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Hay una gran diferencia entre los alimentos propios de la región y los que las familias reciben a través de los programas de atención alimentaria. | Paula Thomas

¿Qué recomiendan los y las expertas para garantizar el derecho a la alimentación en La Guajira?

Resumimos algunas de las recomendaciones de Gloria Pinzón, experta en alimentación invitada por la Corte Constitucional a la zona en 2021.

Por: March 9, 2022

Hace más de cinco meses la Corte Constitucional visitó seis comunidades de La Guajira para verificar cómo va la implementación de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hambre de la población wayúu. 

El 24 de septiembre de 2021, en una jornada de casi diez horas, el pueblo wayúu le mostró su realidad a la Corte Constitucional, mientras las entidades del Estado se dedicaron a defenderse. Sin embargo, hasta hoy la Corte no se ha pronunciado sobre los hallazgos de la visita. 

Junto a los magistrados, varios expertos y expertas verificaron la situación en terreno y emitieron unas recomendaciones en materia de alimentación, salud y agua potable. Desde Dejusticia participamos invitados por la Corte en calidad de expertos constitucionales. 

Desde ese 24 de septiembre, 19 niños y niñas menores de cinco años han muerto en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición, según el Instituto Nacional de Salud. Queremos destacar los principales hallazgos y recomendaciones de los expertos y expertas, con el fin de invitar a la Corte Constitucional a pronunciarse pronto frente a esta crítica situación.

Estos son los principales hallazgos y recomendaciones de Gloria Yaneth Pinzón, experta en materia de alimentación.

Hallazgos

  • Se observaron niñas y niños en riesgo de desnutrición aguda y con enfermedades de la piel. Sin embargo, no fue posible hacer un diagnóstico  de su estado nutricional pues no había los equipos ni el tiempo necesario para realizarlo.
  • Se presentó una queja constante sobre la reducción del número de alimentos entregados desde que inició la pandemia. La comunidad no se explica la razón de esta reducción y en la visita no se tuvo respuesta por parte de las funcionarias del ICBF. 
  • También se escucharon denuncias de que no hay concertación con las comunidades sobre los alimentos que entrega el ICBF.
  • En los paquetes alimentarios hay presencia de productos comestibles ultraprocesados (o comida chatarra), como las fórmulas infantiles y el cereal infantil instantáneo.
  • Preocupa el hecho de que el ICBF no conocía la existencia de una de las comunidades que se visitaron, el asentamiento 3 de abril, a pesar de que existe hace siete años.
  • Hay una gran diferencia entre los alimentos propios de la región y los que las familias reciben a través de los programas de atención alimentaria.
  • Para la experta, “a pesar de que estos programas de atención alimentaria se proponen aportar alimentos con alto valor nutricional, no dejan de ser programas asistencialistas que intentan resolver el problema de hambre en el corto plazo, limitan la posibilidad de mantener el sistema alimentario tradicional de la población Wayúu y además generan una dependencia alimentaria”. 

Lee también: Crónica ‘La lucha contra el hambre wayúu en cinco escenas’

Recomendaciones

  • Aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria. Las Unidades Comunitarias de Atención (UCAs), que son en muchas ocasiones el único lugar donde los niños de 0 a 5 años tienen la posibilidad de comer en el día, solo atienden al 34% de los menores en Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia. Así lo ha comprobado la veeduría ciudadana sentencia T-302/17.
  • Generar programas y proyectos que reactiven la producción de alimentos locales que promuevan la soberanía alimentaria del pueblo Wayúu.
  • Implementar acciones para lograr la inserción de la población wayúu en mercados laborales y comerciales, bajo condiciones que protejan sus prácticas y costumbres ancestrales. 
  • Formular de manera urgente un plan para la superación del estado de cosas inconstitucional con metas a corto, mediano y largo plazo. En él deben participar activamente los líderes y autoridades tradicionales de las comunidades wayúu.
  • Generar estudios más precisos sobre las implicaciones que tiene alimentarse en los territorios étnicos. Esto como punto de partida para impulsar las prácticas alimentarias de los pueblos indígenas. 
  • Complementar la visita realizada con una que permita obtener información más detallada sobre el estado nutricional de los niños y niñas. Esto permitirá comparar los indicadores básicos de nutrición infantil contemplados en la sentencia. 
  • Incluir a las comunidades étnicas y campesinas en la Comisión intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional (Cisan), el espacio donde se toman decisiones sobre la política de seguridad alimentaria del país. 
  • Abstenerse de entregar e impedir que actores privados entreguen productos ultraprocesados (comida chatarra) en sus acciones de intervención territorial. La alimentación que se distribuya debe ser sostenible, pertinente culturalmente, suficiente y basada en alimentos reales. 

Lee también: Recomendaciones de Dejusticia para el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017

 

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