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La paradoja punitiva: Las medidas alternativas al encarcelamiento y la política criminal inflacionaria en Colombia

Foto: Sonny Abesamis

Ampliar y corregir los problemas de las medidas alternativas en Colombia no solo son una forma de enfrentar el hacinamiento carcelario y la crisis, sino también un camino para romper el círculo vicioso de una política criminal centrada en la seguridad y la fuerza.

A pesar de ser valores fundacionales de los Estados de derecho y las democracias modernas, la libertad y la dignidad humana parecen convertirse en poco más que ilusiones cuando se habla de derecho penal y de la situación de las cárceles de América. Las cárceles de nuestro continente presentan un cruel contraejemplo a los derechos humanos con sus corredores y celdas hacinadas, su violencia, sus deplorables condiciones de salubridad y la proliferación de enfermedades como la tuberculosis.

En América, la paradoja de proteger derechos sacrificando derechos se ha materializado de manera dramática. En primer lugar, porque en la actualidad el nuestro es el continente que más priva de la libertad a su población, incluso cuando es usual que sus prisiones violen masivamente los derechos humanos. Según el World Prison Brief, en 2018, 376 de cada 100.000 habitantes del continente se encontraban privados de su libertad, tasa que es más del doble del promedio mundial (de 145 cada 100.000 habitantes).

Pero, además, América es también el continente en el que el encarcelamiento aumenta más rápidamente. Sin contar a Estados Unidos, que es el país que tiene la población carcelaria más grande del planeta (aunque ha dejado de aumentar recientemente), entre 2000 y 2018 la población privada de la libertad de América aumentó en un 121,2 %, a pesar de que el aumento promedio en todo el mundo fue solo del 24 % (Institute for Criminal Policy Research & Birkbeck Univesity of London, 2018).

Aunque Colombia no encabeza las listas de países con el hacinamiento carcelario más alto, sus prisiones no han estado ajenas a padecer los problemas de la inflación punitiva. Debido al hacinamiento y a la violación generalizada de los derechos fundamentales en las prisiones y cárceles del país, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (una situación de vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales en ya tres ocasiones: en 1984, en 2013 y en 2015, siendo esta última una reiteración del estado generalizado de crisis.

Así, frente a esta paradoja punitiva, ampliar y corregir los problemas de las medidas alternativas en Colombia no solo son una forma de enfrentar el hacinamiento y la crisis, sino también un camino para romper el círculo vicioso de una política criminal centrada en la seguridad y la fuerza.


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