Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú

Foto: Sonny Abesamis

Más de dos décadas después de iniciadas las reformas penales en América Latina, la aplicación de la detención preventiva sigue generando fuertes tensiones, pues enfrenta la aplicación de principios del Estado Democrático y constitucional de derecho (tales como la presunción de inocencia, el plazo razonable del juicio, y la privación de la libertad como última ratio), de un lado, con la necesidad de contar con políticas eficaces para de seguridad ciudadana y sanción del delito, del otro. Dicho enfrentamiento es claro en los cuestionamientos de los medios de comunicación a la forma como los sistemas judiciales aplican esta figura, pues los mismos han entendido al garantismo como un sinónimo de impunidad, y endurecimiento de los regímenes de detención prisión preventiva como respuesta a los problemas de seguridad ciudadana. En ese contexto, la independencia de los funcionarios judiciales para decidir respecto de estas medidas termina siendo seriamente afectada. En ese contexto, la Fundación para el Debido Proceso Legal –DPLF-, coordinó investigaciones simultáneas en cuatro países de la región (Argentina, Colombia, Ecuador y Perú) tendientes a reflexionar sobre dos problemáticas: 1. Una insuficiente independencia judicial frente a 2. La aplicación extendida de la prisión preventiva por razones no justificadamente cautelares. El libro que se presenta a continuación es el resultado de las investigaciones en cada uno de los cuatro países. Además de contar con un análisis basado en los estándares internacionales que configuran la prisión preventiva y que están incorporados en la mayoría de legislaciones nacionales, el libro cuenta con un análisis comparativo que estuvo a cargo del reconocido consultor Luis Pásara, quien condensa las tendencias comunes y formula propuestas para responder institucionalmente al problema en la región. En el capítulo de Colombia, que estuvo a cargo de Dejusticia, partimos de la hipótesis de que los funcionarios judiciales son, en menor o mayor medida, vulnerables a presiones externas, legítimas e ilegítimas, que les dificultan interpretar y aplicar razonablemente la normatividad de la detención preventiva. Dichas presiones ocurren a través de diferentes vehículos (como por ej. los medios de comunicación o los procesos sancionatorios), y sumadas a la vulnerabilidad en la que se encuentran en ocasiones los funcionarios, llevan a que al menos en casos paradigmáticos los operadores judiciales –incluyendo a veces los de altos rangos-, desconozcan la excepcionalidad y carácter cautelar de la prisión preventiva. Para ejemplificar esta situación nos basamos en el estudio que hicimos de la evolución de procesos judiciales de alta resonancia en los medios de comunicación, como los de las ejecuciones extrajudiciales, el caso del ex Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, el Carrusel de la Contratación y el proceso del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, entre otros. El capítulo termina con la presentación de conclusiones y recomendaciones de alternativas de política pública que podrían ser consideradas por la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura como forma de solventar la ausencia de mecanismos de protección para los funcionarios judiciales.

Más de dos décadas después de iniciadas las reformas penales en América Latina, la aplicación de la detención preventiva sigue generando fuertes tensiones, pues enfrenta la aplicación de principios del Estado Democrático y constitucional de derecho (tales como la presunción de inocencia, el plazo razonable del juicio, y la privación de la libertad como última ratio), de un lado, con la necesidad de contar con políticas eficaces para seguridad ciudadana y sanción del delito, del otro. Dicho enfrentamiento es claro en los cuestionamientos de los medios de comunicación a la forma como los sistemas judiciales aplican esta figura, pues los mismos han entendido al garantismo como un sinónimo de impunidad, y endurecimiento de los regímenes de detención prisión preventiva como respuesta a los problemas de seguridad ciudadana. En ese contexto, la independencia de los funcionarios judiciales para decidir respecto de estas medidas termina siendo seriamente afectada.

En ese contexto, la Fundación para el Debido Proceso Legal –DPLF-, coordinó investigaciones simultáneas en cuatro países de la región (Argentina, Colombia, Ecuador y Perú) tendientes a reflexionar sobre dos problemáticas: 1. Una insuficiente independencia judicial frente a 2. La aplicación extendida de la prisión preventiva por razones no justificadamente cautelares. El libro que se presenta a continuación es el resultado de las investigaciones en cada uno de los cuatro países. Además de contar con un análisis basado en los estándares internacionales que configuran la prisión preventiva y que están incorporados en la mayoría de legislaciones nacionales, el libro cuenta con un análisis comparativo que estuvo a cargo del reconocido consultor Luis Pásara, quien condensa las tendencias comunes y formula propuestas para responder institucionalmente al problema en la región.

En el capítulo de Colombia, que estuvo a cargo de Dejusticia, partimos de la hipótesis de que los funcionarios judiciales son, en menor o mayor medida, vulnerables a presiones externas, legítimas e ilegítimas, que les dificultan interpretar y aplicar razonablemente la normatividad de la detención preventiva. Dichas presiones ocurren a través de diferentes vehículos (como por ej. los medios de comunicación o los procesos sancionatorios), y sumadas a la vulnerabilidad en la que se encuentran en ocasiones los funcionarios, llevan a que al menos en casos paradigmáticos los operadores judiciales –incluyendo a veces los de altos rangos-, desconozcan la excepcionalidad y carácter cautelar de la prisión preventiva.

Para ejemplificar esta situación nos basamos en el estudio que hicimos de la evolución de procesos judiciales de alta resonancia en los medios de comunicación, como los de las ejecuciones extrajudiciales, el caso del ex Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, el Carrusel de la Contratación y el proceso del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, entre otros. El capítulo termina con la presentación de conclusiones y recomendaciones de alternativas de política pública que podrían ser consideradas por la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura como forma de solventar la ausencia de mecanismos de protección para los funcionarios judiciales.

Conozca el texto completo aquí: vinculo

Powered by swapps