El desplazamiento forzado y el despojo de tierras en Colombia han tenido unas consecuencias devastadoras, que hoy el Estado trata de revertir a través de medidas de atención y reparación a las víctimas previstas en la Ley 1448 de 2011.
En «Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras» se encuentran los resultados de una investigación acerca de las ocupaciones secundarias en el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011, elaborado a partir del análisis a profundidad de algunos casos en el departamento de Sucre.
En el curso de la investigación se identificaron y analizaron dos problemáticas relacionadas: las dificultades de implementación de la política pública de restitución de tierras, particularmente las que han surgido a raíz de la situación de los segundos ocupantes vulnerables y la respuesta estatal que se le ha dado a la problemática, así como la situación de aqullas personas que, sin estar en una condición de vulnerabilidad socioeconómica en el presente, podrían legítimamente solicitar una atención del Estado para evitar una acción con daño.
El principal planteamiento es que existe una respuesta institucional a los problemas asociados a los segundos ocupantes, pero que se observan fallas en la implementación de dicha respuesta institucional al menos en dos niveles: en primer lugar, en relación con los segundos ocupantes vulnerables, frente a los cuales se identifican algunas barreras de acceso que dificultan su efectiva y temprana atención, y que involucran la actividad de varias instituciones competentes dentro del proceso de restitución de tierras; en segundo lugar, en relación con otro tipo de segundos ocupantes que, sin ser vulnerables, legítimamente merecerían recibir la atención del Estado, pues como efecto de la restitución podrían caer en lo que acá se denomina como vulnerabilidad sobreviniente.
Frente a estos es posible y legítimo, por vía de interpretación, que se les reconozcan y apliquen las mismas medidas desarrolladas para los segundos ocupantes vulnerables.
«El desplazamiento forzado y el despojo de tierras en Colombia han tenido unas consecuencias devastadoras, que hoy el Estado trata de revertir a través de medidas de atención y reparación a las víctimas previstas en la Ley 1448 de 2011. El reto no ha sido de menor envergadura: se trata de más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado y, por citar la cifra más conservadora, de alrededor de 1,2 millones de hectáreas de tierras y territorios despojados como consecuencia directa o indirecta del conflicto armado».
Autores