Se ha celebrado con razón el nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Salud. Pero nadie ha preguntado por qué su antecesora, Beatriz Londoño, duró apenas siete meses en el cargo.

¿Quiénes se molestaron con las valientes decisiones de la exministra? ¿Por qué Londoño —experta en salud que se rodeó de un equipo técnico de lujo— fue sacada por la puerta de atrás en un momento clave para la solución del mayor problema social del país?
Los medios se han quedado con la versión oficial: un relevo de rutina, un recambio en el equipo. Pero bastan una pizca de suspicacia e información para pensar que Londoño salió porque pisó poderosos callos.
Los primeros adoloridos fueron las farmacéuticas internacionales. Desde el ministerio de Juan Luis Londoño, hace una década, nadie había tenido la independencia, honestidad y coraje para hacer lo que los estudios técnicos recomendaban para detener el desangre financiero del sistema: ponerles coto a los precios astronómicos que cobran esas compañías, que están muy por encima de los precios de países vecinos e incluso de países como España. Por ejemplo, cuando se comparan los precios colombianos y españoles de los medicamentos biotecnológicos (los más recobrados al Fosyga), se ve que el Estado pagó un sobreprecio de $668.431 millones entre 2008 y 2011, según cifras del Observatorio del Medicamento.
Para acabar el despilfarro, como viceministra, Londoño comenzó por imponer precios máximos de recobro e incorporó en el POS algunos de los medicamentos más demandados. Ya como titular, impulsó el Conpes sobre política farmacéutica y dejó listo un decreto sobre biotecnológicos que ofrece una solución intermedia entre los intereses de los productores internacionales y los de los fabricantes de genéricos. En estos temas hay tanto dinero en juego, que el costo político de enfrentar a la agresiva industria internacional puede ser prohibitivo: el Conpes que promueve el uso de genéricos fue aprobado en la víspera de la salida de la exministra, y el de biotecnológicos quedó pendiente.
Si el negocio de las farmacéuticas multinacionales se volvía menos jugoso con Londoño, el de las EPS corría serio peligro. La ministra había concluido, como muchos técnicos, que había demasiadas EPS pequeñas e ineficaces. También tenía claros los desmanes que habían cometido muchas en el carrusel de corrupción de la salud. Por ello, había anunciado medidas para mantener sólo las EPS viables y robustecer el sistema de vigilancia. No hay que ser un teórico de la conspiración para saber que el poderoso lobby de las EPS no estaba complacido.
Del otro lado del espectro económico e ideológico también se palpaban resentidos callos. Algunas asociaciones de médicos pidieron cambiar el actual sistema por otro sin intermediarios ni restricciones, en el que desaparezcan las EPS privadas y no haya límite a lo que pueden recetar los galenos. No tuvieron suerte con la exministra, que hizo la pregunta obvia sobre cómo se financiaría semejante sistema.
Los únicos que le pidieron al presidente mantener a Londoño en el cargo fueron los actores más pobres: los hospitales públicos. Pero los hospitales y sus pacientes no tienen un lobby tan poderoso como el de los antagonistas que fue coleccionando la funcionaria.
Esa es la lección que Londoño le deja a su sucesor. Para conjurar la crisis de la salud no bastan buenas propuestas técnicas, hace falta enfrentar los intereses económicos y políticos que se han tomado el sistema de salud.
Alejandro Gaviria tiene todas las credenciales técnicas para continuar la labor, y comenzó con pie derecho al darle prioridad al flujo de recursos para los hospitales públicos. Habrá que acompañar su gestión para que no asuma solo el costo de las decisiones duras que le esperan, como la firma del decreto sobre medicamentos biotecnológicos que Londoño dejó sobre su escritorio.