Foto: Sonny Abesamis

Tercer informe de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013

Dejusticia | febrero 7, 2018

Este informe de seguimiento a la crisis carcelaria aborda el hacinamiento, la crisis en salud, algunos problemas en la fase de juzgamiento y de ejecución de la pena, y elabora un análisis de dos grupos poblacionales: la población pospenada y los adultos mayores.

 

El pasado 6 de febrero de 2018, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 – de la que Dejusticia hace parte, junto con otras instituciones y personas – radicó ante la Corte Constitucional su tercer informe de seguimiento a la crisis carcelaria, con el fin de evidenciar problemas que impactan de manera grave la vida y los derechos de las personas en reclusión.

En materia de hacinamiento, la Comisión encontró que según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la cifra global para junio de 2017 era de 46,9%, pero en cuatro centros de reclusión superan tasas del 300% de hacinamiento. Sin embargo, al analizar la situación por cada patio, se encontraron hacinamientos más graves: por ejemplo, para abril del 2017 los patios 3 y 5 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar registraban hacinamientos del 577,5% y 718,2% respectivamente, según fue reportado por el INPEC en la respuesta a un derecho de petición.

La crisis en salud también continúa. El informe ilustra como la implementación del nuevo modelo de salud no ha permitido cubrir las necesidades de los internos, quienes siguen solicitando tratamientos médicos vía tutela. También reporta que existen cárceles desabastecidas de medicamentos y otros insumos, situación denunciada por el sindicato del INPEC y confirmado por la Defensoría del Pueblo. A esto se agrega  la dificultad para la asignación de citas, la falta de atención de especialistas y atención especial para adultos mayores o madres gestantes, entre otros.

La Comisión encontró que según el INPEC, para junio de 2017 un 30,8% de la población recluida en los establecimientos de reclusión del orden nacional estaba bajo detención preventiva, es decir, 35.650 personas. De estas el INPEC reporta que 23.683 personas  llevan menos de 15 meses detenidas, mientras que 11.967 llevan detenidas más de este tiempo.

En materia de la fase de ejecución, además de analizar la contratación en materia de servicios alimenticios, la Comisión presenta un análisis del Reglamento General del INPEC, expedido en 2016. La Comisión encontró disposiciones problemáticas, entre las cuales está el condicionamiento de la dotación del establecimiento por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC – a la disponibilidad presupuestal, la aparente eliminación de la limpieza del establecimiento como trabajo remunerado y de redención, o la limitación a la cantidad de dinero que una persona en reclusión puede recibir y gastar.

A estos hallazgos se agregan análisis sobre el incumplimiento reiterado de los contratos de alimentos para las personas en reclusión, la falta de apoyo del Estado a la población pospenada y la situación de los adultos mayores recluidos. Todo lo anterior ha llevado a la Comisión a concluir que 4 años después de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en 2013, este aún persiste.


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