Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el destituido presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso de Perú, mientras este órgano debatía un juicio político en su contra por múltiples denuncias de corrupción e incapacidad para gobernar, ha sido difícil seguir la pista de lo que ocurre en ese país tan próximo a Colombia, desde donde escribimos este newsletter.

Responder a la pregunta de qué ocurre en Perú no es simple. Algunos hablan de crisis política o de imposición de un estado policial, mientras otros deciden nombrarlo convulsión social o violencia callejera. Sin un consenso sobre la expresión que mejor describe la situación y muchas miradas sobre un mismo país, hay unos hechos:

El juicio político contra Castillo avanzó aquel 7 de diciembre, y el Parlamento peruano declaró a Castillo “con incapacidad moral” para ejercer su cargo. La entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien ese mismo día acusó al mandatario de intentar hacer un golpe de estado con sus declaraciones de más temprano, asumió la presidencia. Castillo fue detenido por rebelión y, un día después, el 8, fue enviado a detención domiciliaria a la misma prisión donde permanece el expresidente Alberto Fujimori. Para ese momento Perú ya estaba fragmentado: en las calles, en los aeropuertos, en los lugares turísticos y en las redes sociales, la gente se manifestaba a favor o en contra de la destitución de Castillo.

A dos meses de aquellas circunstancias, la estabilidad persiste en Perú, con algunas novedades. El uso de la violencia durante las jornadas de protesta (por parte de la policía y de los manifestantes) ya deja un saldo de 66 muertos, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, mientras la sensación de parálisis y de riesgos para la democracia ha hecho que algunos actores, incluidos sectores de las manifestaciones, sugieran la apertura de una constituyente y que se adelanten las elecciones presidenciales en ese país, estimadas para abril de 2024. No obstante, y tras varias discusiones en el Congreso, las propuestas no han sido aprobadas y Boluarte sigue siendo la presidenta del Perú.  

Aunque las causas que llevaron al país a su actual momento sean múltiples, y hasta difíciles de definir, y pese a que aún no es claro quién lidera las protestas, quién usa la violencia y cuál es la mejor salida para conseguir algo de estabilidad política y social, dejamos algunas ideas que pueden dar luz en medio de este ocaso.

Pedro Castillo 

Para entender el momento de Perú hay que retroceder un poco, a las elecciones presidenciales del año 2021. El escenario era el de unos partidos tradicionales en vía de extinción y el surgimiento de nuevos movimientos políticos que representaban intereses muy diversos y poco aglutinantes. Pedro Castillo, un maestro de escuela y líder sindical de la región de Cajamarca, construyó un discurso que movilizó a campesinos e indígenas, y en el que se refería a deudas históricas del Estado con esta población y a su representación en el gobierno de la lejana Lima. Su estrategia caló tan bien, que este outsider de izquierda terminó superando a la muy votada Keiko Fujimori en su tercer intento de llegar a la presidencia del Perú.

Según cuenta Katya Salazar, peruana y directora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), aunque en aquellos comicios hubo 17 candidatos y el voto estaba profundamente dividido, reaparecieron los odios por el fujimorismo (que representa a la derecha) y el sur del Perú, la región más pobre y abandonada del país, se identificó con el sindicalista y le entregó su apoyo. En los sectores más progresistas hubo quienes creyeron en las posibilidades de un buen gobierno de Castillo, sin embargo, dice Salazar, la inexperiencia, las omisiones, el nepotismo, los casos de corrupción y la clara incapacidad para administrar un país se fueron haciendo insoportables para un Perú que en los últimos cinco años ya había destituido a dos presidentes (Martín Vizcarra y Manuel Merino).

Pero la crisis va más allá de Castillo y de la discriminación histórica del Estado hacia las zonas más pobres de esa nación. Simen Tegel, periodista británico radicado en el Perú, escribió un texto para la revista Foreign Policy en la que dice que el verdadero origen de todo está en “la corrupción rampante, que -con un puñado de excepciones- ha hecho metástasis en casi todas las instituciones públicas”. Según el artículo, este fenómeno, visto por ejemplo en el desvío de fondos públicos para luchar contra las inequidades o en los nombramientos de funcionarios poco idóneos para enfrentar los problemas estructurales, ha agudizado el racismo, la pobreza y la desigualdad, de forma muy importante en las regiones que hoy protestan. De hecho, en la última edición del Barómetro de las Américas (2021), Perú tuvo el nivel más alto de percepción de corrupción política de la región: un 88 % de las personas creen que más de la mitad de los políticos son corruptos.

Los derechos humanos

Las movilizaciones que enmarcan este proceso en Perú han sido particularmente violentas. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que reúne a las organizaciones de Derechos Humanos de ese país, “la respuesta del Estado peruano ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país en el presente siglo”. En su último informe, denuncian que las fuerzas policiales y militares han incurrido en uso arbitrario de la fuerza, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, criminalización de ciudadanos que no se encuentran cometiendo delitos, a lo que suma vigilancia, amenazas y agresiones contra defensores de derechos y periodistas. Mientras tanto, dice su informe, el Gobierno se ha excedido en la aplicación de estados de emergencia para, por medio del uso de la fuerza policial, vulnerar derechos humanos.

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Sobre esta situación, David Lovatón, peruano y director del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del DPLF, destaca un grave hecho ocurrido el sábado 21 de enero, después de la llamada “Toma de Lima”, cuando manifestantes, principalmente del Sur del país, se congregaron en la capital para hacer eco de sus pedidos antes su nación y ante el mundo. No obstante, y mientras algunas personas se resguardaban en la universidad pública de San Marcos (algunas versiones dicen que se la tomaron el día anterior), las fuerzas policiales “ingresaron al recinto, se lo tomaron a sangre y fuego y detuvieron a decenas de personas que no habían cometido ningún delito”.

Entretanto, el medio peruano Ojo Público recopiló los reportes del Ministerio del Interior y encontró que durante los primeros dos meses de protestas fueron detenidas 743 personas, y sólo 27 fueron condenadas por actos vandálicos. El mismo medio pudo acceder a las necropsias e informes balísticos de quienes han fallecido en medio de las manifestaciones, y ha podido corroborar que durante estas jornadas ha habido uso de armas de guerra (fusiles) y otras letales (pistolas) por parte de las fuerzas del orden. 

Detrás de la cara de la violencia policial, también hay otras. Katya Salazar afirma que es preocupante que en los análisis y entre la opinión pública se privilegie una narrativa centrada en los ataques por parte de la fuerza policial, cuando es un hecho que también ha habido decenas de muertos y heridos en esa institución. “La policía en el Perú es muy desigual: en las regiones, sus miembros no tienen cómo protegerse. Cómo le exiges a esa gente que, en esas condiciones, respeten estándares internacionales. Pero además esa gente es la misma que hoy protesta en la misma zona”, dice la directora del DPLF, y agrega que hay que ampliar la narrativa para llegar más lejos en la comprensión y poner reflectores sobre otros problemas estructurales muy importantes.

Ahora bien, sobre las jornadas de protesta, Lovatón menciona que cuatro son las demandas de los manifestantes, la mayoría seguidores de Castillo: la renuncia de Boluarte, una nueva junta directiva en el Congreso, el adelanto de las elecciones y una asamblea constituyente. Sin embargo, de fondo, lo que se ha levantado es Lima (representado por el gobierno de turno) versus el resto del país: “el indígena, el campesino, el de la clase media de las ciudades andinas que cuando va a la capital es un serrano”.

Las salidas

¿Sería el adelanto de las elecciones en Perú una fórmula suficiente para salir de la crisis? Para Katya Salazar, no lo es, pues hoy el país carece de figuras de liderazgo visibles que tengan las habilidades y experiencia para mejorar el panorama. De hecho, la actual presidenta, que está por orden lógico tras la destitución de Castillo, tuvo un buen comienzo: habla quechua en un país que es a la vez racista y multicultural, tuvo el apoyo de la comunidad internacional y se rodeó de tecnócratas, pero en el camino, muy apoyada por las fuerzas armadas y la derecha parlamentaria, fue perdiendo su legitimidad con algunos sectores de las protestas, que a propósito tampoco tienen líderes claros. 

En una entrevista concedida a la periodista Nelly Luna, el historiador peruano José Luis Rénique menciona que, si se compara lo de su país con lo que ha ocurrido en otros, “el Perú está sembrando infiernos peores”, pues los problemas que desencadenaron esta crisis son estructurales y no parecen tener una solución pronto: “El nuevo gobierno, el nuevo Congreso, probablemente va a tener las mismas características o peores que lo que hemos tenido hasta ahora y el conflicto político va a volver. Si nosotros no entendemos que el problema pasa por desarrollar una conducta diferente en el país en erupción en que vivimos, vamos a seguir repitiendo lo que hemos hecho en estos dos miserables meses, dos meses nada más que nos han costado tantas vidas y tanta angustia”. 

Es por ello que la cohesión de la sociedad civil y la academia peruana puede ser importante, si se miran las múltiples aristas del problema que hoy vive el país: desde lo estructural, hasta los últimos hechos. La comunidad internacional también será clave. El llamado a una misión de organizaciones internacionales que haga una visita y un reporte de lo que sucede en Perú podría dar más claridad, lo mismo un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a convocar a un GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que haga una labor similar, algo que, según Salazar, sería muy valioso para el Perú, pues la Fiscalía de ese país ya está teniendo muchas presiones y poca capacidad interna para investigar.