En la emergencia por la COVID-19 se ha presentado la idea de que la tecnología es el centro de la solución. Sin embargo, el «triunfalismo tecnológico» tiene limitaciones que este nuevo documento de ‘Del Miedo a la Acción’ plantea.
No es algo nuevo. El uso masivo de datos para enfrentar e intentar mitigar los efectos de una pandemia no nace con la covid-19. El brote epidémico de Ébola en África occidental en 2014 mostró ya narrativas y lógicas que se han vuelto familiares en estos tiempos: el uso de datos para el “bien”, la legitimación del Estado como actor de confianza y capacitado para ese uso, la prevalencia de conceptos difusos referentes a la salud pública y la afectación de la privacidad.
El caso del occidente africano muestra también que estas narrativas no son suficientes en sí mismas y requieren coordinación entre actores, investigación previa, debate público transparente y un marco jurídico adecuado1.
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En la pandemia actual se ha presentado la idea según la cual la tecnología es el centro de la solución a la emergencia de salud pública. Se usa la experiencia de otros países como referencia, como ejemplo de éxito, como justificación de los desarrollos digitales, de lo vital de su uso y lo mortal de su ausencia. El caso de Singapur parece paradigmático. Ha sido célebre la aplicación Trace Together y su sistema de rastreo de contactos digital. Sin embargo, Jason Bay, director senior de Government Technology Agency de dicho país y líder de producción de la aplicación, ha advertido sobre las limitaciones de la aplicación, la centralidad de los procesos humanos y el riesgo del “triunfalismo tecnológico”.
Otro caso que resuena como justificación de esta necesidad tecnológica es el surcoreano. No obstante, análisis más detallados han cuestionado las explicaciones que asocian el éxito en dicho país con el mero despliegue de una aplicación2.Además, Corea del Sur no estaba experimentando: el brote de coronavirus-mers en 2015 llevó al Estado asiático a refinar los mecanismos para enfrentar emergencias sanitarias. Es cierto que usaron desarrollos tecnológicos, pero estos se entienden dentro de una política pública más amplia, fruto de la experiencia y en relación con otras medidas y factores contextuales.
Colombia no ha escapado de esta vorágine de tecnología y datos.Se han desplegado iniciativas de recolección masiva de datos tanto a nivel nacional (CoronApp) como departamental (Caldas y Risaralda desarrollaron Esperanzapp) y local (por ejemplo: MedellínMeCuida). Asimismo, se ha recurrido a que compañías y privados participen en el rastreo de contagios. Este es el caso de la obligación en Bogotá de los servicios de taxi o transporte individual de pasajeros de recabar y entregar a la Alcaldía los datos de sus pasajeros.
Adicionalmente, tanto el Gobierno Nacional3 como algunas alcaldías (como Barranquilla o Bogotá) están obligando a los empleadores a llevar registros del estado de salud de sus empleados y reportar a las distintas autoridades. Estos ejemplos dan cuenta de una multiplicidad de iniciativas y actores, en algunos casos, incluso superpuestos. Todos, sin embargo, se basan en una idea discutible: la tecnología y el uso masivo de datos serán factores determinantes en la contención de la pandemia.
Sin embargo, casos como el del Ébola o los recientes de Singapur y Corea del Sur apuntan a la importancia de un uso de la tecnología consciente de sus limitaciones, parte de políticas públicas más comprehensivas, como acompañamiento de medidas no farmacológicas y sistemas de testeo generalizado.
El presente documento introduce y explica algunas de las limitaciones de las iniciativas de tecnología y datos, y busca aportar insumos para el debate público sobre la adecuación y efectividad de dichas iniciativas. El objetivo no es promover la oposición a este tipo de iniciativas. Buscamos reflexionar sobre las limitaciones de las tecnologías digitales en la presente pandemia, en contraposición con las narrativas de solucionismo tecnológico, que pueden ofrecer una falsa sensación de seguridad, inhibir la discusión crítica ciudadana y justificar afectaciones desproporcionadas a derechos fundamentales. Se trata de una reflexión dirigida a promover un escenario de mayor transparencia e incrementar la confianza y apropiación de estas iniciativas, con sus bondades y sus limitaciones.
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