Con este estudio se pretende hacer una contribución empírica y rigurosa a las investigaciones sobre IVE.
A partir de la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas, el sistema jurídico colombiano empezó a reconocer que las mujeres que se encuentran en dichas situaciones tienen el derecho fundamental a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y que el Estado tiene obligaciones destinadas a garantizarles este derecho. Entre estas obligaciones se encuentran el diseño de una normatividad que favorezca el acceso al derecho, y la prestación de servicios oportunos y seguros de salud por parte del Sistema General de Seguridad Social.
Con este estudio pretendemos hacer una contribución empírica rigurosa a las investigaciones sobre IVE, y ofrecer al sector de la salud algunas recomendaciones que permitan superar los obstáculos que impiden que las mujeres puedan contar con servicios de IVE dignos, seguros, oportunos y que no pongan en riesgo su salud, su vida e integridad. Además, esperamos responder a las dudas que se tienen sobre el cumplimiento del Estado con las obligaciones que tiene para garantizar el acceso a los servicios de IVE.
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