Contagiarse o morir de hambre es el dilema de muchas personas cuyo acceso a alimentos se ve seriamente comprometido con la nueva coyuntura sanitaria que, según el informe global sobre crisis alimentarias del Programa Mundial de Alimentos (PMA), arrojaría a unos 130 millones de personas adicionales a la hambruna.
Ante la pandemia del coronavirus, los Estados han impuesto medidas de confinamiento y restricciones a la libre circulación para aplanar la curva de contagios, medidas que generan disrupción en los sistemas alimentarios y ponen en riesgo el ingreso y empleo de muchas familias. Contagiarse o morir de hambre es el dilema de muchas personas cuyo acceso a alimentos se ve seriamente comprometido con la nueva coyuntura sanitaria que, según el informe global sobre crisis alimentarias del Programa Mundial de Alimentos (PMA), arrojaría a unos 130 millones de personas adicionales a la hambruna. En Colombia, a finales de mayo de este año, casi un millón de personas, afectadas por los impactos socioeconómicos de la pandemia, habían enviado solicitudes al PMA para recibir ayudas alimentarias.
El derecho a la alimentación es el derecho que tenemos todas y todos a tener acceso físico y económico a alimentos adecuados en todo momento. Este derecho puede verse amenazado por situaciones que escapan de nuestro control, como las catástrofes o crisis. Con el fin de proteger a la población en contra del hambre durante la pandemia de la Covid-19, los gobiernos de todo el mundo han activado estrategias y planes de alimentación. En Colombia han sido varias las políticas ordinarias y extraordinarias que se han articulado a nivel nacional y territorial para la seguridad alimentaria durante la pandemia del coronavirus.
Este documento forma parte de la serie de publicaciones Del Miedo a la Acción, una aproximación que busca comprender los efectos de la Covid-19 en los derechos humanos y proponer alternativas para minimizar sus impactos. Este informe tiene como objetivo analizar las políticas de asistencia alimentaria dirigidas por el Estado colombiano para atender a la población más vulnerable, sus aciertos y dificultades, a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, y brindar recomendaciones de política pública al gobierno nacional y los gobiernos territoriales sobre cómo garantizar el derecho a la alimentación de la población en el marco de esta emergencia sanitaria.
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