Quince años de cárcel deberá pagar Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ex ministro Fabio, por haberse aliado con organizaciones criminales en Medellín. Con este caso, son cinco los familiares de altos miembros del gobierno Uribe que han sido condenados.

El siguiente es un listado de los casos adicionales:

1) Ex senador Mario Uribe (condenado por parapolítica). Primo del ex presidente de la República Álvaro Uribe.

2) Ex senador Álvaro Araujo Castro (condenado por parapolítica). Hermano de la ex canciller María Consuelo Araujo.

3) Juan David Naranjo (condenado por narcotráfico). Hermano del general de la Policía Oscar Naranjo.

4) Pablo Escobar Gaviria (condenado por narcotráfico). Primo del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

Estas condenas, por sí mismas reprochables, son preocupantes por sus lazos de parentesco.

Por supuesto que los familiares ex gobernantes, no los delincuentes, están amparados por dos principios básicos del derecho penal. De un lado, los ex gobernantes tienen a su favor la presunción de inocencia. Según este principio, ellos son inocentes hasta que un juez demuestre lo contrario. De otro lado, están protegidos por el derecho penal de acto y no de autor. En términos simples, esto quiere decir que las personas sólo pueden ser condenadas por lo que hacen: nunca por lo que son.

En tal sentido, algo así como el “delito de parentesco” no puede existir. Nadie puede pagar con su libertad por las acciones de otro, así éste lleve su misma sangre, haya crecido con él y haya sido su aliado político.

La existencia de estos principios, sin embargo, no los hace irresponsables en todos los campos de la vida. Las reglas penales no tienen por qué aplicarse a todo. Este es el sentido de la responsabilidad política. En este campo, la ciudadanía tiene un importante rol que cumplir: derrotar en las urnas a los políticos que éticamente han sido cuestionados ¿Es éticamente cuestionable tener un familiar condenado por estos graves hechos? La respuesta, a mi juicio, es positiva.

Fortalecer la responsabildiad política es un camino saludable para proteger tanto la legitimidad de la democracia colombiana, como los derechos fundamentales de los implicados.