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¿Quién debe pagar más impuestos en posconflicto?

Andrés Castro
diciembre 5, 2016

Publicado en: Pacifista

El gobierno se ha esforzado por mantener separadas las discusiones sobre el Acuerdo de Paz y la reforma tributaria: dice que con o sin Acuerdo, la reforma es necesaria para tapar el enorme hueco fiscal que dejó la caída en los precios del petróleo y otros recursos naturales.

 

El plan era presentar la reforma tributaria después de que ganara el Sí en el plebiscito y dejar las discusiones “técnicas” para después de que se hubiesen solucionado las discusiones “políticas”. Pero quizás esto fue un error por parte del gobierno. Quizás si ambas discusiones se dieran al mismo tiempo, tendríamos como resultado una reforma más progresiva; es decir, una reforma en donde los impuestos recaen en mayor proporción sobre las personas de mayores recursos.

Estudios recientes han logrado demostrar convincentemente que la progresividad de los sistemas tributarios suele estar asociada a los episodios de guerra más que a cualquier otra cosai. Un estudio de Juliana Londoño asegura incluso que la progresividad de los impuestos de los países de la OCDE es el producto histórico de las exigencias de la guerra y la posguerra. Esto se debe a que –más allá de que las guerras sean costosas y necesitan financiarse con impuestos– las guerras crean un ambiente político caracterizado por sentimientos de solidaridad y sacrificio compartido. Y si los sacrificios de la guerra recaen desproporcionadamente sobre los más pobres, de repente tiene mucho sentido que sean los más ricos quienes contribuyan con mayores impuestos. En otras palabras, los episodios de guerra y posguerra hacen que las nociones de justicia correctiva y justicia tributaria se entremezclen.

En el caso de Colombia estaríamos hablando del enorme sacrificio de las familias colombianas que proporcionaron la enorme mayoría de combatientes caídos, pero también de víctimas de desplazamiento, minas antipersonal, desaparición forzada y un largo etcétera de hechos atroces.

La siguiente tabla muestra una pequeña, pero importante parte de este desigual sacrificio:

Tabla 1. Relación entre el número de soldados incorporados para prestar el servicio militar obligatorio en el año 2013 y el estrato socioeconómico al que pertenecen

Fuente: Defensoría del Pueblo (2014).

 

De acuerdo a esta tabla, es claro que alrededor del 98% de los soldados colombianos viene de familias de escasos recursos. Y la conscripción de estos jóvenes ha beneficiado especialmente a los grandes propietarias que lograron prosperar a pesar de la guerra. Así que lo justo sería que ese sacrificio sea recompensado de alguna manera y que ese principio de solidaridad se extienda también a las víctimas.

Ahora, si miramos el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno veremos que –a pesar de sus muchas virtudes– es una propuesta fundamentalmente regresiva. Es una propuesta inspirada especialmente en la noción de competitividad, que suele ser invocada “para justificar la reducción de la carga tributaria sobre los negocios, o sobre las utilidades y la riqueza, a niveles inferiores o por lo menos similares a los existentes en otros países considerados competidores”. De manera que el resultado es una reducción de los impuestos a la renta y un aumento de los impuestos al consumo. Así como están las cosas, el gobierno le apunta a recaudar 67 billones de pesos adicionales en IVA e impuesto al consumo para el periodo de 2017-2022; y disminuir el recaudo del impuesto a la renta en 280 mil millones de pesos en el mismo periodo. En otras palabras, es una reforma que afecta en mayor proporción a las personas de menos recursos porque recae principalmente sobre el consumo. ¿Por qué, entonces, tenemos una reforma tributaria que contradice los hallazgos de los estudios mencionados anteriormente?

Algunos dirán que el vínculo entre guerra y progresividad en los impuestos no puede existir en Colombia porque no somos comparables a los “países más desarrollados” y que en el mundo abundan ejemplos de países con experiencias similares a la nuestra en donde los impuestos son fundamentalmente regresivos. Por lo tanto, si el vínculo entre episodios de guerra y progresividad tributaria resultase cierto, entonces Colombia debería contar ya con un sistema tributario progresivo (lo cual no es cierto). Así que vínculo sólo podría existir en un pequeño grupo de países, al cual no pertenecemos; incluso aunque una de las mayores aspiraciones del presidente Santos sea entrar en la OCDE. Otros dirán que los países de la OCDE tuvieron guerras externas, mientras que la nuestra ha sido una guerra interna. Pero esto sólo significa que los colombianos más pobres han tenido que asumir incluso mayores costos a lo que fue habitual en estos países. Otros más dirán que nuestra guerra ha sido de “baja intensidad” y que eso de alguna manera la hace distinta; aunque ese es un reclamo que sólo pueden hacer quienes viven cómodamente en los centros urbanos.

Puede que estas explicaciones tengan algo de validez; hablar de explicaciones no es lo mismo que hablar de justificaciones. Nada de esto reemplaza el hecho de que en este país los costos de la guerra han sido repartidos de una manera extremadamente desigual; y que estas cargas han recaído principalmente sobre las mismas personas que también pagarán la reforma tributaria que propone el gobierno. En otras partes del mundo, la repartición desigual de los sacrificios de la guerra ha llevado a reformas tributarias progresivas, pero en Colombia no es así. Así que es momento de explorar principios de justicia tributaria más acordes al propósito de cerrar el capítulo de la guerra.

Vale la pena recordar, como dijo Thomas Paine, que la acumulación de riqueza sólo es posible viviendo en sociedad; y que, por lo tanto, a quienes más han logrado acumular riquezas les corresponde devolver parte de esa riqueza como gesto de gratitud y como acto de justicia.

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