El primer cambio estructural que buscará el gobierno de Gustavo Petro será en materia de impuestos. Así lo dejó ver el pasado 8 de agosto al radicar el anunciado proyecto de reforma tributaria “para la igualdad y la justicia social”. 

Desde Dejusticia queremos explicar por qué es importante una reforma estructural en este momento y qué tipo de impuestos necesita el país. Nuestra posición se basa en los 15 principios de derechos humanos en la política fiscal que hemos promovido varias organizaciones de la sociedad civil y que busca alinear la política fiscal con los Derechos Humanos.

En línea con estos principios, consideramos que la política fiscal debe, entre otras, ser socialmente justa, ambientalmente sostenible y transparente. También debe desincentivar las conductas nocivas, eliminar las discriminaciones y movilizar el máximo de los recursos para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

¿Por qué otra reforma tributaria?

Colombia necesita de manera urgente una reforma tributaria estructural para corregir al menos tres problemas de nuestro sistema tributario:

• El recaudo actual es muy bajo: el recaudo tributario de Colombia es menor al promedio de América Latina y el Caribe, lo cual no es suficiente para garantizar los derechos consignados en la Constitución. Colombia recauda el 18,7% de su PIB en impuestos, mientras el promedio de países de América Latina recaudan el 22% y el promedio de la OCDE, el 33,5%. Así lo demostró el informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe del 2022, publicado por la OCDE y la Cepal, entre otros. Esto va en contravía del principio fiscal número 10, según el cual  “los Estados deben movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
• Reproduce desigualdades: para lograr que una política fiscal sea socialmente justa se necesita un sistema progresivo y equitativo, es decir, donde quienes tienen más paguen más y donde las personas y empresas con ingresos y características similares paguen lo mismo. Eso hoy no ocurre en Colombia, lo cual va en contravía del principio fiscal número 3, según el cual “los Estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa”.

La cantidad de privilegios fiscales injustificados hace que el 1% más rico del país pague en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población, y que personas con el mismo nivel de ingresos paguen tarifas muy distintas dependiendo de si su fuente de ingresos son laborales o de capital. 

En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta. Esto ocurre ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a beneficios tributarios al que solo ciertas empresas tienen la capacidad o posibilidad de recurrir (por ejemplo, la hotelería, la economía naranja o las megainversiones).

• Es complejo y casi inaccesible: Hoy existen más de 250 beneficios tributarios, lo que supone demasiadas excepciones a la regla que terminan complicando el sistema. Esto tiene dos consecuencias: por un lado, facilita la evasión y la elusión porque hay muchas zonas grises y huecos por donde saltarse la norma. Por otro lado, hacen que el sistema sea casi inaccesible para la mayoría de la ciudadanía y para las empresas más pequeñas. Esto, además, dificulta la aplicación del principio fiscal 7, según el cual “la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas”.

A esto se suma un motivo coyuntural: la pandemia agravó la pobreza y la desigualdad en el país. Hoy, el 39,3% de la población vive bajo la línea de pobreza y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini es del 0,52 (donde 0 es igualdad perfecta y 1 es lo más desigual), uno de los más altos de la región y del mundo. Esto hace aún más necesario que el Estado aumente su recaudo para poder invertir en gasto social y así contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad. 

Además, una reforma tributaria podría ayudar a desincentivar prácticas nocivas con la salud y el medio ambiente, como el consumo de bebidas endulzadas, los plásticos de un solo uso o las emisiones de carbono.

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¿Qué tipo de impuestos necesitamos?

Necesitamos una política fiscal justa, que redistribuya la riqueza del país y que ayude a corregir fallas del mercado. Estos son algunos cambios que pueden contribuir a ese objetivo: 

• Impuestos progresivos: entre mayores sean los ingresos o el patrimonio, mayor debe ser el porcentaje de impuestos que se pagan. Esto se puede lograr aumentando los impuestos directos (como renta o patrimonio) a las personas más ricas, lo cual contribuiría a cumplir con el principio fiscal número 3 (“los Estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa”).
• Eliminar beneficios tributarios injustificados: los beneficios tributarios reducen la progresividad y equidad del sistema tributario y, además, lo hacen más complejo. Hoy, dos empresas muy distintas en tamaño y en ganancias podrían pagar los mismos impuestos por cuenta de los beneficios tributarios como las zonas francas o las exenciones a la economía naranja. De igual modo, las personas de mayores ingresos suelen acceder a mayores beneficios tributarios que las personas de más bajos ingresos. Esto también va en contravía del principio número 3. 
• Impuestos a las iglesias: desde los años 70, las iglesias y congregaciones religiosas están exentas de pagar impuestos en Colombia. Esto no solo desconoce los principios del Estado laico, sino que supone una reducción de recursos públicos, como lo explicamos en el artículo Iglesias, impuestos y gasto público: las grietas económicas del Estado laico en Colombia. Los beneficios tributarios a las iglesias, en la práctica, implican un tratamiento preferencial a los creyentes y practicantes.
• Impuestos saludables: un impuesto a las bebidas endulzadas no solo llevaría a recaudar cerca de 1 billón de pesos al año, sino que además contribuiría a la reducción de enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso, especialmente entre los sectores más pobres de la población. Como explicamos en el documento Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea a favor de la salud pública, “estimaciones realizadas para el contexto nacional sostienen que un impuesto del 24% a estos productos tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5 % a un 10 %, y en los hogares de ingresos medios entre 5 % y 8 %”. Al menos 43 países han implementado este tipo de impuesto. También se podría aumentar el actual impuesto al tabaco. 

Este tipo de impuestos están alineados  con el principio fiscal número 12. Según este principio “los Estados están facultados, y en ocasiones obligados, a incentivar o desincentivar conductas y corregir externalidades mediante instrumentos específicos de política fiscal, y a adoptar medidas fiscales prioritarias para garantizar los derechos humanos”. 

• Impuestos verdes: aumentar la tarifa del impuesto al carbono o crear un impuesto a los plásticos de un solo uso son ejemplos de cómo Colombia podría contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente. Al igual que en el caso de los impuestos saludables, este tipo de impuestos también contribuyen a garantizar el cumplimiento del principio fiscal número 12.

 

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