No es muy claro qué se debe hacer para enfrentar adecuadamente la profunda crisis institucional que vive Colombia debido a la parapolítica. El Polo cree que es necesaria una Asamblea Constituyente, ciertos sectores del liberalismo y del uribismo consideran que la salida es la reforma de la llamada “silla vacía”, la revista Semana llama a adelantar las elecciones, mientras que Mockus invita a renuncias masivas, incluyendo la del Presidente. Y existen más ideas.

Esas propuestas disímiles deberán ser debatidas en las próximas semanas, a fin de intentar un acuerdo que permita una salida democrática a esta grave crisis del sistema político colombiano. Pero, al menos por ahora, no es evidente qué se debe hacer. Por ello tal vez deberíamos comenzar por ponernos de acuerdo en qué no se debe hacer. Y es que en este aspecto hay tal vez algunas cosas más claras.

En particular una cosa qué no se debe hacer ni permitir es que se intente superar (o acallar) la crisis de la parapolítica debilitando la independencia judicial. Y existen al menos cuatro razones importantes para defender esa elemental idea.

En primer término, porque en Colombia existe una importante independencia judicial. Nuestro sistema judicial, a pesar de todas sus precariedades e insuficiencias, que son muchas, goza, al menos en términos comparativos frente a otros países de América Latina, de una considerable dosis de independencia, al menos desde el plebiscito de 1957. Es más, la propia crisis de la parapolítica ha puesto en evidencia esa independencia de la rama judicial, pues los jueces, y en especial la Corte Suprema, han sido capaces de investigar las infiltraciones de los paras en la política colombiana.

En segundo término, porque existen evidencias empíricas que muestran que la estabilidad democrática está vinculada a la existencia de poderes judiciales independientes. Así, las democracias más estables en el mundo, como son Inglaterra y los Estados Unidos, se han caracterizado por un sólido respeto de la independencia judicial, que se mantiene incluso en épocas de graves crisis.

En tercer término, porque ese vínculo histórico entre independencia judicial y estabilidad democrática no es casual; tiene una causa profunda y es ésta: sólo si existen jueces independientes, que tengan la capacidad de aplicar autónomamente y sin presiones las normas jurídicas, puede existir Estado de derecho, que es por definición un gobierno de reglas y no de personas. Y las democracias estables requieren un Estado de derecho, que permita que los conflictos sean resueltos por procedimientos reglados, cuya garantía corresponde a los jueces.

Finalmente, porque los órganos judiciales independientes son también esenciales en períodos de crisis, pues pueden llegar a evitar el colapso de la democracia. La razón es simple: en esas épocas turbulentas, para evitar el colapso democrático, es esencial que existan poderes neutrales que preserven una capacidad de mediación entre las fracciones políticas rivales, como lo mostraron Linz y Stepan en su ya clásico texto de 1978 sobre el “quiebre de las democracias”. Un poder judicial independiente puede jugar ese papel, pues puede ser en ocasiones el único árbitro imparcial con capacidad de tomar decisiones que sean aceptadas por los actores políticos enfrentados.

Una ilustración por la negativa de la anterior tesis es el análisis de Alexander Wilde en su libro “Conversaciones entre caballeros” sobre el colapso de la democracia colombiana en 1949, que condujo al cierre del Congreso, al régimen autoritario laureanista y a la violencia de los años cincuenta. Un elemento central de ese colapso democrático, según la tesis de Wilde, fue el hecho de que los partidos minaron la independencia de la Corte Suprema, pues prácticamente la metieron en su enfrentamiento bipartidista. Perdió así mucha de su capacidad de arbitrar institucionalmente la hostilidad entre liberales y conservadores.

Eso precisamente es lo que hay que evitar; que la notable independencia de la Corte Suprema sea arrasada por actual la crisis política. Debemos entonces proteger, y no debilitar, la autonomía e independencia del poder judicial, y en especial de la Corte Suprema, pues de la aceptación de la legitimidad de sus decisiones depende en gran medida que la actual crisis tenga una salida democrática y no autoritaria.

Por eso han sido tan desafortunados los cuestionamientos del gobierno y de algunos columnistas que les son próximos a la imparcialidad de este tribunal. Es obvio que las decisiones de la Corte Suprema pueden y deben ser analizadas y discutidas; pero lo que resulta inaceptable es que altos funcionarios del gobierno, como el vicepresidente, pongan en duda las motivaciones de ese tribunal, aún reconociendo que no tienen siquiera una prueba para justificar ese cuestionamiento.

El primer paso para una salida democrática a la actual crisis institucional sería entonces un compromiso explícito y solemne de todas las fuerzas políticas, y en especial del gobierno, de que la independencia judicial será no sólo respetada sino incluso fortalecida, por lo que las decisiones judiciales sobre la parapolítica serán acatadas.