Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada

Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Sin embargo, uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es el que hace referencia a la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos.

Este trabajo intenta ponderar los imperativos que los autores han denominado como una justicia para la paz, entendiendo la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas, pero también teniendo en cuenta una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es éticamente superior a aquella conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de los derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.