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Entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020, la región de la Amazonia pasó de concentrar el 57,75% de la deforestación nacional al 68,39%. Desde Dejusticia hacemos un llamado al Gobierno para cumplir con las órdenes de la sentencia 4360 de 2018. | Gustavo Frasao, Getty Images

¿Qué le hace falta al Gobierno para implementar la sentencia contra el cambio climático y la deforestación?

En un informe de seguimiento al cumplimiento del fallo que protegió a la Amazonia colombiana encontramos que hay serios retrasos, desarticulación, arbitrariedades y falta de presupuesto. Mientras tanto, la deforestación aumenta en esa región.

Por: December 2, 2020

Hace dos años y medio, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión histórica: proteger a la Amazonia colombiana y ordenar al Gobierno crear mecanismos concretos para frenar la deforestación, enfrentar el cambio climático, y así salvaguardar a las generaciones futuras.

El fallo, que llamó la atención de la comunidad internacional, se dio en respuesta a una tutela presentada por 25 niños, niñas y jóvenes de 17 ciudades del país —acompañados por Dejusticia — y se convirtió en la primera acción judicial de este tipo presentada en América Latina.

Sin embargo, 30 meses después de que el país celebrara esa decisión, ninguna de las cinco órdenes de la sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema ha tenido un cumplimiento alto, según los análisis de nuestra organización.

Entretanto, aunque la deforestación en la Amazonia colombiana se redujo entre 2018 y 2019, esta tendencia no se mantuvo en el último año. Entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020, la región pasó de concentrar el 57,75% de la deforestación nacional al 68,39%. Y entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la Amazonia colombiana pasó de concentrar el 11,39% de la deforestación nacional al 40,75%, lo que representa cerca de un 29,3% de aumento en la representación de la deforestación nacional entre 2019 y 2020.

Por eso, desde Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes  radicamos un informe donde analizamos dichos retrocesos ante el Tribunal Superior de Bogotá, que el año pasado citó a 94 entidades del Gobierno nacional y regional para explicar qué acciones venían tomando para cumplir las órdenes de la Corte y reducir el avance de la deforestación en la Amazonia.

Nuestro seguimiento nos lleva a recomendarle al Tribunal Superior de Bogotá que declare que no existen avances significativos en el cumplimiento de la sentencia y que, en general, las autoridades responsables han incumplido las órdenes de la misma.

Lea aquí nuestro primer informe de seguimiento a la sentencia 4360

En esa medida, exhortamos al Gobierno Nacional y demás autoridades encargadas, para que, tras claros retrasos en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, actualicen sus cronogramas y asignen con claridad un presupuesto a cada actividad. 

Para Yurshell Rodríguez Hooker, ingeniera ambiental de 24 años y una de las accionantes de la tutela que condujo al fallo, las dilaciones del Gobierno nacional y de los gobiernos locales para cumplir las órdenes son reprochables: “soy sanandresana, raizal, y mi familia acaba de perderlo todo en Providencia por el paso de un huracán categoría cinco, que tiene todo que ver con el cambio climático. El gobierno no puede decir que este hecho no se podía prevenir, cuando tiene en sus manos implementar una sentencia que surgió del temor de niños y jóvenes de llegar a esto, a las manifestaciones más horrorosas del cambio climático”.

A continuación, detallamos cómo ha sido el cumplimiento por cada orden de la sentencia 4360 de 2018:

Primera orden: todavía no se ha formulado un plan de acción para contrarrestar la deforestación en la Amazonia

Cuando se cumplió el primer año de la sentencia, el 5 de abril de 2019, Dejusticia, junto a los 25 niños, niñas y jóvenes accionantes, le solicitamos al Tribunal Superior de Bogotá que declarara el incumplimiento por parte del gobierno y de los demandados. 

En ese entonces encontramos que los niveles de cumplimiento de la primera orden de la sentencia 4360 de 2018 eran bajos: apenas se habían asignado entidades responsables para cumplir la orden, pero  no había condiciones necesarias para promover y garantizar participación por parte de las comunidades afectadas, de los accionantes ni de la población en general. Tampoco había un plan de acción,  sino un borrador que ni siquiera se entregó en los cuatro meses establecidos por la sentencia.

Hoy, más de un año después de aquel informe, la situación no es muy distinta. El plan de acción sigue siendo un borrador con pocos avances en la formulación de pilares estratégicos que lo orienten, pero ni siquiera tiene consenso entre distintas entidades del Gobierno con competencia en el tema.

Después del informe del 5 de abril de 2019 no se han generado espacios que garanticen la participación diferenciada que exige la orden: accionantes de la tutela, comunidades afectadas y población interesada en general.  De acuerdo con el informe de seguimiento del Gobierno Nacional, las dilaciones en su cronograma son consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

Segunda orden: aún no existe el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano

En su sentencia, la Corte Suprema dio la orden de crear un Pacto Intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano (PIVAC) para reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero en la región.

En el informe del 5 de abril de 2019 ya advertíamos que no hubo garantías para la participación efectiva de los jóvenes accionantes en ese proceso. Además, por esa época no existía una versión definitiva del PIVAC, y el documento que se presentó como avance fue en realidad un borrador en construcción que elaboramos los accionantes, que no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Suprema y sobre el que no habíamos autorizado al Minambiente para su circulación.

Todavía no existe un PIVAC definitivo, se ha incumplido el plazo establecido por el fallo de tutela, no se ha generado la participación requerida y, según el cronograma del Gobierno Nacional, esta orden aún está en la primera de cinco fases.

Tercera orden: los municipios de la Amazonía aún no implementan sus Planes de Ordenamiento Territorial

En el informe estudiamos las acciones que han realizado nueve municipios amazónicos con el mayor número de alertas tempranas de deforestación desde 2019 o porque allí se han deforestado más de 10.000 hectáreas desde 2018: Calamar y San José del Guaviare (Guaviare); Mapiripán y la Macarena (Meta); San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Caquetá); y Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo (Putumayo).

Del análisis de cumplimiento verificamos que, de los municipios analizados, i) ninguno presenta un cumplimiento alto (según la metodología diseñada por Dejusticia para clasificarlos); ii) solo San José del Guaviare muestra un cumplimiento medio-alto; iii) el municipio de Cartagena del Chairá registra un cumplimiento medio; iv) San Vicente del Caguán y Puerto Guzmán tienen un cumplimiento medio-bajo; v) Calamar y Mapiripán presentan un cumplimiento bajo; vi) y La Macarena y Puerto Caicedo no han cumplido.

Cuarta orden: las CAR  de la Amazonia aún no tienen sus planes de acción para contrarrestar la deforestación

 En el informe encontramos que Corpoamazonia y Cormacarena presentan un cumplimiento bajo de la orden, y la CDA (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico) un cumplimiento medio, aunque solo porque esta última entregó un plan de acción dentro del plazo establecido, pero sin haber garantizado espacios de participación para su construcción y sin acreditarse el cumplimiento del objetivo.

 Por su parte, tanto Corpoamazonia como Cormacarena presentaron un plan de acción por fuera del plazo establecido y sin garantizar los demás elementos de la orden (participantes, plazo y objetivo). Además, las CAR vinculadas por el Tribunal Superior de Bogotá mediante auto del 22 de agosto de 2019 (Corporación Autónoma Regional del Cauca y Corporinoquía) han incumplido la orden, ya que a la fecha ni siquiera han entregado un plan.

Quinta orden: las acciones para mitigar la deforestación pueden afectar derechos humanos

 Finalmente, sobre la quinta orden consideramos que existe un cumplimiento medio-bajo, dado que el Gobierno Nacional viene adelantando actuaciones encaminadas a reducir la deforestación, especialmente en el marco de la Directiva Presidencial No. 10 de 2018, con la que el Gobierno pretende dar cumplimiento a la sentencia 4360 de 2018.

 Sin embargo, dichas medidas tienen el potencial de afectar derechos humanos de la población campesina intervenida mediante acciones coercitivas y no se tiene certeza sobre su impacto en la mitigación de la deforestación.

Lea también: Campaña Artemisa en Serranía de La Macarena no puede atropellar los derechos del campesinado

Desarticulación y falta de voluntad: causas del incumplimiento 

Con base en la información que surgió de las audiencias convocadas por el Tribunal Superior de Bogotá, desde Dejusticia encontramos que hay una serie de causas estructurales que explican los incumplimientos de la sentencia, y que influyen en la deforestación en la Amazonia colombiana.

La más preocupante es la desarticulación institucional entre las distintas autoridades responsables del cumplimiento de las órdenes, y del sector ambiental en general. Las entidades públicas involucradas argumentan falta de recursos financieros, humanos o técnicos disponibles. Sin embargo, no hay evidencia de gestión ante el Gobierno Nacional para mejorar la capacidad instalada o la articulación institucional.

La desarticulación también es evidente en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se refleja en la desconexión de los instrumentos de gestión y en las confusiones internas entre funcionarios de distintas entidades sobre el cumplimiento de la sentencia. Esto impide avances en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones específicas de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, existe una  multiplicidad de instrumentos de gestión desarticulados que inciden en la planeación, ordenamiento y gestión territorial, y generan colisiones de competencias, duplicidad de funciones, gasto presupuestal ineficiente y pocos resultados, mientras el Ministerio del Ambiente sigue en deuda con la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, así como de estructurar, implementar y coordinar el Servicio Forestal Nacional. 

Preocupa también que las medidas para cumplir con las órdenes del fallo de tutela, así como para cumplir con los planes de acción, no se encuentran vinculadas a la asignación de presupuesto, y tampoco son claros los cronogramas de planeación de todas las autoridades responsables.

Por último, no se ha establecido una metodología incluyente, con enfoque territorial, que favorezca la participación activa y diferenciada en la implementación de las órdenes, ni hay evidencia que demuestre los esfuerzos institucionales para dar cumplimiento al requisito participativo de las órdenes. Tampoco hay evidencia de la participación de los niños y jóvenes accionantes, de la comunidad científica y demás miembros de la comunidad interesados en creación de instancias, mesas de trabajo o gestión que garantice este derecho fundamental, más allá de unos talleres regionales realizados entre julio y agosto de 2018, en los que ni organismos de control ni academia ni sociedad civil fueron parte.

COVID-19: nuevos obstáculos para la implementación

La llegada de la pandemia por el COVID-19 ha profundizado las dificultades para dar cumplimiento a tiempo y con criterios de participación a las órdenes de la sentencia. Sin embargo, pese al confinamiento y aislamiento preventivo decretado a nivel nacional, se debe avanzar hasta donde sea posible. La reducción de la deforestación y adaptación al cambio climático no dan espera.

 Así lo cree Catalina Bohórquez, otra de las accionantes de la tutela. Para ella es claro que, si bien los fenómenos naturales pueden mitigarse si se toman acciones a tiempo, frenar la deforestación en la Amazonia con planes reales podría ser aún más contundente. “Si con esta enseñanza trágica del huracán Iota, el Gobierno no muestra voluntad y actúa de una buena vez, las pérdidas van a ser mayores”, advierte.

 

Lea aquí el informe de seguimiento a la sentencia 4360 de 2018

Informe de seguimiento a sentencia de deforestación y cambio climático

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