La Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés), se ha reunido en el Vienna International Centre para discutir la política de drogas del mundo.

La CND, por sus siglas en inglés, es una comisión compuesta por 53 miembros del ECOSOC que se reúne cada marzo para discutir la política de drogas del mundo y adoptar resoluciones al respecto.

A continuación, les contamos el día a día de este encuentro.

13 de marzo

En el primer día, Bolivia y Colombia pusieron un tema fundamental sobre la mesa: hay que revisar y corregir la clasificación de la hoja de coca dentro de los tratados de drogas, para proteger sus usos tradicionales y los derechos de los pueblos indígenas.

Bolivia anunció que pedirá a la ONU una revisión crítica, basada en la evidencia científica más reciente, de la clasificación de la hoja de coca como una sustancia controlada y, por lo tanto, prohibida. Esto con el fin de que su uso tradicional sea permitido y se corrija un error causado por el colonialismo sobre los pueblos indígenas andinos.

Además,  la CND 66 tiene los ojos puestos sobre Colombia. Los discursos del presidente Petro sobre la reforma a la política de drogas en la Asamblea General de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, han creado expectativas sobre la estrategia concreta del gobierno.

La Viceministra de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Laura Gil, expresó que “el fracaso de la guerra contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia, sino que encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo”.

Por ello, anunció un cambio en la política de drogas en el país, enfocado en el desarrollo agrícola y la salud pública, incluyendo la regulación de cannabis y el pedido de recategorizar la hoja de coca como una sustancia controlada, en apoyo a la iniciativa de Bolivia.

Agregó que esta agenda de reforma se enmarca dentro del proceso de Paz Total, reconociendo que el conflicto en Colombia está atado a la guerra contra las drogas. Asimismo, señaló que la nueva política de drogas de Colombia aplicará medidas de justicia restaurativa para las mujeres con penas bajas.

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14 de marzo

Han comenzado los eventos paralelos y Dejusticia está en ellos.

Nuestro investigador Luis Felipe Cruz ha participado en el evento “La inefectividad de las condenas excesivas: hacia unas políticas razonables y humanas”, organizado por el Instituto RIA y patrocinado por ATS, LEAP, DPA.

Today #CND66 at the same Side Events, Lyn the mother of #RossUlbrich, @UKLEAP police officers in favor of change in drug policies, abuse of women in prisons by @Dejusticia, from the USA @DPA_NY and the Colombian government showing alternatives. They can’t miss it. @RIA_Institute pic.twitter.com/1KKTafqAaH

— AcciónTécnicaSocial (@acciontecnica) March 14, 2023

En su presentación, Cruz expresó que la política de drogas en América Latina se ha enfocado en la criminalización expansiva, la desproporcionalidad y la restricción en la aplicación de las medias alternativas al encarcelamiento. Una combinación que propició una sobredosis carcelaria. Indicó que Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, que ha afectado particularmente a la población juvenil y a las mujeres.

Cruz recalcó que la criminalización de mujeres por delitos de drogas está inmersa en un contexto de marginalidad social, desigualdad económica y una distribución inequitativa de las cargas de cuidado. Señaló que las mujeres involucradas en delitos de drogas tienden a tener un perfil específico, que por supuesto no corresponde con el estereotipo de jefe de cartel. En la intervención reconoció el trabajo que ha adelantado el grupo de mujeres, drogas y encarcelamiento, liderado por muchos años por WOLA y el IDPC.

Explicó que en su mayoría se trata de mujeres pobres cabeza de hogar que viven en barrios con gran incidencia de los mercados de drogas. Un hecho evidente tras el censo que realizó la UNODC y junto con el Ministerio de Justicia en 2021, el cual concluyó que el 41% de las mujeres privadas de la libertad en Colombia lo están por delitos de drogas. En la mayoría de casos delitos no violentos.

Esto es algo que la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, resaltó en un evento paralelo organizado por el International Drug Policy Consortium (IDPC) sobre política de drogas y DESCA. La viceministra recalcó que es fundamental repensar la política de drogas desde un enfoque multilateral que se diseñe teniendo en cuenta la difícil situación por la que pasan las mujeres sentenciadas por delitos de drogas, y de aquellas que se han visto afectadas de distintas maneras por el narcotráfico. En otras palabras, que cualquier política de drogas exitosa tendrá que tener una perspectiva de género y una financiación adecuada.

En su intervención, recordó que el Gobierno de Colombia estará dispuesto a aportar, desde una perspectiva feminista de la política exterior, en los esfuerzos para proteger a las mujeres y las prácticas culturales de comunidades étnicas e indígenas que utilizan tradicionalmente sustancias controladas.

En otro evento organizado por el gobierno de Bolivia sobre la hoja de coca, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, recalcó el compromiso de Colombia para apoyar a este país con su solicitud a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud para que la hoja de coca deje de ser categorizada como una sustancia prohibida. Insistió en que la hoja de coca hace parte de la historia e identidad cultural de los pueblos indígenas de los Andes y su uso tradicional debe ser protegido en consideración con los derechos humanos fundamentales de estos pueblos.

15 de marzo

Nuestra coordinadora de la línea de Política de Drogas, Isabel Pereira, realizó una intervención en la sexta reunión plenaria de la CND 66. En su alocución, a nombre de varias organizaciones de la sociedad civil colombiana (ver minuto 02:39:42), expresó que es fundamental priorizar la solicitud de Bolivia para que la OMS haga una revisión crítica e informada de la clasificación de la hoja de coca como una sustancia controlada.

Pereira expuso que «la actual clasificación de la hoja de coca en el régimen internacional de control de drogas constituye un error histórico y va en contra de los estándares internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas, de manera que el proceso de revisión permitiría subsanar este error, alinear los tratados internacionales de drogas con otros instrumentos de derechos humanos y fomentar la investigación sobre los usos alternativos de la hoja de coca». Por ello insistió en que esta revisión involucre a los pueblos indígenas y todos aquellos pueblos que tengan usos tradicionales y terapéuticos de la planta.

En ese orden de ideas, promovió una discusión sobre la regulación. Expresó que la implementación de los tratados no debe impedir que se evalúen, con la mejor evidencia disponible, los modelos regulatorios que se están experimentando alrededor del mundo con el cannabis. Afirmó que una real preocupación por la salud pública y el bienestar de las personas que usan drogas se vería reflejada en un serio interés por documentar los procesos regulatorios.

En este sentido, recordó que estas organizaciones esperan que haya un impulso y apoyo a medidas innovadoras, que permitan desarrollar y estudiar pilotos de producción, transformación y comercialización de productos derivados de hoja de coca, y de las demás plantas fiscalizadas, incluyendo el cannabis.

Pereira también asistió a un evento paralelo organizado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), intitulado Drugs and criminal justice. Situation in Latin America and Spain. Su intervención fue sobre el impacto de la política de drogas en la política criminal de los países de América, basada en las investigaciones del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD). Su ponencia expuso los problemas que aquejan la región:

1. Todo castigo relacionado con drogas se hace a través de la ley penal. Esto, en detrimento de las medidas alternativas para dar respuesta a los problemas relacionados con el tráfico de drogas.
2. Se están creando nuevos delitos relacionados con drogas y, además, se crean penas cada vez más severas.
3. Todas las personas que se relacionan con las drogas son tratadas criminalmente de la misma forma. No hay una proporcionalidad entre las penas hacia una persona que no alimenta los grandes negocios del narcotráfico y hacia un gran jefe criminal que haya cometido crímenes graves.
4. Hay un uso excesivo e inadecuado de la prisión preventiva, que en algunos países es obligatoria.
5. La mayoría de delitos de drogas están por fuera de beneficios dentro del sistema criminal.

Pereira insistió en los impactos de la criminalización de las personas relacionadas con drogas ha llevado a la saturación de las cárceles en América Latina, con unas altas tasas de criminalización en Brasil y Colombia por estos delitos. Resaltó un patrón común: en todos los países se criminalizó excesivamente a mujeres cabeza de hogar, personas desempleadas y pobres, y con bajos niveles de educación. Todo esto ha llevado a que las cárceles en la región estén al límite —algo que, en el caso colombiano, ha llevado a la Corte Constitucional a proferir un estado de cosas inconstitucional—.

Por último, concluyó que los países de América Latina deben enfrentar los delitos relacionados con drogas desde otra perspectiva, de modo que se pueda dar fin a las crisis carcelarias en toda la región: buscar penas alternativas al uso de la prisión, reducir la duración de las penas y dejar de criminalizar ciertas conductas.

Otros eventos importantes

Los llamados al cambio que se han hecho evidentes por parte de la sociedad civil colombiana quedaron plasmados en un documento que la Coalición Acciones por el Cambio hicimos al Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, con miras a aportar años de producción académica al servicio de la paz y con la intención de que la Paz Total adopte estas recomendaciones.

Esto fue lo que resaltó Paula Aguirre, directora en Colombia de Elementa DD.HH., en un evento paralelo sobre política de drogas y construcción de paz organizado por ATS.

9⃣ En el side event de ‘Paz y política de drogas’ donde participamos, se habló sobre los retos de conectar la política de Paz Total en Colombia??con la política de drogas.

Presentamos el Decálogo: ‘Sobre política de drogas, a Petro y Márquez les decimos’. pic.twitter.com/l1jw5e0DO0

— Elementa DDHH (@ELEMENTADDHH) March 15, 2023

Igualmente, aprovechó la CND 66 para invitar al Gobierno de Colombia a retomar su liderazgo internacional en la promoción del Acuerdo de Paz y los cambios sustantivos que se adelantaban a nivel internacional hasta hace cuatro años.

Aguirre expresó que es fundamental abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas desde una visión de salud pública, que se centre en la prevención del consumo en jóvenes, reducción de daños, y garantizar el acceso de medicinas opioides, entre otros cambios. Además, hizo un llamado a que se haga una regulación del cannabis que permita los distintos usos comerciales y su consumo recreativo por parte de adultos.

Finalmente, en el evento Licit Uses of Coca Crops In Colombia, organizado por ICEERS y OSF, y apoyados por el Gobierno de Colombia, se expusieron los distintos usos que se hacen de la hoja de coca. Es el caso de “Pajarita Caucana”, una iniciativa para teñir textiles con hoja de coca. Angie Ballesteros, mujer artesana de El Tambo, Cauca, viajó hasta Viena para compartir la experiencia de los distintos usos que se le puede dar a la hoja de coca, para dejar de estigmatizarla y compararla con la cocaína. Ella misma reconoce que «Al usar la tintorería estamos aprendiendo y desaprendiendo sus usos».

Al encuentro también asistió la directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Gloria Miranda. La directora reconoció la importancia de los usos tradicionales de la hoja de coca y resaltó las iniciativas que buscan darle nuevos usos. Enfatizó en que la nueva política de drogas de Colombia promoverá la industrialización de la hoja de coca, y buscará terminar la estigmatización de los campesinos y comunidades rurales que han acudido a su cultivo para subsistir. En su alocución, a modo de corolario, aseveró que la «coca es un patrimonio».

16 y 17 de marzo

El jueves 16 se aproximaba el cierre de la CND 66, con un balance muy positivo de la participación de la sociedad civil colombiana. En esta ocasión hubo una diversidad de voces en el recinto, desde la  academia hasta los emprendimientos, ampliando así el espectro de las conversaciones sobre la política de drogas de Colombia en la escena internacional.

Ese día, Dejusticia realizó su evento paralelo Global and local perspectives for reparations to the war on drugs, que consistió en pensar las distintas posibilidades de reparar los graves daños que la guerra contra las drogas efectuó en personas y comunidades alrededor del mundo.

En el evento participaron nuestra coordinadora de política de drogas, Isabel Pereira; la directora para Colombia de Elementa DD.HH.; Kassandra Frederique, directora del Drug Policy Alliance; Rebecca Schleifer, del International Centre on Human Rights and Drug Policy, y fue moderado por Adriana Muro, directora de Elementa DD.HH.

Muro habló de la posibilidad de discutir sobre temas relacionados con la guerra contra las drogas, como lo son las reparaciones. Abarcar esa política desde este enfoque implica aceptar que hubo víctimas que sufrieron diversos daños que, al fin de cuentas, están catalogados en el derecho internacional de los derechos humanos. Es por ello que invitó a las panelistas a hablar sobre las distintas reparaciones en dos escenarios distintos: en mercados regulados y en lugares en donde la prohibición prevalece.

Rebecca Schleifer recordó que la guerra contra las drogas ha sido una guerra contra los usuarios de drogas, lo que en muchos casos ha impedido actuar bajo un enfoque de reducción de daños y la protección de las vidas de muchas personas. Asimismo, recordó los daños que la destrucción de cultivos de coca y opio han creado en comunidades de campesinos pobres alrededor del mundo. Resaltó que estos ataques han recaído desproporcionadamente sobre comunidades étnicas, con bajos niveles de educación y altos índices de pobreza.

Schleifer consideró que el derecho internacional posee herramientas suficientes para afrontar estos daños y que obliga a los Estados a proporcionar soluciones y reparaciones adecuadas a los daños que se han efectuado durante décadas. Un ejemplo para cumplir con esta ruta son las Directrices internacionales de derechos humanos y política de drogas.

Concluyó que, a pesar de no existir una fórmula para reparar a la incontable cantidad de víctimas que la guerra contra las drogas ha dejado, es fundamental que los Estados brinden garantías de no repetición. También, expuso que son las mismas víctimas quienes deben liderar los procesos de reparación para que, en efecto, las medidas sean adecuadas. Para ello, el Estado debe garantizar las posibilidades materiales para que las víctimas puedan participar en la creación de estas medidas; lo cual es esencial para grupos de personas de vital interés, como quienes fueron juzgadas por motivos políticos o fueron víctimas de violencia sexual.

Al cierre de su discurso, resaltó que, aunque los recursos para lograr estos objetivos son ilimitados, pueden existir fórmulas para financiarlos, en especial cuando la guerra contra las drogas ha recibido una inmensa financiación por parte de gobiernos de distintos países.

El tema de los daños a las comunidades cultivadoras se relacionó con lo que Isabel Pereira comentó en su intervención pues, en Colombia, gran parte de la guerra contra las drogas se ha visto reflejada a través del glifosato. Recordó que alrededor del mundo son campesinos empobrecidos quienes se abocan a los llamados cultivos de uso ilícito para enfrentar problemas estructurales del campo, como la falta de redistribución de la tierra y acceso a servicios públicos esenciales. Sin embargo, cultivar este tipo de plantas los ha llevado a ser criminalizados y a ser excluidos de programas de desarrollo, lo cual se convierte en un círculo vicioso: los campesinos cultivan porque son excluidos, y son excluidos porque cultivan.

En ese sentido, cuando son criminalizados, las pérdidas que sufren son más que la pérdida de sus cultivos: hay daños económicos, territoriales y psicológicos. Resaltó el caso de Yaneth Valderrama vs. Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que declaró al estado colombiano responsable por el aborto no deseado de Yaneth Valderrama y su posterior fallecimiento por haber sido asperjada con glifosato en 1998 —y el acompañamiento que el Centro de Derechos Reproducitvos, desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva, realiza en este caso—.

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Paula Aguirre, por su parte, resaltó que la Comisión de la Verdad de Colombia —la cual hizo parte del Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia— recomendó desmilitarizar la política de reducción de los cultivos de hoja de coca en Colombia, así como establecer un camino de reparaciones y medidas para dar respuesta a las violaciones de derechos humanos causados por la política de drogas y las aspersiones.

Por último, Kassandra Frederique se preguntó por el sentido de la reparación en la guerra contra las drogas. Por ejemplo, en Estados Unidos, un enfoque de reparaciones es dar licencia para participar en el mercado de cannabis a los grupos que fueron afectados por la prohibición, pero estas inciativas son limitadas, y no abordan la discriminación estructural que se ha ocasionado a comunidades enteras.

En ese sentido, resaltó que las soluciones que se están dando en los mercados de la regulación son limitadas si solo se restringen a las lógicas comerciales. Además, subrayó que la conversación sobre reparaciones en Estados Unidos está situada en la experiencia al respecto de la esclavitud y se da solo en el plano doméstico, pero que falta una conversación activa sobre el papel que tuvo Estados Unidos en causar daños en otros países, para así generar estrategias de incidencia en estos caminos de reparación.

Ese día, nuestro investigador Luis Felipe Cruz participó en un evento sobre la captura corporativa del mercado de Cannabis, organizado por Transform Drug Policy Foundation. En su intervención, Cruz resaltó que, en el mercado del cannabis medicinal en Colombia, la prohibición llevó a que los pacientes y sus familias buscaran vías de acceso al cannabis a través de los cultivadores urbanos para obtener acceso a las variedades. Consideró un proceso muy importante de intercambio de conocimiento, que el Estado en algunos casos llegó a judicializar.

Sin embargo, años después, el país reguló el uso del cannabis medicinal, en favor de los grandes capitales y excluyendo y presionando a los pequeños cultivadores, a través de complejos marcos legales y el uso estricto de la propiedad intelectual de las semillas.

Cruz resaltó que el 53% de las licencias de cannabis para el mercado medicinal fueron entregadas a empresas que funcionan en Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Y que el 70% de las licencias se entregaron en municipios que tienen una conexión con los mercados nacionales. Esto va en detrimento de las personas que cultivan coca para subsistir y que podrían transicionar hacia el cannabis para integrarse al mercado nacional.

Es por ello que Cruz enfatizó en que “la participación de pequeños campesinos en el mercado es una medida para mitigar, no sólo los efectos de la política de drogas, sino de la regulación misma.Esta participación no debe estar enfocada en la transferencia de recursos, mas en el hecho de generar capacidades para que los campesinos cumplan con los estándares”.

El 17 de marzo, la CND 66 aprobó el documento de Preparativos para la revisión intermedia que se celebrará durante la CND 67 en 2024. En él, resaltó el importante papel de la sociedad civil, y la comunidad científica. Asimismo, indicó que la sociedad civil, científica y académica pueden participar en el debate general y las mesas redondas multipartitas interactivas para hacer balances y análisis de retos.

¡Hoy fue el último día de la #CND66 en Viena! Les compartimos el resumen de hoy para que se enteren sobre cómo terminó esta versión de la @CND_tweets ?? pic.twitter.com/p1FAq7s8Fq

— Elementa DDHH (@ELEMENTADDHH) March 17, 2023

El balance del encuentro

Del balance de esta CND 66 quedan tres conclusiones:

1. La sociedad civil colombiana que trabaja por la reforma a la política de drogas es al tiempo diversa y cohesionada. Esta voz común nos permitió incidir con el gobierno colombiano, presentar debates de alto impacto e interlocutar en la escena global.

2. Las grietas en el sistema internacional de fiscalización cada vez son más evidentes. Aunque la defensa de la soberanía nacional se mantiene como instrumento para defender políticas por fuera de los tratados, como la regulación del cannabis, también se usa para justificar políticas que violan los derechos humanos, como es la pena de muerte por delitos de drogas. En este fracturado sistema, parece haber un estancamiento significativo en la búsqueda de reformas a nivel internacional. Así, pues, se comienzan a discutir alternativas dentro del respeto a los tratados. De manera muy tímida se abre el camino para proyectos piloto que muestren el camino fuera de la prohibición.

Además de las grietas internas de la prohibición, se vislumbran puentes que antes eran impensables. En esta sesión, por primera vez en la historia de la CND, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó una intervención en la que reconoció que la guerra contra las drogas ha fallado. El alto comisionado, desde dentro del Sistema de las Naciones Unidas, alzó su voz para denunciar que las políticas de drogas punitivas destruyen vidas, la salud pública y la seguridad al llevar a varias personas a las prisiones.

3. El Gobierno de Colombia tuvo un papel positivo, pero entregó mensajes políticos confusos. Por una parte, la delegación del Gobierno hizo una notable intervención en la plenaria y participó en debates novedosos como, por ejemplo, la reclasificación de la hoja de coca.

No obstante, la salida de la viceministra Gil mientras presidía la CND generó ruido innecesario. Es importante mantener un liderazgo fuerte y confiable para recuperar el espacio perdido en los últimos años, y consolidar una voz colombiana que le hable a las posibilidades de reforma en el contexto de hoy, capaz de construir alianzas sólidas a nivel regional y con otros países afines.