca de 7 millones de personas han salido de Venezuela y el 36% de ellas se encuentran en Colombia.

El proceso migratorio implica retos importantes para el país, que no contaba con la experiencia y la infraestructura necesarias para atender las necesidades de esta población, en particular de quienes enfrentan marginación socioeconómica. Esta marginación resulta no solo de su situación económica, sino también de la ausencia de mecanismos permanentes que les permitan acceder a un estatus migratorio regular –requisito para acceder a un empleo formal– y la limitada prestación de servicios sociales que faciliten la satisfacción de necesidades básicas mientras las personas logran autosostenerse.

La investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? — elaborada por Lucía Ramírez Bolívar, Lina Arroyave Velásquez y Jessica Corredor Villamil — parte de la tesis de que para lograr la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas es necesario promover su inclusión laboral, puesto que este mecanismo no solo impacta de manera positiva en la garantía de los derechos de esta población y en su integración en los países receptores, sino que, además, a través de la integración socioeconómica y en particular de la inclusión laboral, se pueden evitar los impactos negativos de la migración.

Sin embargo, el contexto del país en materia laboral es incierto y hostil. El mercado laboral se caracteriza por altas tasas de desempleo e informalidad. Estos problemas se han acentuado a causa de los efectos de la pandemia como son la caída de la producción en diferentes sectores económicos, la reducción del consumo privado y la pérdida de empleos. Además, la necesidad de atender la emergencia, sumado a las medidas de confinamiento, afectaron la implementación de las estrategias de inclusión laboral propuestas por el gobierno en 2019.

Estas dificultades se acentúan y se replican a mayor escala en el caso de la población migrante reciente y permanente, cuyas tasas de desempleo en 2021, respectivamente, fueron de 24,4 y 13,7%. Las cinco ciudades de Colombia con mayor número de personas migrantes y refugiadas venezolanas de acuerdo con Migración Colombia son Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. La explotación laboral es recurrente: frente a las horas trabajadas a la semana, en todo el país, una persona venezolana trabaja en promedio más de 40 horas semanales y la brecha salarial se acentúa. Tanto así que, por cada 100 COP pagados por hora trabajada a un colombiano, solo en Cali y las zonas rurales las personas venezolanas reciben 60 COP.

Algunas barreras que tienen que sortear las personas migrantes en Colombia

1. Ausencia de un estatus migratorio regular y dificultades para poder mantenerlo

2. Las personas solicitantes de refugio no están autorizadas para trabajar

3. Dificultades para mantener una visa

4. Trámite de la convalidación de títulos profesionales y expedición de tarjetas profesionales

5. Xenofobia

6. Acceso a redes de contactos, referencias personales y certificación de la experiencia previa

7. Falta de información de las y los empleadores sobre el sistema migratorio y la forma de contratación de personas extranjeras

8. Explotación laboral

9. Desconocimiento de la oferta de apoyo al emprendimiento

10. Limitado acceso a financiamiento, crédito y dificultades para la inclusión financiera

La integración socioeconómica y la inclusión laboral de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia es una de las tareas más importantes que tendrá el país en los próximos años y que requiere del trabajo colectivo de muchas personas en diferentes sectores de la sociedad. Por eso, la investigación ofrece una serie de recomendaciones de política pública dentro de las que se destacan las siguientes:

1. Fortalecer la coordinación institucional a nivel nacional y local

2. Promover la participación ciudadana

3. Fortalecer los procesos de sensibilización y acompañamiento al sector empresarial

4. Articular los sistemas de información sobre población migrante

5. Garantizar la inclusión financiera

6. Prevenir y condenar la xenofobia

7. Incluir medidas de enfoque diferencial en las políticas y programas de generación de ingresos de la población migrante y refugiada

8. Fortalecer y ampliar la cobertura de los programas de política social

9. Adelantar intervenciones dirigidas a las comunidades de acogida y no sólo a las personas migrantes y refugiadas.

10. Fortalecer y ampliar los procesos de formación en derechos y empoderamiento de las personas migrantes y refugiadas.

Tendremos tres lanzamientos de esta investigación en las ciudades de Santa Marta, Cali y Bogotá. En estos espacios conversaremos con personas migrantes, autoridades, sector privado y academia y el sector privado sobre los avances, barreras y retos para lograr la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada en Colombia. Serán el 13, 20 y 21 de septiembre de 2022 respectivamente.

Hablemos de ser persona migrante o refugiada y trabajar en Colombia ?

El proceso migratorio implica retos importantes para el país, que no contaba con la experiencia y la infraestructura necesarias para atender las necesidades de esta población. Tenemos algunas recomendaciones: pic.twitter.com/q7BnNsBuh5

— Dejusticia (@Dejusticia) September 15, 2022

Estaremos también en Bogotá, el 21 de septiembre, en la sede de Dejusticia. pic.twitter.com/6PA6D1F7IR

— Dejusticia (@Dejusticia) September 15, 2022

Esta investigación se desarrolló gracias al generoso apoyo e interés de la Embajada de Suiza en Colombia – Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE). Las opiniones y contenidos de esta publicación son propiedad de sus autoras, y no necesariamente reflejan la posición oficial de la Embajada de Suiza en Colombia o del Gobierno suizo.