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En lo que va corrido de este año, 52 líderes sociales han sido asesinados, según cifras de la Defensoría del Pueblo. | Efe + Dejusticia

¿Qué pasó en la audiencia de líderes sociales y por qué es una buena noticia para #ElDerechoADefenderDerechos?

La audiencia pública virtual de la Corte Constitucional, en la que se expuso la situación de la población líder y defensora de derechos humanos, es un paso crucial para replantear las rutas estatales de protección que han sido ineficaces e insistir sobre la importancia de implementar las medidas de prevención y garantía contempladas en el Acuerdo Final de Paz.

Por: DejusticiaMay 16, 2022

La grave situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y la ineficacia de las rutas de protección fueron algunos de los llamados que los accionantes y algunas organizaciones civiles llevamos ante la Corte Constitucional en la pasada audiencia pública de #ElDerechoADefenderDerechos.

Los accionantes fueron enfáticos en las sistemáticas vulneraciones de sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección del derecho a defender derechos y de los colectivos que integran.
En esta audiencia pública, además, se revisaron por parte de la Corte Constitucional las medidas legislativas, administrativas y presupuestarias adoptadas por el Gobierno en los últimos 4 años para implementar una política pública de seguridad eficaz.

Las organizaciones y accionantes participantes coincidimos en la urgencia de replantear las medidas existentes, teniendo en cuenta que, tras la audiencia, quedaron en evidencia la ineficacia de las mismas.

Los magistrados de la Corte Constitucional también llamaron la atención de organizaciones y entidades del Estado para que comenzaran a crear indicadores capaces de ilustrar qué tanto pueden los líderes y lideresas ejercer su derecho a defender derechos.

¿Por qué el Gobierno no ha cumplido con lo acordado en el Acuerdo Final de Paz?

Las intervenciones de las autoridades como de las organizaciones e instituciones intervinientes se refirieron al documento CONPES 4063 de 2021, “Política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social”, como al Plan de Acción Oportuna (PAO)

En la audiencia pública se evidenció que dichas políticas han sido instrumentos ineficaces para la protección de los líderes y lideresas sociales en el país, pues después de tres años de la implementación del PAO, la seguridad y los derechos de los líderes no han tenido ninguna mejora sustancial. Esto ha sido reconocido por el mismo Gobierno en el diagnóstico que hace de la situación y por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Igualmente, se advirtió que el Gobierno Nacional desatendió lo pactado en el Acuerdo Final de Paz (AFP) , lo cual es de obligatorio cumplimiento para las autoridades del Estado y además cumple con los parámetros constitucionales para garantizar el derecho a defender derechos.

En la audiencia, nuestro investigador Rodrigo Uprimny afirmó que los mecanismos implementados por el Gobierno no sólo no han dado resultados, sino que no cumplen con los estándares de una política que permita la defensa de los derechos de líderes y lideresas sociales.
“Cualquier política debe cumplir con ciertos estándares constitucionales: estar basada en el derecho a defender derechos, tener mecanismos de seguimiento a la implementación y contar con la participación de la sociedad civil”, expresó Rodrigo Uprimny, investigador y socio fundador de Dejusticia

Con él coincidió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP–: “El cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno Nacional ha sido cuando menos insuficiente y para los defensores de DDHH es una muestra de que la política del actual Gobierno está dirigida a un estancamiento de los programas”.
“Muchas de las medidas que se toman carecen de un análisis del contexto”, agregó durante su intervención el líder social Óscar Gerardo Salazar Muñoz. “Frente a la ineficacia de las medidas, hemos optado por implementar mecanismos de autoprotección”.

¿Y ahora qué sigue?

Después de esta audiencia pública, esperamos que la Corte Constitucional reconozca un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la vulneración masiva y generalizada de los derechos de líderes y lideresas sociales y dicte órdenes estructurales mediante las cuales se pueda atender la grave situación de violencia que los afecta. Bajo este marco, , tanto organizaciones de la sociedad civil como líderes y lideresas sociales tendremos la oportunidad de hacer seguimiento y participar en las acciones de las autoridades en relación con la garantía del derecho a defender derechos.

Algunas de nuestras conclusiones sobre esta audiencia pública son:

1. Hay un común acuerdo en que existe una violación masiva y generalizada del derecho a defender derechos de líderes y lideresas sociales en el país. En lo que va corrido de este año, 52 líderes sociales han sido asesinados, según cifras de la Defensoría del Pueblo. La labor de las personas defensoras de derechos sigue amenazada, a pesar de que cumplen un rol fundamental en la cohesión y en la resistencia de las comunidades.
Entre enero de 2016 y diciembre de 2021, la Defensoría del Pueblo identificó y registró a través del sistema de alertas tempranas 5060 conductas vulneratorias contra personas defensoras de DDHH en 547 municipios de Colombia.

“Desde el 2016 (con la firma del Acuerdo de paz) las cifras han venido aumentando y hoy se presentan alrededor de 100 asesinatos cada año”, dijo la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

2. Hay que reestructurar la UNP. La protección individual de personas defensoras tiene peligrosas fallas.
Reiteramos que #ElDerechoADefenderDerechos está muy relacionado con las órdenes estructurales que se dicten para garantizar este ejercicio. Entre ellas, por ejemplo, se espera una reestructuración de la UNP en el que la seguridad de los líderes y lideresas deje de ser militarizada –pues esta militarización los pone en riesgo– y se pase a un enfoque de seguridad humana.

Además, insistimos en que es necesario que se establezcan planes para implementar acciones reales de protección colectiva en las comunidades.

Lourdes Castro García, coordinadora del programa Somos Defensores, mencionó que algunas de estas fallas y retrocesos de la UNP tienen que ver con la lentitud de procedimientos en la gestión de la ruta y en el otorgamiento de las medidas. Estas medidas, además de lentas, son insuficientes: se otorgan celulares en zonas de escasa cobertura o botones de pánico en zonas de difícil acceso. En promedio, dijo Castro, el ciclo del trámite puede durar siete meses.

3. Esperamos que la Corte Constitucional dicte un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Así, diferentes instituciones del Estado (como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la UNP, el Ministerio de Hacienda) tendrían que actuar en pro de un objetivo común: la protección del derecho a defender derechos y de los derechos fundamentales de los lídereses y lideresas sociales. Lo anterior, a través del cumplimiento de las garantías del Acuerdo Final de Paz.
La declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional es un paso crucial para que sean adoptadas medidas de fondo.

4. Quedaron varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, una de estas preguntas es por qué la UNP acude a la subcontratación de empresas de seguridad privada para la protección de líderes sociales. Desde Dejusticia hacemos un llamado a la transparencia y a atender estos vacíos de información que pueden convertirse, más tarde, en graves amenazas a la vida de las personas defensoras de derechos.

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