En el año 2000 se aprobó en Colombia una ley destinada a promover la participación igualitaria de las mujeres en los más altos cargos del Estado, mediante la adopción de una cuota que exige que al menos el 30% de los cargos del poder público sean ocupados por mujeres.
La Ley 581, conocida como Ley de Cuotas, fue aprobada en medio de un gran debate nacional. Mientras que para algunos sectores, y en especial para el movimiento de mujeres, esta Ley constituía un avance fundamental en la búsqueda de la igualdad en materia de participación política y representación de las mujeres, para otros sectores era inaceptable, pues implicaba establecer un privilegio injustificado a favor de ellas.
Diez años después de su entrada en vigencia vale la pena preguntarse qué ha pasado con la mencionada ley y con las expectativas y escepticismos que suscitó su aprobación. ¿Se ha logrado aumentar el nivel de participación de las mujeres en la Administración pública? ¿Se han cumplido de manera integral la Ley y todos los mandatos que se derivan de la misma? ¿Ha tenido algún impacto en la promoción efectiva de la participación de las mujeres?
Este documento pretende explorar cuáles han sido los efectos de la Ley de Cuotas en Colombia (Ley 581 de 2000). Nuestra hipótesis es que, luego de diez años de su entrada en vigencia, la Ley de Cuotas ha mostrado múltiples e importantes efectos instrumentales y simbólicos. Sin embargo, no ha sido cumplida de manera integral y, de hecho, muchos de sus mandados han tenido un bajo cumplimiento. Esta situación se debería, al menos en parte, a la existencia de múltiples obstáculos en su implementación que se derivan de factores tanto culturales como institucionales y normativos.
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