Al sesgo político y las cruzadas personales del Procurador, se suma ahora una interpretación errónea y peligrosa de los deberes de los funcionarios públicos, que los deja al arbitrio de Ordóñez.

Pero en lugar de enfocarnos en la Procuraduría, les propongo que miremos el problema desde el punto de vista de los funcionarios que corren riesgos para cumplir su deber. No sólo el Superfinanciero, sino el competente director de la DIAN, que enfrenta con valentía las mafias dentro y fuera de la institución; el Superintendente de Salud, que denunció a los congresistas que tenían el sector como botín; la exdirectora del Incoder, que atajó las compras fraudulentas de tierras de empresarios de la agroindustria; y muchos otros funcionarios anónimos y honestos que arriesgan carrera y pellejo.

El mensaje que reciben es claro: hay que hacer lo mínimo para no meterse en líos. Mejor aún, hay que dedicarse a otros oficios, y dejarle el Estado a la clase política.

El mensaje viene de dos frentes. De un lado está el legalismo excesivo, que pierde de vista que las decisiones de política pública no son en blanco y negro. Con frecuencia, existen varias alternativas de política razonables, la información disponible es incompleta y las opciones ideales no siempre son viables porque dependen de otras instituciones, como el Congreso. De ahí que los altos funcionarios (como todos los administradores) necesiten un margen de discrecionalidad para decidir. De ahí también que no se les puede juzgar sólo por haber tomado una opción distinta a la que prefiere quien los juzga. Si actuaron con diligencia y siguieron los procedimientos legales, no deberían temer una sanción.

Por eso la interpretación de la Procuraduría es perniciosa, tanto en el caso del Superfinanciero como en el de la posible destitución del alcalde Petro por el contrato de las basuras. Por razones de coherencia, si uno critica la actuación del Procurador en el caso del Superintendente –como lo han hecho el Presidente y varios ministros y columnistas— debería también hacerlo en el proceso contra Petro, aunque no le guste la política, o las políticas de uno u otro.

La otra fuente del mensaje disuasivo contra los funcionarios es política. Una marcada corriente antigobierno (cualquier gobierno) se encuentra en los polos del espectro: por derecha, se critica cualquier intervención estatal en la economía; por izquierda, se reprocha que los cambios que no sean radicales. Entre los dos extremos quedan aprisionados los intentos de reforma que contradicen a sectores poderosos para proteger el interés público, como lo hace la nueva política de control de precios de los medicamentos.

En ese dilema está la reforma a la salud en general. La oposición al proyecto reúne a sectores opuestos. Piden archivarlo las EPS y el lobby farmacéutico para no perder el negocio. Pero se unen a ellos los congresistas del Polo que quieren un cambio de modelo. El resultado es que el bloqueo de una reforma que, aunque imperfecta, es un avance importante en la protección del derecho a la salud y quizás la mejor que se puede aprobar en el Congreso en mucho tiempo.

Necesitamos que los mejores profesionales lleguen al Estado. Abogados destacados que quieran ser jueces, biólogos y geólogos de primer nivel que refuercen el desvencijado Ministerio de Ambiente, sociólogos excepcionales para el DANE, más y mejores economistas en el Ministerio de Hacienda. Pero con esos vientos en contra, ¿quién quiere ser funcionario?

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