Desde junio, cuando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dio a conocer los primeros resultados de su investigación sobre el conflicto armado colombiano, en Dejusticia comenzamos a hacer una lectura reflexiva sobre los capítulos, con el ánimo de entender estos hallazgos y de contribuir a que la sociedad colombiana haga lo mismo.

Es por ello que durante los próximos meses estaremos compartiendo en nuestra página web y en redes sociales los apuntes sobre nuestras lecturas del Informe Final. Si usted quiere compartir esta información en sus entornos laborales, familiares, académicos o informativos, le invitamos a hacerlo con el hashtag #ElLegadoVive.

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En esta segunda entrega analizamos el capítulo de Violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, del tomo de ‘Hallazgos y recomendaciones’. Encuentre este capítulo en las páginas “121-182” del tomo de Hallazgos y recomendaciones. Las ideas aquí resaltadas tienen vocación pedagógica y no resumen la totalidad del volumen. 

 

¿Cuáles son las principales ideas del capítulo?

El capítulo presenta hallazgos sobre 16 violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario: homicidios (masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos) y atentados al derecho a la vida; desaparición forzada; secuestro; torturas; detenciones arbitrarias; violencias sexuales; amenazas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; trabajo forzoso; extorsión; ataques indiscriminados; ataques a bienes protegidos; desplazamiento forzado; confinamiento; despojo y pillaje.

De este repaso, destacamos los siguientes datos presentados por la Comisión de la Verdad (CEV):

• Las principales víctimas del conflicto armado colombiano fueron personas civiles.
• Entre 1985 y 2018 más de 450.000 personas perdieron la vida por el conflicto armado.
• Según la CEV, los paramilitares son los mayores responsables de homicidios: 205.000 víctimas, correspondientes al 45% del total. 
• Entre 1958 y 2019 se registraron 4.237 masacres en el país, que cobraron la vida de 24.600 personas.
• Entre 1985 y 2016 alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente.
• A la fecha no hay cifras oficiales sobre detenciones arbitrarias. Las que se encuentran disponibles las ofrecen organizaciones no gubernamentales como el CINEP, el MOVICE y la CCJ.
• Entre 1990 y 2018 aproximadamente 50.770 personas fueron víctimas de secuestro o toma de rehenes. El mayor responsable fue las FARC-EP, con el 40% del total de los casos.
• La CEV registró en su ejercicio de escucha 824 hechos de extorsión entre 1985 y 2019.
• La CEV en su proceso de escucha documentó 2.589 hechos de tortura, comparados con los 7.571 del Registro Único de Víctimas.
• La CEV registró 751 hechos de pillaje o apropiación de bienes muebles.
• Existe un gran subregistro de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. El Registro Único de Víctimas da cuenta de 32.446 casos, pero la CEV supone que son muchos más a partir de los testimonios recolectados.
• Entre 1990 y 2017 se registraron 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la mayoría por las FARC-EP. La CEV estima que el universo total de personas reclutadas ilícitamente se acerca a las 30.000 víctimas.
• Las minas antipersonales afectaron a 4.884 civiles y a 7.286 miembros de la Fuerza Pública. Aproximadamente el 20% de las víctimas de las minas fallece. El impacto en el proyecto de vida y en la salud de los sobrevivientes es gigante.
• Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2021 se registraron 21.197 ataques a bienes protegidos.
• Los datos de la CEV indican que entre 1985 y 2019 hubo 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado. La base de datos del Registro Único de Víctimas contempla 8.273.562 a 2022.
• La CEV registró 807 hechos de confinamiento de comunidades.

 

¿Qué concluye el capítulo?

Según la CEV, las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública son responsables del universo de víctimas, pero la responsabilidad del Estado en el conflicto armado se da por acción (participación directa en violaciones graves a los derechos humanos) y por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones.

 

¿Cuáles son nuestras reflexiones sobre el capítulo?

Los hallazgos de la CEV, en conjunto con la JEP y HRDAG, son el ejercicio institucional más completo por dar una dimensión cuantitativa de la violencia en el país, con distintas fuentes de información y un esfuerzo grande por hacer valer cada dato (es decir, cada víctima cuenta).