La inesperada decisión del Presidente de destituir a más de dos docenas de miembros del ejército, incluidos tres generales, por sus actuaciones (y omisiones) en relación con las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha es una medida importante para combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Ese tipo de depuraciones de las instituciones estatales, y en particular de la fuerza pública, permiten separar de sus cargos a personas posiblemente involucradas en crímenes graves, cuya permanencia en tales cargos implicaría el grave riesgo de que esos crímenes continuaran cometiéndose.
Ello explica que medidas de ese estilo hayan sido adoptadas en otros lugares del mundo como mecanismo esencial de garantía de no repetición, como por ejemplo en Europa Oriental tras los regímenes comunistas. Y ello explica también que desde hace varios años muchas organizaciones de víctimas y de derechos humanos hayan defendido la importancia de implementar purgas de esa naturaleza en Colombia, en especial para enfrentar los nexos de los miembros del ejército con los paramilitares.

Precisamente por eso, muchos han considerado oportunista que solo hasta ahora el gobierno haya tomado la decisión de empezar a depurar el ejército. Ya hace algún tiempo existe evidencia de que miembros del ejército estuvieron involucrados en las desapariciones de Soacha. Además, son de vieja data tanto la abundancia de pruebas sobre un patrón de colusión entre ejército y grupos paramilitares, como la insistencia de la sociedad civil sobre la necesidad de implementar una depuración amplia en el seno de aquél.

No obstante, el Presidente solo tomó la decisión de la destitución masiva de militares durante la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en un momento en que el apoyo demócrata al TLC depende en buena medida de lo que sucede en materia de derechos humanos en Colombia.

Ahora bien, oportunista o no, es imposible negar que la decisión implica un avance fundamental en la lucha contra la impunidad. Eso no significa, sin embargo, que la misma sea suficiente para enfrentar el horror de los acontecimientos de Soacha, ni menos aún para depurar al ejército de sus alianzas con grupos al margen de la ley. En cuanto a lo primero, como lo han reclamado con valor los familiares de los jóvenes desaparecidos, la destitución de los militares no basta, por sí sola, para que se haga justicia y se garanticen sus derechos como víctimas.

Las investigaciones disciplinarias y penales contra los militares destituidos deben continuar y producir, en un término razonable, condenas y sanciones adecuadas contra los responsables. Desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, las destituciones no deben ser vistas como un castigo, sino más bien como una reforma institucional destinada a impedir la repetición de los crímenes.

Además, las víctimas deben recibir reparaciones integrales por los daños sufridos con motivo de los crímenes. Finalmente, las víctimas y la sociedad en general debemos conocer la verdad sobre lo sucedido, lo cual implica no solo saber quiénes fueron los responsables y cómo cometieron los crímenes, sino también cuáles fueron los motivos por los cuales los cometieron.

En este caso, la pregunta sobre el por qué de los crímenes es fundamental, pues la explicación que se ha ofrecido hasta el momento, centrada en los falsos positivos, es a todas luces insuficiente. Si bien no hay duda de que la presión al ejército para que produzca resultados de contrainsurgencia ha motivado a sus miembros a presentar a víctimas de ejecuciones extrajudiciales como muertos en combate, resulta difícil creer que la causa de esas ejecuciones y de las desapariciones que generalmente las preceden sea simplemente la necesidad de producir positivos.

Las complicidades del ejército con actores ilegales en esos crímenes y el patrón de selección de las víctimas y de ejecución de los crímenes sugieren la existencia de una estructura criminal que utiliza las violaciones a los derechos humanos para el logro de objetivos macabros como la limpieza social.

Las madres de los jóvenes de Soacha merecen saber no solo por qué sus hijos fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, sino también por qué fueron ellos los seleccionados para desaparecer y morir. Y la sola decisión del gobierno de destituir a casi una treintena de militares con motivo de esos crímenes insinúa que las razones de fondo son bastante siniestras.

De otra parte, la destitución de los militares por los casos de Soacha y de Antioquia debería servir de precedente para una purga mucho más amplia y sistemática, no solo en el seno del ejército sino de todas las instituciones de la fuerza pública. Como estos, existen miles de casos documentados de colusión del ejército con grupos al margen de la ley, y en especial con grupos paramilitares, que ofrecen razones de peso para destituir a los militares involucrados en ellos de manera inmediata, a fin de prevenir la comisión de futuros crímenes.

Evidentemente, tampoco en esos casos las destituciones por sí solas serían suficientes para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Pero sin duda constituyen un paso necesario para garantizar que los crímenes cometidos por agentes estatales no volverán a ser cometidos nunca más.