Es un alivio que en Colombia todas las entidades públicas, los organismos autónomos y de control, las personas que prestan función pública e incluso los partidos y movimientos políticos estén obligadas, con excepciones como los casos de defensa y seguridad nacional, a divulgar todos los documentos y archivos relacionados con la actividad estatal y el interés público.

Así lo contempla la Ley 1712, la de Transparencia y Acceso a Información Pública, y advierte que si incluso la ciudadanía no lo solicita de forma expresa, las entidades y los funcionarios deberían, de forma voluntaria, rutinaria, proactiva y comprensible, ser un libro abierto con su información.

Lo anterior significa, por ejemplo, que en los sitios web de cada ministerio, alcaldía o corporación autónoma regional deberían estar claros y al alcance de todas y todos los interesados, los datos de cada acción que emprendan, sus decisiones sobre el presupuesto, las hojas de vida de sus funcionarios, etcétera.

Al menos en el papel, estas acciones sí que pueden ser una ruta para construir una cultura de la transparencia en el sector público colombiano. Pero, ¿ocurre en la realidad?

Saberlo de forma amplia y sistemática no es sencillo. La Procuraduría General de la Nación, encargada de velar por el cumplimiento de la Ley 1712, tendría que revisar página por página de la enciclopedia informativa que construyen a diario las miles de entidades públicas y sus funcionarios en todo el país.

Esa responsabilidad suena utópica para un país con la extensión y complejidades de Colombia. Sin embargo, la tecnología puede acercarnos. Con esa idea, el equipo de la línea de Transparencia, Tecnología y Derechos Humanos de Dejusticia creó una herramienta digital capaz de evaluar las obligaciones de transparencia de 3.200 dominios de entidades públicas.

Además, por medio de recomendaciones, la herramienta dice exactamente qué acciones concretas pueden realizar las entidad públicas para garantizar la efectiva transparencia activa, una de las formas establece la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Información Pública para que haya disponibilidad de información en todas las páginas web de quienes deben cumplir con esta legislación.

¿Cómo funciona MOTA?

Con solo un click, la herramienta MOTA (Monitoreo de Obligaciones de Transparencia Activa) permite a ciudadanas y ciudadanos inquietos, organizaciones que promueven la transparencia, periodistas y a las mismas instituciones medir qué tanto están cumpliendo las entidades públicas lo que les pide la Ley 1712 en cuanto a disponibilidad, nivel de detalle y calidad de la información de interés en sus páginas web.

Una vez usted ingresa en la barra buscadora de MOTA la página web de la entidad pública que quiere analizar, como una especie de semáforo, nuestra herramienta clasifica la evaluación en cuatro colores, cada uno con un significado y un puntaje de 0 a 100, donde 100 es muy bueno.

El verde, que puntea entre 80 y 100, significa que hay conformidad con las obligaciones de transparencia; el amarillo, que puntea de 50 a 79, da cuenta de que el nivel de conformidad es parcial; el naranja, que puntea entre 20 y 49 puntos, muestra que el nivel de conformidad es insuficiente, y el gris indica  incumplimiento de las obligaciones, con un puntaje de entre 0 y 19.

A su vez, clasificamos cada criterio como ‘obligación’ o ‘recomendación’. El primero significa que el criterio de evaluación es obligatorio y debe ser implementado, pués es requerido de acuerdo con el marco legal colombiano.

Mientras que el segundo significa que el criterio es opcional, y la entidad pública debería implementarlo para que: el acceso y la comprensión de la información sean efectivos y se mejore la experiencia del usuario, en especial de aquellos con discapacidades físicas, cognitivas y neuronales, o con condiciones técnicas y económicas que les restringen el acceso.

¿Qué mide MOTA?

Así las cosas, cuando usted ingresa el link, le aparecerá una calificación general de la entidad y un análisis más detallado de 48 categorías  de análisis (entre obligatorias y recomendaciones), divididas en cuatro grandes temas:

1. Disponibilidad de acceso al sitio web de la entidad, que contiene preguntas como: ¿es gratuito?, ¿pide contraseñas?, ¿es de fácil uso para personas con discapacidades físicas o cognitivas?, ¿tienen conexiones rápidas y dispositivos de alta capacidad?

2. También indaga sobre la información mínima obligatoria de la estructura de la entidad, es decir, si está claro el organiframa, las funciones y deberes de sus funcionarios, el horario de atención al público, el presupuesto general, los planes de gasto, las escalas salariales, contratos, manuales, etcétera.

3. En un tercer aspecto, MOTA evalúa la información mínima obligatoria respecto a los servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad: ¿qué trámites permite?, ¿cómo toma sus decisiones?, ¿qué ofrece en cuanto mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas, denuncias y reclamos por parte de la ciudadanía?, ¿están sus informes de rendición de cuentas?, ¿aparece claro un correo electrónico para notificaciones judiciales?

4. Por último, MOTA mide la disponibilidad de los instrumentos de gestión de la información pública de la entidad, como las respuestas a solicitudes de acceso a información pública anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014.

¿Qué puede hacer con MOTA?

Desde Dejusticia pusimos a prueba la funcionalidad de MOTA analizando la disponibilidad y la calidad de acceso a la información pública de los sitios web de 32 entidades del Estado. Los resultados los pueden encontrar en la primera edición de la revista Destápate, pero aquí le adelantamos algunas de las conclusiones.

De la totalidad de entidades analizadas en una escala sobre 100 puntos, el puntaje más alto obtenido fue de 50 puntos. El resto de sitios analizados no llegó siquiera a los 36 puntos, siendo 25,8 el puntaje promedio obtenido por todas las entidades analizadas.

MOTA también detectó prácticas que dificultan el verdadero acceso a la información. Por ejemplo, cada entidad pública da la información como le parece, obligando a que el usuario deba “aprender” a navegar en cada sitio web.  Todo esto, a pesar de que el Departamento Administrativo de la Función Pública ofrece modelos y el Archivo General de La Nación ofrece capacitación para la gestión de la información.

En análisis de este tipo pueden avanzar periodistas, ciudadanas y ciudadanos inquietos y hasta las mismas entidades públicas en un acto de autoevaluación. La transparencia es una construcción colectiva.