Sistema de justicia territorial para la paz

En varias regiones de Colombia el Estado no se encuentra completamente consolidado, pues allí la sociedad no está completamente pacificada, el Estado de derecho no se ha impuesto, el Estado no se ha democratizado y la desigualdad social no se ha superado. Lo que hace aún más difícil la tarea de fortalecimiento estatal y construcción de un Estado social y democrático de derecho en estos territorios es que los propósitos de pacificación, limitación del poder, democratización y búsqueda de cierta igualdad material deben perseguirse simultáneamente y no de manera escalonada, que sería una forma más sencilla. En otras palabras, el fortalecimiento del Estado en Colombia no se puede alcanzar “desconociendo los principios del Estado de derecho, bloqueando la participación democrática u olvidando la justicia social” (Uprimny, 2001, p. 95). Por eso, el diseño y la implementación de un sistema de justicia robusto es una tarea imprescindible en la labor titánica de afianzar el Estado social y democrático de derecho en las regiones del país en las que este propósito no se ha logrado.

Y entre todas las tareas que el Estado debe realizar para construir una paz estable y duradera, el sistema de justicia no puede ser olvidado. En todo caso, pese a su importancia, existen otros factores que inciden en el fortalecimiento institucional en todo el territorio nacional.

Pensar pues en un sistema integral de justicia, que ayude en la consolidación del Estado para la construcción de una paz duradera y que funja como mecanismo para, en muchos casos, reemplazar efectivamente a los grupos armados ilegales y evitar su resurgimiento, es el objetivo de este texto, que está dividido en tres partes. En la primera, se presenta un diagnóstico del sistema de justicia en el territorio colombiano. Para ello, se describe su arquitectura, la conflictividad violenta que se presenta en el país, los departamentos y los municipios, y el funcionamiento de la justicia armada. En la segunda parte se muestran dos grandes desafíos que, en nuestra opinión, enfrenta el sistema de justicia: el fortalecimiento de un sistema articulado y legítimo en todo el territorio nacional con énfasis rural; y la superación de la justicia armada1 que opera en muchos lugares. La relevancia de este último tema radica en la constatación de que la comunidad campesina tiene una relación instrumental y no ideológica con los grupos armados ilegales, lo que significa que el Estado debe proveer unos servicios de justicia que sean acordes con las necesidades de los campesinos y que satisfagan sus expectativas, pues, de lo contrario, otros grupos podrían eventualmente surgir y reemplazar al Estado con mecanismos de justicia más sintonizados con la realidad campesina. En la última parte, se presentan unas propuestas de política pública para diseñar e implementar un sistema de justicia que dé respuesta a los retos identificados.

Este libro hace parte de una serie de Documentos para construir la paz, en los que Dejusticia presenta ideas para enfrentar el complejo desafío de construir una paz estable y duradera en el posacuerdo. La colección hace énfasis en diagnósticos y propuestas para el corto y mediano plazo, aunque las transformaciones de fondo tomarán varias décadas. Así como fue preciso un cuarto de siglo para que cristalizara la aspiración pacífica de la Constitución de 1991, pasará otro tanto, incluso más, para terminar de sentar los cimientos de una sociedad menos desigual e injusta donde arraigue, por fin, la paz duradera.  Los documentos de la serie exploran una variedad de temas que corresponden a las líneas de trabajo de Dejusticia. Entre ellos se encuentran la justicia transicional, las políticas de tierras, la justicia ambiental, el acceso a la información, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la justicia de género, la reforma a la justicia, las políticas de drogas y la financiación de la paz.