La buena fe en la restitución de tierras

El proceso de restitución de tierras, creado con el fin de revertir el abandono y despojo de tierras que han sufrido los campesinos en las últimas décadas, incorpora una serie de principios como la buena fe y la inversión de la carga de la prueba en los procesos de restitución. Esto implica que el Estado tiene el deber de presumir la buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba que les exige. Además, esta ley prevé mecanismos para evitar la legalización de predios y el pago de compensaciones a quienes apoyaron los desplazamientos o se aprovecharon del contexto de violencia para adquirir u ocupar los predios.

Este estudio busca explorar los diferentes problemas jurídicos que suscita la aplicación de estos conceptos con respecto a los diferentes tipos de personas que interviene en el proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que los predios reclamados han sido ocupados tanto por los opositores contemplados en la Ley 1448 de 2011 (victimarios y sujetos o empresas calificadas), como por campesinos en estado de vulnerabilidad, sujetos de especial protección constitucional y otras víctimas del conflicto armado. Esta situación que no fue prevista inicialmente por la norma, ha requerido de esfuerzos adicionales de los jueces y magistrados para crear otras reglas que armonicen sus decisiones con la Constitución, los estándares internacionales y la protección de los derechos fundamentales.