Es momento de que los Estados apliquen políticas fiscales expansivas con un enfoque progresivo y de derechos humanos, que logren garantizar los DESC de los hogares más vulnerables, y, al mismo tiempo, estimular la economía protegiendo el empleo y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.
Los países del Sur global, que estaban menos preparados para proteger los derechos de su población ante la pandemia, enfrentan enormes retos en estos momentos para contener el virus y no provocar un colapso sin precedentes de su economía en el intento. Esto ocurre en gran medida por dos factores característicos y fundamentales: la desigualdad y la poca cantidad de recursos públicos con los que cuentan.
Estos dos factores han dejado a los gobiernos de estos países frente a un dilema. De un lado, si se mantienen las medidas de cuarentena por mucho tiempo, el Estado cuenta con recursos muy limitados para mitigar los impactos económicos que recaen –y que se intensifican por sus altos niveles de desigualdad–, en la población de menores ingresos y con mayor vulnerabilidad en cuanto al goce efectivo de derechos fundamentales. Por otro lado, si se relajan las medidas de distanciamiento social, la alta desigualdad e informalidad provocará que la población más expuesta a los impactos del virus sean nuevamente las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Ambos casos, presentan un escenario de injusticia evidente.
Este documento tiene como objetivo abordar brevemente las razones estructurales y de economía política que han llevado a los países del Sur global a esta situación; asimismo, busca plantear propuestas y oportunidades para mitigar los impactos de la pandemia y cambiar el paradigma dominante que ha llevado el escenario actual.
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