Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica.
Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse. En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la vida productiva en el campo, sin los cuales no sería posible garantizar el retorno en condiciones dignas y duraderas y lograr un desarrollo económico e inclusión social democrática.
Lo anterior no exige necesariamente la existencia de políticas públicas de carácter social exclusivamente diseñadas para las víctimas restituidas, sino la formulación de políticas sociales lo suficientemente comprehensivas y flexibles que permitan adaptarse a las necesidades y exigencias que la atención y protección de la población víctima requiere. En este sentido, nuestras reflexiones constituyen un insumo para identificar los posibles ajustes que requiere esta política, tarea urgente teniendo en cuenta la temporalidad de la ley,14 y la posible implementación del acuerdo de paz con las FARC que ha trazado como uno de sus objetivos fortalecer y dinamizar los procesos de restitución de tierras en un escenario de fin del conflicto.
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