La tutela contra sentencias está en el centro del actual debate político y jurídico, nosólo por el llamado ?choque de trenes? entre la Corte Constitucional y la CorteSuprema sino también debido a la reforma a la justicia que impulsa el gobierno. Enefecto, tanto el proyecto gubernamental, como la Corte Suprema de Justicia ynumerosos comentaristas proponen suprimir la tutela contra sentencias, y que éstasea reemplazada por un recurso extraordinario contra las sentencias arbitrarias quesea resuelto dentro de cada jurisdicción. Según estas visiones, no debería habertutela contra providencias judiciales, y para enfrentar las actuaciones judiciales queafecten derechos fundamentales, debería existir un recurso especial que sería resuelto en última instancia por la Corte Suprema, en la jurisdicción ordinaria, y por el Consejo de Estado, en la jurisdicción contencioso administrativa, sin queesas decisiones pudieran ser revisadas por la Corte Constitucional. Y en todo caso, plantean estas posiciones, las sentencias de la Corte Suprema y del Consejo deEstado no podrían ser modificadas por la Corte Constitucional, ni menos aún por un juez municipal o del circuito.

Este documento analiza si esa propuesta es o no adecuada para la protección de los derechos de la persona y la profundización de la democracia en nuestro país, para lo cual comienza por examinar las objeciones que se han planteado a la tutela contra decisiones judiciales, para luego recordar brevemente la finalidad que tiene ese mecanismo en una democracia constitucional. Este examen nos llevará a las siguientes conclusiones: las objeciones, aunque plantean problemas relevantes, no justifican la eliminación de la tutela contra providencias judiciales sino que deberían llevar a una precisión de la reglamentación de esta figura. Y por ello consideramos que es un retroceso eliminar la tutela contra providencias judiciales, pero que es también necesario hacer ajustes a la figura, a fin de evitar ciertos problemas que actualmente existen.